El Ministerio de Defensa ratificó que la operación militar en la que murió el cabecilla de las disidencias de las Farc, “El Cucho”, pero en la que también, según la denuncia del senador Roy Barreras, fallecieron siete menores de edad, fue realizada con una previa planeación en la que hay una asesoría jurídica y que su resultado es de pleno conocimiento de la Fiscalía General de la Nación.
Según el ministro de la Defensa, Guillermo Botero, en este tipo de operaciones la Fuerza Pública pone a disposición de la autoridad judicial todo el soporte operacional “con el fin de ser evaluado con la luz de las normas penales del derecho internacional humanitario y del derecho internacional de los derechos humanos”.
Agregó el jefe de cartera que, para el caso de esta operación militar realizada el 29 de agosto en la vereda Candilejas del municipio de San Vicente del Caguán, no se han recibido solicitudes por parte de la Fiscalía “en relación con posible responsabilidad de miembros de la Fuerza Pública”.
Por su parte el general Luis Fernando Navarro, comandante de las Fuerzas Militares, explicó que “no fue una operación contra menores de edad, fue una contra el cabecilla del GAO Residual Séptimo alias Gildardo Cucho. El GAO Residual es una amenaza contra el Estado colombiano”.
El oficial detalló que antes del ataque se conoció que “El Cucho” se había desplazado desde Venezuela a Caquetá con su estructura de seguridad compuesta por 20 individuos. Con la certeza de la presencia de esta persona en esa zona del país, “se realiza el planeamiento de la operación militar siguiendo todos los parámetros y protocolos que rigen la doctrina militar colombiana, transversalizada con el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y con altos estándares de derechos humanos. Se determina una operación de ataque aéreo, previa valoración por parte de asesores jurídicos operacionales quienes determinaron que era legitimo hacer el ataque sobre un objetivo legítimo y su estructura que contaba con capacidad armada y de generar daño”.
El general Navarro aseguró que no se tenía conocimiento de la presencia de menores de edad que hicieran parte de la estructura de seguridad de alias El Cucho. “Es necesario tener en cuenta que quien infringe el Derecho Internacional Humanitario es quien coloca a una protegida en un riesgo que no puede soportar, es decir, que el GAO Residual es quien comete un crimen de guerra al reclutar de manera forzosa a menores de edad y ubicarlos dentro de un objetivo militar”.
