De 349 cuerpos que fueron exhumados de los cementerios informales de Orobajo (Sabanalarga), Barbacoas (Peque) y La Fortuna (Buriticá) solamente 25 fueron identificados, según informó, en la audiencia pública que realizó la JEP en Medellín, Timisay Monsalve, antropóloga de la Universidad de Antioquia encargada del traslado administrativo de estos cementerios que iban a quedar inundados por la presa Hidroituango.
Las respuestas de la antropóloga no complacieron a los magistrados de la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad ni al procurador, quienes indicaron que los procesos de prospección, exhumación e identificación de los cadáveres no se hicieron con los protocolos forenses necesarios para mantener la calidad de la prueba en casos de fallecimiento por violencia.
Recuerde: La JEP le pone la lupa a los desaparecidos en el río Cauca
Este trámite administrativo fue contratado por Integral, contratista de EPM, quien a su vez contrató a la Universidad de Antioquia, en el marco del cumplimiento de la licencia ambiental para el proyecto Hidroituango, que establecía el restablecimiento de la infraestructura comunitaria y eso incluía los cementerios indígenas.
De acuerdo con el testimonio entregado por Monsalve a los magistrados, las prendas que vestían los cadáveres fueron lavados después de la exhumación para que los familiares, supuestamente pobladores de esas tres regiones, pudieran identificarlos, pero solo fue posible con 25 de ellos, los demás siguen guardados desde diciembre de 2017 en el Laboratorio de Antropología de la Universidad de Antioquia.
La intervención se realizó después de que la Fiscalía confirmara que no había procesos judiciales abiertos en los tres cementerios.
“No sabía que ahí podía haber desaparecidos, siempre creímos que se trataban de cuerpos de familiares de los pobladores de esas zonas”, señaló Monsalve.
Dadas las dudas que dejó la intervención, los magistrados ordenaron una inspección técnica al Laboratorio de Antropología de la Universidad de Antioquia para establecer el estado de los 324 cadáveres que allí reposan, su conservación y la cadena de custodia de las pruebas, para lo que comisionó a dos magistrados auxiliares.
Otros cementerios intervenidos
Jenny Martínez González, de la dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, explicó que aunque no hacen una separación entre los desaparecidos y aquellos que lo fueron en contexto del conflicto armado, sí identificaron malas prácticas en los cementerios de Toledo e Ituango en los que se ha hecho intervención, especialmente en la marcación de lápidas.
“En estos cementerios se identificaron casos de cuerpos no identificados, 136 en Ituango, 28 bóvedas y ocho fosas en Toledo”, dijo la funcionaria.
El trabajo de la Dirección es únicamente la identificación de las fosas o bóvedas, más no la prospección ni exhumación de cuerpos, lo que le compete a la Fiscalía que será oída en la audiencia mañana.
Entre otros asuntos, el ente investigador deberá responder “por la recolección de restos óseos en los cementerios administrados por los párrocos de San José de Valdivia y Nuestra Señora de las Mercedes bajo el denominado ‘plan cementerios’”, como lo indica el Auto 035 de 2019 que citó a esta audiencia.
De otro lado, la magistratura abrió un incidente de desacato contra Manuel Aljure, director de Asuntos Indígenas, ROM y Minorías, y Luis Fernando Bastidas Reyes, director de Consulta Previa, ambos del Ministerio del Interior, por no asistir a la audiencia ni entregar ninguna excusa valedera. Este proceso podría costarles a los funcionarios hasta cinco días de arresto.
Le puede interesar: JEP abrió incidente contra dos funcionarios del MinInterior
Socya no buscó
Aunque en la información entregada por EPM a la JEP antes de la audiencia decía que la Fundación Socya, su contratista, adelantó el trabajo comunitario para establecer los sitios de posible inhumación en la zona de influencia del proyecto Hidroituango, durante la diligencia, Jorge Iván Arango, representante de Socya lo negó.
Dijo que únicamente cuando los pobladores acudían a sus empleados a relatar cómo fueron enterrados cuerpos encontrados en el río, procedieron a informar a EPM que a su vez informaba a la Fiscalía.
Así se lograron identificar 32 posibles enterramientos aislados que fueron exhumados por la Fiscalía en las playas del río Cauca, antes de la inundación, de los cuales 18 resultaron efectivos con 18 restos óseos y 12 partes de cuerpos.
Sin embargo, una inspección judicial ejecutada por la JEP a Socya reveló que hay por lo menos 10 actas y entrevistas que realizaba el antropólogo Germán Marín a los pobladores ribereños.
“Seguramente esas actas específicas se levantaban con una temática buscando que fuera útil para EPM”, contestó Arango al ser cuestionado por los magistrados y precisó que el objeto del contrato entre EPM y SOCYA no tenía entre sus objetivos la identificación de posibles puntos de inhumación de personas.
“Hay baja probabilidad de encontrar restos”: EPM
Varios profesionales tomaron la vocería de EPM ante la JEP, y explicaron por qué consideran que hay baja probabilidad de encontrar cadáveres en la zona inundada que es solo el 1,1 % de la zona de influencia del proyecto.
La Fiscalía ya había dicho que había terminado las prospecciones en los lugares señalados por los pobladores, y las condiciones actuales del embalse no permiten la búsqueda en nuevos sitios.
“El embalse tiene una longitud de 75 kilómetros, con un caudal de 1.000 metros cúbicos, lo que sería 30 veces el caudal del río Medellín. Tiene una capacidad de arrastrar rocas de hasta 300 kilos en verano y en invierno pueden ser de hasta una tonelada. Además, las pendientes son muy escapadas en las que es imposible transitar a pie sin ayuda de bestias”, explicó el ingeniero Luis Fernando Restrepo.
Así mismo manifestó que el desembalse es posible hasta la cota 390, aunque hay una cota intermedia de 260 que se puede utilizar solo si no se está generando energía.
Las víctimas claman por sus derechos
En los intermedios de cada intervención los habitantes del cañón de río Cauca clamaban por verdad, justicia y reparación, lo hicieron a través de performance, canciones e intervenciones.
Los barequeros contaron, por ejemplo, cómo durante tantos años de conflicto encontraron cuerpos que bajaban por el río y quedaban enredados en algún remolino o caían a alguna playa, cuando se sentían seguros, los enterraban cerca, elevaban una oración y esperaban a que llegara el momento de contar dónde reposaban para que sus familiares les dieran cristiana sepultura.
“Pero todo eso nos lo quitaron, primero talaron el bosque seco tropical cuyos árboles nos servían de guía para saber dónde estaban los enterramientos y luego lo inundaron todo, ahora me pregunto: ¿para qué los enterramos entonces?”, lamentó uno de ellos.
El asunto, es que hasta este momento no está claro a cuántos desaparecidos hay que buscar en esa región, la Gobernación de Antioquia no supo responder a esa inquietud de los togados. Por eso el procurador aseguró que “la Gobernación es socia mayoritaria del proyecto y en ese sentido cualquier socio debe velar por las implicaciones jurídicas que tenga en desarrollo del proyecto. Por lo que si le correspondía a la gobernación saber si en la zona de inundación había inhumación de personas”.
Lea aquí: Inicia audiencia de la JEP por desaparecidos en zona de Hidroituango
Se espera que mañana haya más respuestas, ya que están citados el Grupo de Búsqueda de Desaparecidos (Grube) de la Fiscalía, la comisión nacional de búsqueda del partido Farc y la organización Equitas.
Toda la información servirá de insumo a la JEP para tomar decisión sobre las medidas cautelares solicitadas por las víctimas para la protección de los sitios donde es posible que estén inhumadas víctimas de desaparición forzada.
