Según un informe de la Procuraduría, frente punto 1, relacionado con la Reforma Rural Integral, solo se ha cumplido el 0,65% de la meta de adjudicación. Además, los proyectos de inversión presentan avances inferiores al 25% y al 50%.
Pasados siete años de la firma del Acuerdo de Paz entre el Estado colombiano y la extinta guerrilla de las Farc, este martes la Procuraduría General alertó que persiste la baja ejecución de recursos para materializar lo pactado, en particular, los asociados a los compromisos en materia de género.
Según el ente de control, que insistió en que se sigue registrando un alto riesgo para el ejercicio de los liderazgos de las defensoras de derechos humanos, frente punto 1 del Acuerdo –que trata de la Reforma Rural Integral–, solo se ha cumplido el 0,65% de la meta de adjudicación que está planteada en tres millones de hectáreas. Además, solo se ha formalizado el 44,9% de los siete millones de hectáreas.
A ello se suma la falta de ejecución de proyectos por más de un billón de pesos del Presupuesto General de la Nación del año 2022, destinados a ese mismo punto del Acuerdo.
Por otro lado, frente al avance físico de proyectos de inversión, el órgano de control señaló que existen 184 proyectos por $2,06 billones y otros 109 por $1,4 billones que presentan avances inferiores al 25% y al 50%, respectivamente, los cuales deben recibir un mayor impulso para lograr mayores avances en su ejecución.
Por ello, elevó un llamado de atención a los alcaldes salientes de los municipios incluidos en el Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), “para que antes de terminar sus mandatos presenten sus informes de rendición de cuentas sobre la implementación de las iniciativas contempladas en el plan”.
La Procuraduría alertó también que se debe mejorar la atención en salud para viabilizar el programa de reincorporación a la vida civil de los firmantes del Acuerdo, especialmente para personas con condiciones de discapacidad, así como fortalecer los proyectos productivos para que los mismos tengan garantías de sostenibilidad y se incorpore el enfoque diferencial en la oferta educativa.
El organismo advirtió además que persiste el riesgo y afectaciones contra las personas en proceso de reincorporación, “por lo que se enfatiza la importancia de la reactivación y racionalización de todos los componentes del Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política -SISEP-”.
“Menos del 1% de las familias vinculadas al Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito han completado la ruta de atención, y solo un 2,4% tienen comprometida la totalidad de los $19 millones destinados para el desarrollo de sus proyectos productivos”, declaró el ente.
Por otro lado, la Procuraduría instó a que se apruebe el Plan Nacional de Acción en Derecho Humanos y que se presente la segunda parte del Plan de Búsqueda y la implementación de 29 planes regionales de búsqueda de personas dadas por desaparecidas. “Se debe priorizar la implementación y estabilización de la funcionalidad del sistema de información ‘Busquemos’, que permitirá consultar en qué se encuentran los procesos de búsqueda”.
Finalmente, la Procuraduría hizo un llamado al Gobierno Nacional para que el Comité de Seguimiento y Monitoreo a la Implementación de las Recomendaciones de la Comisión de la Verdad cuente “con los recursos necesarios para dar cumplimiento a sus funciones y, asimismo, pueda desplegar acciones de divulgación del Informe Final presentado por la misma comisión”.
Estas y otras alertas fueron presentadas en el quinto informe de seguimiento al Acuerdo, radicado ante al Congreso de la República.
