La Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, imputó a ocho personas que pertenecían a la extinta guerrilla de las Farc por el caso del secuestro ya asesinato de los once diputados del Valle, quien fueron retenidos en la Asamblea Departamental en abril de 2002.
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En ese sentido, la Sala de Reconocimiento de ese tribunal imputó a alias Pacho Chino, quien perteneció al Bloque Occidental entre 2012 y 2016, así como a alias El Grillo, quien reconoció su responsabilidad en el caso de los diputados.
Así mismo, lo hizo con Pacho Quinto, miembro de la dirección de la Columna móvil Miller Perdomo entre 2003 y 2012 y segundo al mando de la columna móvil Miller Perdomo.
El tribunal de paz llamó a otros cinco exguerrilleros a reconocer su responsabilidad por los secuestros de este bloque de las antiguas Farc.
Según lo revelado por Blu Radio, el Bloque Occidental tenía el objetivo de crear condiciones políticas y militares para ejercer dominio y control sobre Cali y hacer presencia en Nariño, Cauca, Valle del Cauca y el sur del Chocó.
Según los magistrados que analizaron el caso, el secuestro de los doce diputados del Valle fue uno de los de mayor connotación, pues guerrilleros de las Farc ingresaron a la Asamblea suplantando al Ejército y también secuestraron a otras personas por haberlos señalado de supuestos colaboradores de otros grupos ilegales.
De acuerdo con la JEP, la estructura que ejecutó este secuestro tuvo una expansión desde que se rompieron los diálogos de paz de El Caguán. Por eso, señala que “la mayor expansión del Bloque Occidental por el suroccidente del país se dio durante las negociaciones de paz con el Gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002) y la vigencia de la zona de distensión. (...) Esta fue una oportunidad para el crecimiento militar, entrenamiento y fortalecimiento logístico”.
La información recopilada por el tribunal de paz y organismos de seguridad, indica que el Frente Urbano Manuel Cepeda Vargas fue el encargado de hacer la inteligencia en Cali.
Una vez secuestrados y en poder de las Farc, sostiene la JEP, los diputados fueron sometidos a “malos tratos”. El secuestro se habría dado con ayuda de un trabajador al interior de la Asamblea del Valle, León Villegas, quien había sido miembro del M-19 y quien les facilitó la información a las Farc.
Durante el cautiverio, como los contaron los camparecientes ante esa jurisdicción, los políticos fueron sometidos a marchas forzadas a pesar de su estado de salud, con la dotación que no correspondía y el riesgo del fuego cruzado.
“Los comparecientes dicen que en algunas ocasiones tuvieron que recurrir a la caza de animales para subsistir, lo cual generó un fuerte impacto en los diputados. Sin embargo, en el relato de Sigifredo López, al cual le da credibilidad esta Sala, el impacto fue porque la guardia les indicó, después de comer, que consumieron carne de un perro rural que se había unido al grupo y al que los diputados habían adoptado como animal de compañía”, señala la imputación.
Once de los diputados fueron asesinados el 18 de junio de 2007 luego de una confusión entre los guerrilleros encargados de custodiar a los secuestrados, pues pensaron que se estaba realizando un operativo de rescate, los asesinaran con tiros de gracia, siguiendo las órdenes de Alfonso Cano “de no permitir el rescate de los secuestrados” y de que “en caso de un asalto inminente del Ejército, debían asesinar a los secuestrados”.
El único sobreviviente de ese secuestro y asesinato fue Sigifredo López, quien fue liberado en febrero de 2009 y tres años después, en 2012, fue señalado por la Fiscalía de Eduardo Montealegre de haber participado en el secuestro y homicidio de sus compañeros mediante la entrega de información a las Farc.
Sin embargo, en octubre de ese mismo año la Fiscalía reconoció el yerro contra López y le pidió disculpas públicas al exdiputado y su familia.
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