Al menos 6.230 niños (menores de 18 años) fueron reclutados por grupos armados entre 1971 y 2016 en Colombia, de los cuales entre 64 % y 60 % estuvieron en las filas de las Farc, según reposa en los registros de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que priorizó este asunto para su investigación y juzgamiento.
Con la selección de este como el caso 007, la Sala de Reconocimiento de Verdad y de Responsabilidad busca establecer la magnitud real del reclutamiento, para lo cual realizará un inventario único, apoyada en los informes presentados por la Fiscalía, el Centro Nacional de Memoria Histórica y las organizaciones sociales, que “permita dar cuenta de la verdad sobre los hechos y fijar las bases para la deducción de responsabilidad penal de sus autores”, dice el auto 29, que prioriza el caso.
La Sala también quiere determinar, con especificidad de sus roles, los posibles máximos responsables de estos hechos, ya sea como determinadores de la política o como sus ejecutores.
Esto porque la jurisdicción cuenta con información que señala que desde la Séptima Conferencia guerrillera, realizada en 1982, las Farc resolvieron que las personas reclutadas debían estar entre los 15 y los 30 años de edad, política que nunca fue derogada, en cambio sí fue sobrepasada por algunos frentes que la incumplieron reclutando niños menores de 15 años, de acuerdo con el magistrado Iván González Amado.
En una carta fechada el 13 de marzo de 2001, conocida por la Fiscalía General de la Nación, el excomandante “Manuel Marulanda” expresó: “Las normas de reclutamiento no están siendo interpretadas cabalmente por quienes reclutan personal inepto, con defectos físicos, incluidos jóvenes, niños, hasta personas pasadas de edad y desconocidos de las regiones, siendo este camino expedito para la infiltración a varios frentes”.
Este será uno de los casos más complejos que tendrá la JEP, porque los excomandantes siempre han dicho que no ejercieron el reclutamiento forzado. Por el contrario, aseguran que fueron un refugio para jóvenes que corrían riesgo con sus familias a causa de la violencia y la pobreza.
A lo que Ximena Norato, directora de la Agencia Pandi que hace parte de la Alianza por la Niñez colombiana, respondió: “Todo niño que haya participado en un grupo armado fue reclutado de manera ilegal, lo dicen los tratados internacionales suscritos y ratificados por Colombia, independiente de la motivación para hacerlo”.
