En los capítulos del Informe Final presentado este martes, la Comisión pidió garantías para que las funciones de las Fuerzas Militares y de la Policía sean acordes con las necesidades de los ciudadanos.
En el Informe Final que entregó la Comisión de la Verdad este martes, con el que se busca contribuir al esclarecimiento de lo ocurrido durante el conflicto armado colombiano, se recopilaron algunas recomendaciones en particular para la fuerza pública, enfocadas en una construcción de paz que permita dejar atrás “el ‘modo guerra’ en el que hemos vivido”, así como “reconstruir la confianza entre los ciudadanos y las instituciones”.
En primer lugar, la Comisión destaca la necesidad de construir una nueva visión de seguridad que esté centrada en las personas, para lo que sería “primordial” generar diálogos horizontales entre la institucionalidad y las comunidades.
Esta sería una recomendación a mediano plazo, a la que se sumarían la separación de la Policía Nacional del Ministerio de Defensa, así como su reubicación en otro ministerio; y la creación de un sistema de información confiable y abierto a la ciudadanía en el que la fuerza pública rinda cuentas sobre “los procesos, operaciones, cumplimiento del derecho operacional y resultados institucionales”.
Así mismo, la Comisión de la Verdad sugiere ajustar la estructura de las Fuerzas Militares y la Policía, lo que llevaría a cambios normativos e institucionales para eliminar gradualmente la obligatoriedad del servicio militar y transitar hacia un servicio social. Además, con el fin de atender a la nueva visión de seguridad planteada en el informe, se daría una reducción gradual de las Fuerzas Militares y un aumento del personal de la Policía Nacional.
Entre las recomendaciones, se destaca la reforma o eliminación del Escuadrón Móvil Antidisturbios –Esmad– “e incorporación de procesos de formación públicos y evaluables para prevenir la estigmatización y criminalización de movimientos y organizaciones sociales”.
Igualmente, que el Ejército Nacional deje de participar en la erradicación de cultivos y que el Estado renuncie “definitivamente, sobre la base de la evidencia, a la aspersión con glifosato”; al igual que se prohiba la intervención militar “en operativos de control y contención de los disturbios surgidos en situaciones de protesta y la movilización social”.
En el documento, de cerca de 900 páginas, la Comisión de la Verdad destinó un amplio apartado para hacer estas sugerencias a la fuerza pública. En ellas, no solo hizo un llamado a la reestructuración –en el que también pidió que el sistema de selección, ingresos, permanencia e incentivos incluyan una perspectiva diferencial, de género y de derechos de las mujeres– sino que pidió una transformación de los procesos pedagógicos que reciben sus integrantes, que incluyan memoria histórica y profundicen en el Derecho Internacional Humanitario (DIH).
Además, le solicitó al Gobierno nacional que garantice de manera inmediata el acceso a la información de inteligencia y contrainteligencia que haya cumplido el término legal de reserva y le pidió al Congreso de la República que derogue lo dispuesto en la ley de Inteligencia y Contrainteligencia, que establece un término de reserva de treinta años, para que este pase a ser de quince.
A propósito, la Comisión de la Verdad le recomendó a la Procuraduría General de la Nación que adopte medidas para “evitar el uso abusivo de la reserva de la información por parte de las entidades estatales, en general, y de los organismos de inteligencia y de seguridad del Estado, en particular”.
