Herner Carreño es el personero de Puerto Rico, Caquetá, quien hace dos años denunció que grupos armados ilegales estaban reclutando niños en la región. El 29 de agosto de 2019, en un operativo calificado como “impecable” por el presidente Iván Duque, dos aviones de las Fuerzas Militares bombardearon un campamento de ‘Gildardo Cucho’ cerca a esa zona, en el que murieron 12 personas, 7 eran menores de edad.
El pasado 1 de marzo, la Unidad Nacional de Protección (UNP) le quitó el esquema de seguridad que acompañaba al personero Carreño desde el 16 de diciembre de 2019, un mes después de que el Senador Roy Barreras anunciara en el Congreso que el entonces ministro de Defensa, Guillermo Botero, le había mentido al país ocultando que en el bombardeo habían muerto por lo menos 7 menores de edad. Botero terminó renunciando al ministerio el 6 de noviembre de ese año.
Con la resolución 0181 de enero de 2021, el director de la UNP, Alfonso Campo Martínez, le respondió a Carreño el recurso de reposición que había hecho en 2020, alegando que se le mantuviera el esquema de seguridad.
Finalmente, el 1 de marzo de este año el personero se quedó sin protección, pues según un estudio de nivel riesgo de la UNP, cuya calificación fue de 51.11 %, su nivel era “extraordinario”. Dentro de ese nivel hay varias valoraciones, y según el estudio, ya no era necesario un esquema de protección con dos hombres y un carro blindado, sino que bastaba con un chaleco antibalas.
Herner Carreño hasta el 1 de marzo de este año se desempeñó como personero de Puerto Milán, otro municipio de Caquetá. EL COLOMBIANO habló con él sobre el esquema de seguridad que le quitaron, su trabajo como personero en Puerto Milán y sobre lo que terminó pasando en Puerto Rico.
¿Por qué le quitaron el esquema de seguridad?
En el lapso de la pandemia, por el mes de mayo, la UNP inició, tan solo cinco meses después de haberse iniciado mi esquema de seguridad, un estudio general de riesgo por petición de la Fiscalía. Ellos no tienen por qué pedir un estudio de nivel de riesgo porque hay un principio de temporalidad que indica que cuando usted cumple el año se hace una reevaluación del nivel de riesgo.
No obstante, vulnerando todo el debido proceso, la UNP adelantó en plena pandemia el estudio y no tuvo en cuenta que yo era personero de Puerto Milán, que había vuelto a un territorio en el que hay presencia de actores armados, donde también documenté el intento de reclutamiento forzado de una niña de 11 años cuando llegué a posesionarme como personero de Puerto Milán.
Finalmente esa actuación administrativa culminó la semana pasada cuando me notifican del acto administrativo de que me quedé sin protección.
¿Y ahí es cuando renuncia en Puerto Milán?
Lo que pasa es que hay otra orden de trabajo activa. Hasta que no se agotara esa etapa la UNP no me podía quitar el esquema. No obstante me lo quitaron, y pues yo no puedo darme el lujo de quedarme en Puerto Milán 15 días, 1 o 2 meses sin protección, porque yo vengo de un antecedente de defender los derechos fundamentales de los niños víctimas de reclutamiento forzado.
Yo renuncié porque no puedo tomar riesgos. Puerto Milán necesita de un personero que haga trabajo de campo. Si yo fuera un personero de escritorio, no pasaría nada y me quedaba en la oficina, pero Caquetá es rural, la población es dispersa y toca hacer trabajo de campo. Yo no puedo ser egoísta con los milaneses, necesitamos que haya un personero que haga trabajo de campo y seguimiento al tema de derechos humanos. Yo sin protección del Estado no puedo seguir haciéndolo.
Como lo ha dicho la Defensoría del Pueblo en sus informes, el año pasado entre el 17 de marzo y el 30 de septiembre hubo más de 83 casos de reclutamiento forzado de conocimiento de la Defensoría, y 21 casos se presentaron en el departamento de Caquetá, uno de los departamentos con mayor número de este ilícito.
¿Qué grupos armados ilegales están en esa zona?
