A cuestionados personajes políticos enredados en entramados de corrupción les sonrió el arranque de año. Resulta que gracias a las decisiones judiciales impulsadas por sus abogados recuperaron su libertad o quedaron en mejores condiciones para terminar de cumplir sus penas.
Uno de los casos más sonados, que hasta el propio Ministro de Justicia señaló, fue el del exsenador Arturo Char, procesado por los delitos de corrupción al sufragante y concierto para delinquir. La decisión de su libertad estuvo antecedida incluso por una pelea en la Corte Suprema entre los magistrados que llevan su caso, pues hubo un encontrón entre el magistrado Marco Antonio Rueda, quien se oponía a su salida de prisión, y la magistrada Cristina Lombana que envió una carta al juez sexto penal municipal de Santa Marta para que revocara la medida carcelaria por vencimiento de términos.
Originalmente la solicitud la interpuso la defensa de Char, en la que señalaron que pasaron los 120 días que estipula la ley para resolver su caso y eso no ocurrió, por lo que el juez Carlos Humberto Coy le concedió la libertad inmediata. El exsenador salió de la cárcel militar de Santa Marta el pasado 8 de enero sobre las 5:30 de la tarde.
Otro de los favorecidos por la justicia en este comienzo de año fue el exsenador Musa Besaile, a quien le otorgaron casa por cárcel el pasado 5 de enero. Besaile, condenado a 7 años de prisión por sus nexos con el paramilitarismo, salió rumbo a su casa luego de que el Juzgado 2 de Ejecución de Penas le diera ese beneficio. En este caso también fue la defensa del excongresista la que orquestó la decisión acudiendo al argumento de enfermedad grave.
Según la jueza Débora Acuña, Besaile había sufrido una crisis de salud cardiovascular en noviembre del año pasado, entonces contempló que en prisión no contaban con los equipos necesarios en caso de una urgencia y eso ya ponía en riesgo sus derechos fundamentales. El excongresista era un poderoso en el Caribe, pero en 2017 aceptó que pagó una coima de 2 mil millones de pesos al exfiscal anticorrupción Gustavo Moreno para que frenara un proceso en su contra por parapolítica.
El polémico empresario Carlos Mattos también recibió un giro inesperado en el proceso en su contra por paramilitarismo. A inicios de este mes, la Fiscalía cerró la investigación y ordenó redireccionar el caso hacia el paramilitar Luis Carlos Ávila por falso testimonio. Se trata de una denuncia contra Mattos y su hermano Edward, por supuestamente haber financiado grupos paramilitares y por la participación de una masacre en Codazzi, Cesar.
Como el proceso se llevaba bajo la Ley 600, fue el fiscal octavo especializado de Valledupar, Ronald Darío Calderón, el que tomó la iniciativa para ordenar la preclusión del caso y absolverlos de los delitos de concierto para delinquir, homicidio, desplazamiento forzado, desaparición forzada, secuestro, tráfico y porte de armas de fuego. Su decisión se basó en que había inconsistencias e insuficiencia probatoria. Contra Mattos hay otra investigación activa en la Fiscalía de Bogotá por supuestos nexos paramilitares.
A la matrona política del Caribe le dieron un polémico beneficio que ya la misma Fiscalía tiene en la mira. Se trata de Cielo Gnecco, la política y exprimera dama del Caribe, reconocida por ser parte de una de las familias más poderosas. Resulta que la también llamada “baronesa” es procesada por asesinato y secuestro de dos contratistas de la Gobernación de ese departamento quienes al parecer fueron presionados a pagar una coima para ganar la adjudicación de contratos.
Por esos hechos, el pasado 6 de octubre, la justicia emitió una orden de captura en su contra, pero desde ese momento nadie sabe del paradero de Gnecco. Al principio se rumoró de una evasión y luego llegó el aval final a su libertad que también fue auspiciada por una solicitud de la defensa. Fue la fiscal Nancy del Carmen Martínez, de Valledupar, la que revocó el pasado 31 de octubre esa orden de captura y de una vez levantó un proceso en la Fiscalía que ya la investiga por supuesta corrupción. En un comunicado, el ente investigador explicó que le pusieron la lupa a las “posibles irregularidades y extralimitaciones” en las que habría incurrido la fiscal.
