La Sección de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) anunció este lunes que ratifica la imputación por esclavitud y secuestros a los miembros del antiguo secretariado de las antiguas Farc.
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Según el tribunal de paz, “el crimen de esclavitud fue un ataque generalizado y sistemático contra la población civil”. Así mismo, consideró que ese grupo de exguerrilleros es responsable por la comisión de crímenes de guerra de torturas, tratos crueles, atentados a la dignidad personal, violencia sexual y desplazamiento forzado.
Según la JEP, adoptó esta decisión con aplicación de las diferentes fuentes de derecho que se imponen a esta jurisdicción, facultad que se conoce como calificación jurídica propia, armonizando de manera adecuada el Derecho Penal Nacional y el Derecho Penal Internacional. De esta manera garantizó y respetó los principios de legalidad y favorabilidad.
Esa Sección de Reconocimiento concluyó en su análisis que quienes integraron el exsecretariado de las Farc-EP “son responsables por mando de las conductas constitutivas del crimen de lesa humanidad de esclavitud derivadas de la política general de secuestros que adelantó la organización”, pues ellos tuvieron conocimiento de que los trabajos forzados impuestos fueron cometidos como parte de un ataque generalizado y sistemático.
Lo anterior quiere decir, en el marco de su estrategia de secuestro se cumplieron tres elementos contextuales, que —a la luz del artículo 7 del Estatuto de Roma— configuran un crimen de lesa humanidad tales como: que se trató de un ataque dirigido contra la población civil, que dicho ataque fue generalizado o sistemático y que el ataque fue cometido de conformidad con o en cumplimiento de una política de un Estado o de una organización.
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Tras decretar la correspondencia, la Sección encontró que la antigua guerrilla de las Farc-EP adoptó unas políticas de privación de la libertad cuyos propósitos eran: financiación; forzar el canje por guerrilleros presos; y controlar territorios y poblaciones, las cuales derivaron en profundas afectaciones a la sociedad colombiana, pero, particularmente, a niñas, niños, adultos mayores, mujeres embarazadas y otras personas vulnerables.
¿Quiénes son los comparecientes?
Según la JEP, son siete los antiguos miembros del exsecretriado de las Farc. El primero es Rodrigo Londoño Echeverri, alias Timochenko, a quien el tribunal de paz le imputó su responsabilidad por crímenes de guerra de toma de rehenes, de lesa humanidad de graves privaciones de la libertad, y otros crímenes cometidos de manera concurrente.
Por otro lado, a Pastor Lisandro Alape Lascarro, alias Pastor Alape, se le imputó su responsabilidad por crímenes de guerra de toma de rehenes, de lesa humanidad de graves privaciones de la libertad, y otros crímenes cometidos de manera concurrente por las unidades militares a su cargo.
Así mismo, a Milton de Jesús Toncel Redondo, alias Joaquín Gómez, a quien la JEP le imputó su responsabilidad por crímenes de guerra, de toma de rehenes, de lesa humanidad, de graves privaciones de la libertad, y otros crímenes cometidos de manera concurrente por las unidades militares a su cargo.
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A Jaime Alberto Parra Rodríguez, alias Mauricio Jaramillo o el Médico, imputado por su responsabilidad por crímenes de guerra, de toma de rehenes, de lesa humanidad, de graves privaciones de la libertad, y otros crímenes cometidos de manera concurrente por las unidades militares a su cargo.
Julián Gallo Cubillos, alias Carlos Antonio Losada, fue imputado por su responsabilidad por crímenes de guerra de toma de rehenes, de lesa humanidad de graves privaciones de la libertad, y otros crímenes cometidos de manera concurrente.
Pablo Catatumbo Torres Victoria, alias Pablo Catatumbo, imputado por su responsabilidad en crímenes de guerra de toma de rehenes, de lesa humanidad de graves privaciones de la libertad, y otros crímenes cometidos de manera concurrente por las unidades militares a su cargo.
Rodrigo Granda Escobar, alias Ricardo Téllez, a quien se le imputó por su responsabilidad por crímenes de guerra de toma de rehenes y de lesa humanidad de privaciones de la libertad por haber participado con otros comandantes en la adopción de la política de privar de la libertad a civiles, con el fin de cobrar dinero por su libertad.
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