El de ‘Gentil Duarte’, operan en Caquetá, Guaviare y Meta. Estamos en un espacio en el que ellos tienen su arsenal delictivo.
El municipio de Puerto Milán tiene cuatro corregimientos. San Antonio de Getuchá, Remolinos de Aricuntí, Granarios y La Ilusión. Yo fui por río a San Antonio de Getuchá, pero no me podía quedar por mucho tiempo. Tenía planeado ir a visitar a los otros, pero no lo pude hacer por la renuncia. Incluso, aún sabiendo que allá hay presencia de actores armados, estaba tratando de hablar con los dirigentes de Juntas de Acción Comunal. Una recomendación de la comunidad es que no fuera a La Ilusión con las dos personas que me protegían.
La UNP le respondió citando a la Corte Constitucional, y le dice que las amenazas que usted reciba deben ser reales y validadas, y no deben partir de temores suyos a situaciones hipotéticas. ¿Qué piensa al respecto?
Es el concepto que manejan las autoridades, el mismo Estado. Cuando usted está en un consejo de seguridad y le dice a la Fiscalía que están reclutando niños, preguntan: ‘¿dónde están las denuncias, personero?’ Les digo: ‘venga, perdón, una cosa es que no haya denuncias, y otra cosa es que no haya reclutamiento’. Son dos cosas muy distintas. Una cosa es que todos los días abusen y violen niños, y otra cosa es que no hayan las denuncias.
Precisamente para eso son los consejos de seguridad, para dar a conocer la información que tiene el ministerio Público. ¿Dónde está el Estado garantizando inversión social y educación a esos niños, alternativas económicas para esas familias? ¿Dónde está el arreglo de las vías para que los campesinos puedan sacar sus cosas sin que les cueste tanto?
Ahora que salió de Puerto Milán, ¿cree que sigue corriendo riesgo su vida?
Sí, aquí el riesgo es que yo puedo ser víctima tanto de agentes estatales como de los grupos armados irregulares, o sea, de lado y lado. Si fueran puros actores armados pues uno se sale del terreno y listo, pero aquí el tema es que hay fuerzas oscuras al interior del Estado. Se cayó un ministro de Defensa, no se cayó el de Agricultura ni el de Comunicaciones.
Que me hayan quitado la seguridad me vulnera el derecho al trabajo, y por ende los derechos que tengo como persona, porque me forzaron a renunciar. Si no le garantizan la seguridad a un representante del ministerio Público, imagínese qué puede esperar un defensor de derechos humanos o un líder social.
¿En qué terminó su labor en Puerto Rico?
En Puerto Rico, una vez salí del municipio cuando pasó todo, despaché desde Bogotá hasta que entregué el cargo. Yo esa vez tres niños que cayeron en el bombardeo a ‘Gildardo Cucho’, pero finalmente el senador Roy Barreros habló de más. Hubo una niña que quedó viva, que fue llevada a Bienestar Familiar y entregada a las autoridades, y allá duró 20 minutos no más porque llegó la mamá y la sacó.
La niña perdió un brazo en el bombardeo, y ella volvió a vivir en la vereda donde inicialmente fue reclutada, pero obviamente a la disidencia una niña en condición de discapacidad no le sirve. La niña se escapó pero tengo entendido que fue con ayuda de la mamá. La niña tenía 16 años, no recuerdo cuántos, pero era menor de edad.
Luego de su renuncia, ¿qué le dijo la comunidad de Puerto Milán?
Mi renuncia fue inmediata e irrevocable, no tuve tiempo de hablar con las autoridades. El procurador regional, César Augusto Murcia Suárez, se comunicó conmigo a manifestarme su apoyo, y que iba a enviar una carta a la alcaldesa de Puerto Milán y al gobernador de Caquetá para ver qué se podía hacer.
De igual forma, la Policía se comunicó conmigo para hacer visitas esporádicas adonde estoy, pero no es lo mismo.
Yo ya puse una acción de tutela el pasado 8 de marzo esperando que un juez ampare mis derechos constitucionales a la vida, trabajo y al debido proceso. En la tutela pido que me restablezcan el esquema de seguridad que tenía.
