Antes de ser ejecutado, Ismael Enrique Arciniegas pudo hablar unos minutos con su hijo. “No es mucho lo que puedo decir por motivos de seguridad de mi familia, pero sí puedo decir que el flagelo del narcotráfico destruye familias”, dijo Juan José, hijo del Ismael, a través de su cuenta de Facebook.
Tras permanecer siete años preso en la ciudad de Guangzhou, China, el Tribunal Popular Superior condenó a Arciniegas a pena de muerte con inyección letal. Su crimen: introducir 4 kilos de droga al país asiático. Murió a los 72 años. Hace seis años su hermano, Luis Germán Arciniegas, murió en China por un derrame cerebral. Los dos estuvieron bajo custodia de las autoridades chinas por narcotráfico.
China inspira temor en los traficantes de droga. De acuerdo con datos de la Cancillería, 8.526 colombianos están presos por narcotráfico en el exterior. Mientras que en la mayoría de los casos reciben penas severas como la cadena perpetua, en China se ha consolidado la pena de muerte como sanción.
A la fecha, según la Cancillería, van 15 personas condenadas a pena de muerte en China, tres ya fueron ratificadas, dos están en espera de apelación y en 10 las autoridades otorgaron la suspensión de la sanción por dos años.
El mismo viceministro de Asuntos Multilaterales, Francisco Echeverri, admitió que el sistema penal en China es radical. “Hemos logrado algunos éxitos en la repatriación de connacionales pero eso se ha logrado por razones de salud”.
En el caso de Ismael Enrique Arciniegas, el viceministro aclaró que existía un agravante por los 4 kilos de droga que ingresó al país asiático. “El delito de narcotráfico se considera una falta gravísima por la cantidad de droga que encontraron. Esto nos ha dificultado las gestiones un poco más”.
La Cancillería agotó todos los recursos diplomáticos para evitar que Arciniegas fuera ejecutado. Envió notas diplomáticas, gestionó diálogos con el embajador de Colombia en China y con el embajador chino en Colombia y entregó “reiteradas peticiones de clemencia”.
El panorama en el mundo tampoco es favorable para la Cancillería. Según Amnistía Internacional, “en 2015 hubo un aumento increíble del número de personas ejecutadas —al menos 1.634—, el más elevado que habíamos registrado desde 1989”.
