Ese fantasma lejano de la masacre de Bojayá, en la que murieron 79 civiles —según el Centro Nacional de Memoria Histórica— por la explosión de una pipeta lanzada por las Farc, ha revivido los temores de los habitantes de esta población y los alrededores del Atrato, en Chocó.
Acciones similares a las vividas ese aciago 2 de mayo de 2002 por los moradores de esa región, han alertado a estas comunidades que piden protección del Gobierno para evitar que se repita la tragedia de hace 17 años: el copamiento de territorios por el Eln y el Clan del Golfo tras la salida de las Farc, enfrentamientos entre estructuras ilegales y entre estos grupos armados con el Ejército, reclutamiento, homicidios y otras restricciones a la población civil se ha agudizado desde enero de 2018.
Leiner Palacios, líder social de ese territorio chocoano y sobreviviente de la masacre de Bojayá, aseguró a EL COLOMBIANO que puede presentarse no solo una masacre como la que el presenció, sino otras incluso más fuertes.
“Las condiciones las hay por como están las cosas en este momento. Las comunidades están incomunicadas, los líderes están amenazados y no pueden informar, y falta cuidado y protección por parte del Estado. Nuevamente se repiten los fenómenos de abandono y discriminación que hemos sufrido y estamos ad-portas de lamentar otra masacre”, indicó Palacios.
Piden protección al Estado
Mediante un comunicado, la Iglesia Católica y organizaciones sociales como el Consejo Comunitario Mayor de la Asociación Campesina Integral del Atrato, COCOMACIA, la Mesa de Diálogo y Concertación de los Pueblos Indígenas del Chocó, el Foro Interétnico Solidaridad Chocó, la Corporación Pacipaz y la Coordinación Regional del Pacífico Colombiano, denunciaron que los enfrentamientos se han presentado en zonas rurales, dejando a la población civil en medio de la confrontación.
“En las comunidades hay presencia de miembros del grupo paramilitar Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Clan del Golfo), cuyo accionar ha profundizado la crisis humanitaria y social, evidenciándose en la restricción de la movilidad, de alimentos, medicina y combustible, amenazas a líderes y autoridades comunitarias, reclutamiento forzado y violencia basada en género”, expresaron en la misiva.
El obispo de la Diócesis de Quibdó, monseñor Juan Carlos Barreto, precisó que uno de los problemas más fuertes es el desplazamiento gota a gota de las familias que salen huyendo de las hostilidades y del reclutamiento de sus hijos por estos grupos ilegales. Hasta ayer, 7.000 personas de comunidades indígenas y afros están confinadas, según los registros de las organizaciones.
“Después de la salida de las Farc no ha habido una suficiente protección del territorio por parte del Estado. No ha llegado la presencia a nivel de seguridad y la falta de la acción social en las comunidades las hace vulnerables”, manifestó monseñor Barreto.
Con estos conflictos, exigieron al Gobierno “realizar las acciones necesarias para evitar hechos lamentables, sobre todo el enfrentamiento de los grupos armados en medio de la población civil. Además, hacer presencia administrativa y a los grupos armados, salir de las comunidades”.
Este último aspecto es una grave infracción al Derecho Internacional Humanitario al poner en riesgo a la población civil que no participa de las hostilidades, por lo tanto goza de una protección especial.
¿Por qué las hostilidades?
El general Juan Carlos Ramírez, comandante de la Séptima División del Ejército, expresó a EL COLOMBIANO que las tropas que dirige tienen presencia en el Atrato y Bojayá para brindar protección a las comunidades. El alto mando militar indicó que desde hace varias semanas, la Brigada 15 ha realizado operaciones sostenidas contra el Clan del Golfo y el Eln y, en el 2019, se han presentado ocho combates, han incautado 25 armas y capturado 48 personas.
“Hacemos un control militar del área para decirle al Estado que haga un control institucional. Evitamos que ninguno de los Grupos Armados Organizados (GAO) tenga el control de la zona. Necesitamos que el Estado empiece a ingresar con vías, con educación y con salud en el norte del Chocó”, dijo Ramírez.
El general explicó porqué se ha recrudecido el conflicto en esta zona, y dijo que hace parte de lo que ellos han denominado el corredor del crimen porque “el 45 por ciento de la coca sembrada en Colombia está allí, y en ese espacio hay más del 60 por ciento de la minería ilegal. Por esto, los GAO están luchando por el control de esa renta ilegal”.
El general Ramírez concluye que mientras no se acaben las economías ilícitas, no acabará el problema, y los grupos ilegales “lo único que harán es cambiar de nombre”, pero no de acciones contra la población civil que hoy mantienen en vilo a las comunidades del Chocó y que no quieren más el horror de la guerra.
33.327
personas han sido desplazadas por violencia en 2018, según ONU.
