Por 303 crímenes conocidos como “falsos positivos”, 21 miembros del Ejército Nacional, un funcionario del extinto Departamento Administrativo de Seguridad y dos civiles aceptarán su responsabilidad por participar en la ejecución de asesinatos y desapariciones.
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Las ejecuciones extrajudiciales –también conocidas como “falsos positivos”– se caracterizaron por los homicidios a civiles inocentes para hacerlos pasar como miembros de algún grupo armado dado de baja en combate.
Esta audiencia pública fue citada por la Sala de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y se realizará el próximo 18 y 19 de septiembre, en Yopal (Casanare).
Los hechos que serán reconocidos por los funcionarios ocurrieron entre el 2005 y 2008, cuando la Brigada XVI del Ejército presentó los más de 300 cuerpos como bajas en combate, en 218 eventos ocurridos en los departamentos de Casanare, Boyacá, Meta y Arauca.
Entre los comparecientes convocados a la audiencia, en calidad de autores mediatos, están el mayor general (r) Henry William Torres Escalante, el mayor (r) Gustavo Enrique Soto Bracamonte y el teniente coronel (r) Henry Hernán Acosta Pardo.
Así mismo, han sido citados a la diligencia judicial estos 21 miembros del Ejército y del DAS: César Augusto Cómbita Eslava, Jorge Eduwin Gordillo Benítez, Wilfrido Domínguez Márquez, Gildardo Antonio Jiménez Castrillón, Wilson Camargo Tamayo, Jaime Alberto Rivera Mahecha, Edwin Leonardo Toro Ramírez, Jhon Alexander Suancha Florián, Gélver Pérez García, Marcolino Puerto Jiménez, Marco Fabián García Céspedes, Miguel Andrés Sierra García, Erwin Eduardo Duarte Rojas, Leandro Eliécer Moná Cano, Alexander González Almario, Wilson Salvador Burgos Jiménez, Wilson Rodríguez Mimisica, Miguel Fernando Ramírez, Zamir Humberto Casallas Valderrama, Faiber Alberto Amaya Ruiz y Orlando Rivas Tovar.
A todos ellos, la Sala de Reconocimiento les atribuyó el crimen de guerra de homicidio en persona protegida y los crímenes de lesa humanidad de asesinato y desaparición forzada, que confluyen en los “falsos positivos”.
Del mismo modo, los crímenes de guerra de utilización de niños, niñas y adolescentes para participar en las hostilidades, así como el crimen de lesa humanidad de persecución por razones de género.
“Los efectos restauradores de este reconocimiento público pueden significar una oportunidad que tienen los responsables de atender las demandas de responsabilidad y de verdad de las víctimas”, resaltó la JEP.
Finalmente, se conoció que dos oficiales no aceptaron responsabilidad y serán investigados por la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) del tribunal de paz.
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