No dejar ninguna huella de sus víctimas fue una de las prácticas más usadas por grupos paramilitares en los años en los que la violencia golpeó con más fuerza la comuna 13 de Medellín.
Señala la JEP que el número de afectados directos por el delito de desaparición forzada es muy alto “y durante el segundo semestre del 2002 y el primer semestre de 2003, se habría presentado una situación de particular violencia y gravedad que habría derivado en la desaparición forzada de cerca de 126 personas”.
Pero al convertirse en una práctica sistemática, los delitos se cometieron desde 1978 y se tienen registro hasta 2016. En el auto se habla de 435 posibles víctimas de desaparición forzada en esos 38 años. “De las 435 víctimas registradas, sobre 327 se tiene información completa o avanzada y 108 aún requieren mayores procesos de verificación”, expresaron desde este Tribunal para la Paz.
Con el anterior universo de víctimas establecido, pero con la misión de consolidar una base de datos más amplia que permita ayudar en la búsqueda de personas dadas por desaparecidas y, además, darles una respuesta a los familiares de las víctimas, la JEP ordenó a la Alcaldía de Medellín precisar si 83 cuerpos que señaló haber identificado y entregado a sus familiares entre los años 2016 y 2019, “efectivamente corresponden a víctimas de desaparición forzada de la comuna 13 y los fundamentos que sustentan dicha afirmación”.
