Danilo Rueda fue el Alto Comisionado de Paz del gobierno de Gustavo Petro hasta la tercera semana de noviembre, cuando el presidente lo despidió con una escueta publicación en su cuenta de X: “Los procesos hacia la paz del país serán dirigidos por Otty Patiño, agradezco a Danilo todo su inmenso esfuerzo”. No dijo más, así despidió a quien llevaba las riendas de su apuesta más importante.
El despido de Rueda llegó en un momento imprevisto, era esperable que saliera un año atrás, el primero de enero cuando en un error de comunicación le dijo a Petro que habían logrado un cese al fuego con un puñado de bandas criminales de todo el país, o las veces que hubo polémicas por sus encuentros con mandos criminales, pero no finalizando el año cuando, pese a la testarudez del ELN, se había llegado a un cese al fuego.
Lo que es cierto, es que a la paz total no le ha ido tan bien como se esperaba. Pues mientras hay un cese al fuego con el ELN, la guerrilla se niega a dejar de secuestrar mientras el gobierno guarda silencio; o mientras se habla con las disidencias de las Farc, estas se la pasan asediando a los pueblos de Cauca y Nariño, imponiendo su ley y estallando bombas.
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Uno de los casos más indignantes fue en el que murió la profesora Luz Estela Balanta Solís, quien tenía 57 años y trabajaba en un colegio de Jamundí y murió por una carrobomba que detonaron las disidencias cerca a la estación de Policía de Timba, Cauca.
Además, la gota que colmó el vaso de los colombianos fue el secuestro del papá del futbolista Luis Díaz, todo en medio de la tregua y del silencio del gobierno, que dejó a más de uno boquiabierto.
El ELN salió a decir que los guerrilleros no sabían a quién estaban secuestrando, como si el problema no fuera el delito en sí mismo. Por otro lado, las disidencias del Estado Mayor Central (EMC), otras disidencias, le exigió a la mesa de negociaciones que sus delegados asistieran a la instalación de las votaciones en Popayán y, cuando la opinión pública puso el grito en el cielo, el Gobierno reculó.
Toda la fuerza del gobierno está puesta en la paz con el ELN, sin embargo, no se ha conocido ningún informe del Mecanismo de Monitoreo y Verificación que se encarga de revisar si las partes están cumpliendo con el cese al fuego, los únicos que han tenido dicho reporte son los negociadores, donde el hermetismo es de acero.
La última encuesta Invamer mostró que el país sufre un desencanto con la opción de negociar con los grupos armados, pese a que este apoyo siempre ha sido mayoritario. Y es que desde la posesión de Petro hasta hoy, ese apoyo bajó 17 puntos, pasando del 76% al 59%.
Cuando Rueda salió del Gobierno, algunos analistas advirtieron que se debía a que el trato que el comunicador (su profesión) les daba a los grupos armados era blando y, quizá, complaciente. En una entrevista que el exAlto Comisionado le dio a EL COLOMBIANO aseguró que era muy probable una entrega de las armas porque los capos de la mafia (al menos los de Medellín) ya no estaban interesados en el poder ni en el dinero sino en envejecer al lado de sus familias.
Su lugar lo ocupó Otty Patiño, quien hasta ese momento era el jefe negociador del gobierno en las negociaciones con el ELN, un exmilitante del M-19, constituyente, y quien en los últimos 30 años se dedicó a la academia; algunos analistas apuntan a que Patiño es un hombre más recio, de mano dura. Hasta el momento, no ha podido hacer mucho con la negativa del ELN a dejar el secuestro.
Ahora bien, cuando el presidente Gustavo Petro planteó su proyecto de paz total, todos los grupos armados ilegales importantes y las principales bandas de crimen organizado levantaron la mano y publicaron comunicados sumándose a la idea. Pero del dicho al hecho ha habido mucho trecho, y la palabra no ha estado respaldado con los hechos. Sin embargo, en los territorios no han mostrado esa supuesta voluntad de paz.
Hoy el Gobierno tiene mesas de diálogos con el ELN y el EMC, y conversaciones sociopolíticas con las bandas del Valle de Aburrá, Quibdó y Buenaventura. En veremos están los acercamientos con el Clan del Golfo, la Segunda Marquetalia y “los Pachenca”.
Por el lado de Medellín, los excapos que están presos en la cárcel de Itagüí aseguran que tienen toda la buena intención, sin embargo, hemos tenido denuncias de cómo supuestamente desde esos pabellones se sigue manejando el crimen de la ciudad; por otro lado, aseguran que los movimientos políticos los encabeza allí la congresista Isabel Zuleta, quien al parecer incluso pasaba por encima de Danilo Rueda en su momento.
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El caso de Medellín y el de Buenaventura, donde ya se habla de barrios pacificados por cuenta de la negociación, son los de mostrar del gobierno Petro, aunque parece que han andado más por los esfuerzos locales que por el trabajo de la Casa de Nariño, pues al nuevo comisionado Patiño no se le ha visto por Itagüí.
