En la mañana de este martes, el exfiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre Lynett y su ex vicefiscal Jorge Fernando Perdomo Torres, dieron a conocer la denuncia penal que interpusieron ante la Corte Suprema de Justicia contra el expresidente Álvaro Uribe, como presunto responsable de delitos de lesa humanidad.
La acción legal apunta específicamente a las masacres ocurridas en 1996 y 1997 en las poblaciones de El Aro y La Granja, corregimientos del municipio de Ituango, mientras Uribe fungía como gobernador de Antioquia. Los denunciantes acusan a Uribe como autor por omisión de los delitos de homicidio en persona protegida, lesiones en persona protegida, actos de terrorismo, desaparición forzada, tortura agravada, desplazamiento forzado agravado.
En un documento de 93 páginas, Montealegre y Perdomo exponen los hechos probados por la justicia internacional sobre ambas secuencias de asesinatos, cometidas por bloques paramilitares y citan la declaración del excabecilla Salvatore Mancuso ante la sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá, en la que afirmó que se reunió “con Pedro Juan Moreno, secretario de Gobierno de Antioquia, entre 4 y 5 veces, en 1996, con la finalidad de que dicho funcionario le ayudara a conformar una Convivir en Ituango” y que “el gobernador (Uribe) públicamente salía a los medios de comunicación apoyando la creación de las Convivir”.
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Se lee en la denuncia que “no puede decirse que Álvaro Uribe Vélez actuó de manera efectiva contra el asedio y posterior ataque de los grupos paramilitares a los pobladores de Ituango, por el hecho de haber denunciado ante la justicia o ante instancias internacionales, estas masacres”.
Y en un comunicado, los denunciantes precisaron que a Uribe “no se le acusa, por ahora, de haber contribuido material o intelectualmente en la ejecución de los hechos, ni determinador de los mismos. Lo que se le imputa, es el incumplimiento de sus deberes de protección, como garante de los habitantes de Ituango”.
El pasado 22 de agosto, la sala de Instrucción Corte Suprema citó a Uribe a rendir versión libre sobre los hechos ocurridos en Ituango durante su mandato, incluyendo el homicidio del abogado y defensor de derechos humanos Jesús María Valle.
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Al respecto, el despacho de Jaime Granados, abogado defensor del expresidente, se manifestó extrañada por el llamado de la Corte y resaltó que “carece de soporte jurídico, pues la Sala de Instrucción perdió competencia para continuar con dicha investigación desde el 18 de agosto, fecha en que el Senado aceptó la renuncia (de Uribe)”.
Añadió la defensa que sobre los hechos mencionados, “el 28 de diciembre de 2000 se dictó resolución inhibitoria a favor de Álvaro Uribe Vélez, esto durante la administración del fiscal Alfonso Gómez Méndez” y que además, la Comisión de Acusaciones “también investigó los hechos, sin encontrar mérito alguno”.
Uribe deberá acudir a la Corte el próximo 16 de septiembre.
Conozca la denuncia completa:
