Entre los diversos escándalos que ha enfrentado el gobierno del presidente Gustavo Petro está el de los 40 carrotanques que fueron adquiridos para mejorar las condiciones de agua potable en La Guajira, pero que ya cumple seis meses parqueados en la base militar de Uribia.
El millonario contrato, según se supo después, fue el corazón de un entramado de corrupción, donde estuvieron implicados alrededor de 15 funcionarios y que le costó el cargo al director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
La punta del iceberg en este entramado se destapó por el contrato de 40 carrotanques para llevar agua a La Guajira, que costó 46.800 millones de pesos. Los carros terminaron parqueados y la contratación tuvo un sobrecosto de 7.700 millones de pesos, dinero que, precisamente, habría sido destinado para pagar sobornos.
Después de destaparse esta olla podrida, la Fiscalía General de la Nación y la Corte Suprema de Justicia empezaron a investigar a todos los involucrados en el presunto desvío de dinero que salió de los impuestos de los colombianos.
Los mencionados han sido Sandra Ortiz, exconsejera para las regiones que perdió su cargo por orden del presidente; Iván Name, presidente del Senado al que acusan de haber entregado 3.000 millones de pesos; Andrés Calle, presidente de la Cámara, que en la misma línea habría recibido 1.000 millones de pesos; José Luis Chagui, congresista de Cereté; el representante Manzur; el ministro Luis Fernando Velasco; y la actual cabeza de la Dirección Nacional de Inteligencia, Carlos Ramón González.
Incluso, la Procuraduría General de la Nación citó a declarar a Luis Eduardo López Rosero, el representante de Impoamericana Roger SAS, la empresa que ganó el contrato para comprar los 40 carrotanques. Su participación cumplió un papel fundamental en este entramado de corrupción.
Y aunque Olmedo López inició el proceso de colaboración con la justicia entregando más de 200 pruebas que ayudarían a esclarecer el entramado de corrupción que se tomó la entidad, aún no se tiene resultados contundentes sobre este caso.
Uno de los testimonios claves del exidrector de la Ungrd tiene que ver con los aparentes sobornos pagados al presidente del Senado, Iván Name y de la Cámara, Andrés Calle, por hasta 4.000 millones de pesos. También ha señalado al representante Wadith Manzur de recibir beneficios de la repartija.
