Luego de pasar nueve años en una cárcel de Estados Unidos, el narcotraficante colombiano Francisco Javier Zuluaga Lindo, alias “Gordo Lindo”, completó su sentencia.
El Buró Federal de Prisiones de ese país confirmó que el hombre de 48 años, quien estuvo preso por conspiración para importar cocaína a suelo estadounidense, salió del Federal Detention Center de Miami el pasado 23 de enero.
La condena inicial fue de 21 años de cárcel, pero gracias a su colaboración con los organismos de seguridad norteamericanos obtuvo una importante rebaja en la pena.
En la actualidad cuenta con un permiso especial para permanecer en esa nación, mientras se resuelve su estatus migratorio y a la espera de saber si las autoridades colombianas solicitan su deportación.
De acuerdo con los registros de la Fiscalía, “Gordo Lindo” financió a las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) por medio de sus actividades de narcotráfico, en particular a la estructura paramilitar conocida como la Casa Castaño.
Cuando esta agrupación entabló un proceso de negociación con el Gobierno (2003-2006), Zuluaga quiso colarse para acceder a los beneficios jurídicos de la Ley de Justicia y Paz. Fue así como se desmovilizó y figuró como comandante del Bloque Pacífico, con influencia en Chocó, y cabecilla financiero del Bloque Calima, con redes en Valle, Quindío, Cauca y Huila.
Para la DEA, “Gordo Lindo” siguió delinquiendo después de la reinserción, lo que propulsó su extradición en mayo de 2008.
Posteriormente, la Fiscalía concluyó que no fue militante de la Auc, sino un narco puro, razón por la cual solicitó su expulsión del programa de Justicia y Paz. La Corte Suprema de Justicia, en segunda instancia, ratificó la exclusión en 2014.
¿Y ahora qué sigue?
Entre los casos más recientes de narcoparamilitares que, luego de pasar sus penas en EE.UU., fueron deportados a Colombia para responder ante los jueces locales, están Hebert Veloza García (alias “HH”) y Héctor Restrepo Santamaría (“Perra Loca”).
Sin embargo, hay otros episodios en los que estas personas logran obtener un permiso especial de la Casa Blanca, que les permite quedarse en ese país con algunas condiciones. Tal es la situación de Carlos Mario Aguilar Echeverry (“Rogelio”) y Mauricio López Cardona (“Yiyo”), desmovilizados del bloque Héroes de Granada y excabecillas de la banda “la Oficina”; y de Juan Carlos “el Tuso” Sierra, cabecilla financiero de la Casa Castaño.
Los tres pagaron penas inferiores a los 10 años y al salir, por medio de abogados, invocaron la Convención Internacional contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, de la ONU (1987). Alegaron que, si regresaban a Colombia, serían víctimas de estas conductas, por lo que la justicia estadounidense les concedió el permiso de permanencia.
Estas decisiones fueron previas a la llegada al poder del presidente Donald Trump, quien ha prometido expulsar de su territorio a los inmigrantes que tengan antecedentes penales. En el caso de “Gordo Lindo”, aún no hay una solicitud formal de deportación por parte de Colombia.
¿Debería estar en la JEP?
El abogado Michel Pineda, presidente de la Corporación Compromiso Colombia y quien defendió a varios comandantes paramilitares en sus procesos penales, recuerda que, según consta en el Acuerdo de Paz con las Farc, las personas procesadas en el marco de la Ley de Justicia y Paz no son aptas para ser juzgadas en la Justicia Especial para la Paz (JEP).
A pesar de esto, el jurista estima que lo ideal sería presentar a personajes como “Gordo Lindo” en ese estrado. “La sugerencia es que quienes fueron expulsados de Justicia y Paz puedan ser escuchados por el nuevo tribunal de la JEP, y así contribuir a la búsqueda de la verdad, para que estos hechos no se vuelvan a repetir”.
En el caso particular de Zuluaga Lindo, antes de su expulsión del programa, la Fiscalía le imputó cargos por su participación en la Masacre del Naya (Cauca 2001), donde 24 personas fueron asesinadas y miles desplazadas.