Ahora bien, la derrota de Petro y los candidatos de su partido en las elecciones regionales sembró dudas sobre el futuro de todos los procesos, ya que varios alcaldes y gobernadores no ven con buenos ojos a la paz total y a varias de las medidas que la acompañan, como el pago de salarios a los delincuentes juveniles para que no cometan más crímenes.
La Corte Suprema, además, limitó las facultades del Gobierno para excarcelar a gestores de paz, congelando la promesa que había hecho Petro en campaña de liberar a los integrantes de la Primera Línea; y, al mismo tiempo, supeditó el avance de los diálogos sociojurídicos a la aprobación de una ley de sometimiento, que ya se hundió una vez en el Congreso.
El panorama para la paz total en 2024 es complejo, y los grupos armados, que se beneficiarían de ella a futuro, poco ayudan a impulsarla.
El secuestro de Mané Díaz, el autogol internacional del ELN
Trece días duró el secuestro de Luis Manuel Díaz en la serranía del Perijá, a donde fue llevado por los milicianos del ELN. Su liberación se dio el 9 de noviembre, días antes del partido de la Selección Colombia de Fútbol contra su homóloga de Brasil en el estadio Metropolitano de Barranquilla. Durante el tiempo del cautiverio la noticia del hecho llegó a las páginas de la prensa internacional y en el país se revivió la incertidumbre de las peores épocas del conflicto armado colombiano, cuando ni las estrellas del deporte o de la farándula se salvaba de caer en las redes de los grupos armados ilegales.
Por su desempeño deportivo, tanto en Colombia como en Liverpool, Luis Díaz, el hijo del secuestrado, ha llamado la atención de los medios extranjeros. Por eso, el secuestro de su padre no pasó desapercibido para el radar de las agencias de noticias. Esa presión internacional aceleró la libertad de Mané Díaz, aunque lo cierto es que desde el momento mismo en que fue entregado a miembros de la Iglesia Católica y de la Cruz Roja no han parado las versiones de que habría habido un pago para el ELN. Esto ha sido desmentido por las autoridades y por la familia Díaz.
También es cierto que la imagen de Mané Díaz celebrando los goles de su hijo en el partido contra Brasil es una de las más emotivas del año. En ella se condensó el festejo por vencer en el campo de juego a una superpotencia del balompié y la alegría por estar en la libertad, rodeado de sus familiares y de los hinchas de su hijo. La familia Díaz ahora está en Inglaterra, llevada allá por los directivos del equipo rojo.
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La oleada de violencia del Clan del Golfo en medio de la Paz Total
Aún está fresco el recuerdo de la doble masacre del pasado 4 de diciembre en dos veredas de Santa Fe de Antioquia, en lo que serían retaliaciones dentro del Clan del Golfo. Esta situación fracturó aún más la posibilidad de que se pudieran avanzar en las negociaciones pactadas con el gobierno de Gustavo Petro a finales del 2022.
Pero este no sería el único pecado de esta estructura criminal en medio de los acuerdos. La más grave y sostenida se presentó en marzo de este año en el Bajo Cauca antioqueño, donde en conjunto con los mineros iniciaron un paro que dejó a las seis localidades de esta subregión como pueblos fantasmas, ante el temor de sus residentes de aventurarse, siquiera, a salir a la puerta.
Los estragos generados por estas protestas, que llevaron al cierre de la vía Medellín-Costa Atlántica, además de la quema de vehículos que llevaban alimentos y varias ambulancias, despertaron la molestia del presidente Petro, quien señaló que “ese grupo armado no fue capaz de someterse a la justicia”.
Esta organización criminal se ha mostrado en desacuerdo con el proceder del gobierno en este proceso de pacificación nacional y en abril de este año enviaron un comunicado en el que expresaron: “El proyecto de Ley que ha sido puesto a consideración del Congreso, y que se ha denominado Ley de Sometimiento, no ofrece condiciones para la desarticulación de los grupos armados ilegales, y al contrario, implicará la perpetuación del conflicto en campos y ciudades”.
En los últimos meses también se han presentado incursiones de miembros del Clan del Golfo al municipio de Briceño, una zona que históricamente ha tenido el control de las Farc y sus disidencias y que su accionar violento dejó miles de desplazados, además de comunidades confinadas.
Y el accionar de esta estructura delincuencial se ha visto reflejada en el incremento de las cifras de homicidios en el Suroeste (12,1%) y el Occidente antioqueño (11,1%), las dos únicas que registraron incrementos en las cifras de asesinatos en comparación con el año pasado, según la Policía Antioquia, y en las cuales hay influencia de integrantes de esta organización.
Lo que corresponde a las organizaciones que se han vinculado dentro de la paz urbana en el Valle de Aburrá, desde la cárcel La Paz, de Itagüí, se han visto resultados en cuanto al interés de la pacificación, aunque con sus pequeños lunares.
El más intenso se registró entre junio y julio en la comuna 3 (Manrique), donde se presentó una racha violenta no vista en varios años en esta parte de la ciudad, al parecer, por las retaliaciones internas entre organizaciones criminales. Sin embargo, quienes estaban en la mesa de concertación aseguraron que ellos no tenían nada que ver en la ola violenta más crítica registrada este 2023 en Medellín.
