El diario El Tiempo reveló información que le da un punto de giro a la historia del caso Pegasus. Según varias fuentes consultadas en Estados Unidos, el software espía, que puede interceptar cualquier tipo de celular, se compró con recursos de cooperación de inteligencia para investigar y perseguir a narcotraficantes en Colombia.
Esta información es sumamente relevante y aparentemente todavía no la tenía en su poder el presidente, pues este nunca habló de una posible cooperación del Gobierno americano. La información de la compra del Software, confirmada en primicia a este diario por la compañía NSO (que lo creó), la entregó por primera vez Petro, quien la dio a conocer en una alocución presidencial el día más crítico del pasado paro de transportadores.
Allí, el presidente habló de un informe que le fue suministrado por la UIAF a la Agencia de Inteligencia de Israel contra el Lavado de Activos y el Terrorismo (IMPA). En ese informe se detalló un movimiento de dinero por 5.5 millones de dólares que salieron de Bogotá en un avión israelí y que fueron registrados en la aduana de Tel Aviv. La publicación de ese documento le costó a Colombia la expulsión del Grupo Egmont, que reúne a más de 120 agencias de inteligencia de países en todo el mundo para colaborar en el intercambio de información que busca la persecución de criminales, sus bienes y sus movimientos financieros.
Tras el primer anuncio del presidente, se conocieron varios detalles, incluyendo la confirmación de la empresa NSO a este diario, en la que el vicepresidente de comunicaciones aseguró que “todos las transacciones entre ambos países fueron legales y debidamente documentadas”.
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Según El Tiempo, los funcionarios americanos consultados aseguraron que Estados Unidos no solo estuvo pendiente de la compra, sino que la financió con recursos lícitos con el fin de perseguir a narcotraficantes y también hizo control para que el sfotware se usara de manera legal. Agregaron que el presidente Iván Duque no fue informado porque se trataba de la cooperación rutinaria con la que han trabajado ambos países durante décadas en contra de amenazas comunes. “Solo sabía un grupo pequeño de personas en los organismos de seguridad del país”, le dijeron al periódico en Bogotá.
Los funcionaros dijeron que mantienen su reserva pero afirmaron hablar en representación de la administración de Joe Biden.
Esta teoría tiene sentido en el entendimiento de que Pegasus fue creado para perseguir a terroristas y criminales; su venta es únicamente a agencias gubernamentales oficiales o estados y debe tener una autorización de parte del Gobierno israelí.
Además, como lo explicó EL COLOMBIANO, el software no es un bien mueble que deba ser trasladado, sino un sistema que se usa y se aprueba con códigos por parte de la compañía en Israel y cuya licencia se renueva o no con el pago que haga el comprador. Ninguna institución ha encontrado rastros de Pegasus en Colombia y eso correspondería a las versiones de los funcionarios americanos, quienes aseguran que se compró en 2020, se usó en 2021 y 2022 y terminó su operación antes de 2023.
El presidente Petro arrojó todo tipo de teorías no probadas entra las que estaban que Pegasus había sido usado para perseguir a jóvenes que protestaban en el movimiento social del 2021 y 2022 o para “chuzar” a su campaña. Pero de estas afirmaciones no existe ningún respaldo hasta ahora.
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La revelación cambia la historia y también genera preguntas. Los propios funcionarios reconocen que Estados Unidos incluyó a NSO en una lista que prohibía transacciones con esa compañía por los cuestionamientos que empezaron a desencadenarse en el mundo desde 2021. De otro lado, no se entiende cómo el presidente Duque no fue informado de una compra de millones y millones de dólares en el marco de un programa de cooperación oficial entre el Gobierno americano y el colombiano, en el que se adquiría una herramienta tan poderosa a Israel, que fue uno de los aliados más importantes de la administración anterior. Esa parte de la historia aún deja preguntas abiertas.
Todos los funcionarios del alto gobierno, incluyendo a Víctor Muñoz, exdirector del DAPRE, el exministro Diego Molano y el propio Duque firmaron una carta señalando que no conocieron ni autorizaron la compra de Pegasus en el Ejecutivo. La Fiscalía aseguró hace dos semanas que la compra y el primer pago sí están documentados y dijo que avanza en la investigación.
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