El patrullero Jhon Antonio Gutierréz fue condenado a 10 años de prisión por su participación en la noche violenta del 9 de septiembre de 2020. Ese día, 13 personas fueron asesinadas en Bogotá y Soacha (Cundinamarca) en hechos que fueron atribuidos a la violencia y represión policial.
La decisión se conoció este jueves 19 de diciembre y fue tomada por la jueza 44 Penal de Conocimiento de Bogotá. El patrullero de la policía deberá purgar la pena por el delito de homicidio preterintencional.
En video: Polémica por sensual baile de policías y soldados durante un evento en una base militar de Atlántico
Durante el juicio quedó probado que el uniformado fue quien accionó su arma contra los jóvenes Jaider Fonseca de 17 años y Andrés Felipe Rodríguez de 23 años. Las víctimas protestaban en inmediaciones del CAI Verbenal en la localidad de Usaquén cuando fueron atacados.
La noche del 9 de septiembre de 2020 fue de manifestaciones violentas. Miles de ciudadanos salieron a las calles a protestar por la muerte de Javier Ordoñez, un estudiante de derecho que fue asesinado en medio de un operativo irregular que tuvo como protagonismo el uso excesivo de la fuerza por parte de la Fuerza Pública.
Entérese: Joven fue asesinado tras intentar mediar en una riña en Manrique, Medellín
En los sectores como Suba y Verbenal las protestas se tornaron violentas y terminaron en enfrentamientos entre los manifestantes y la Policía.
La investigación judicial reveló que las balas –incrustradas en el cuerpo de las víctimas– coincidian en su número de serie con el material de dotación que la Policía le había asignado al patrullero Gutiérrez.
“Es inadmisible, desde cualquier punto de vista, casi un ultraje a los principios que sostienen el orden social, que un uniformado, llamado a ser escudo y no filo, haya atentado contra aquellos que alzaban su voz en forma de protesta, desatendiendo ese derecho que ostenta todo ciudadano de hacer valer sus suplicas, sin ser destinatario de las agresiones de un portador de la ley que en cambio sí tenía el deber constitucional de proteger su seguridad”, señaló la juez del caso.
De acuerdo con la jueza, el patrullero tenía en su poder otros mecanismos para disolver la protesta sin necesidad de recurrir a las armas de fuego.
