Según dos portales de investigación, Armando.info, de Venezuela, e IDL-Reporteros de Perú, el gobierno de Chávez comenzó a renovar su sistema de identificación a finales de 2005. Y según los documentos que se revelaron en el escándalo de los Panama Papers, todo se hizo rápido, el bufete Mossack Fonseca les ayudó a diseñar una triangulación de transferencias y contratos a través de paraísos fiscales en los cuales una firma alemana se encargaba de imprimir y Cuba tenía acceso al software.
“Guardado y reservado a la opinión pública, en este contrato queda claro que la Bundesdrukerei de Alemania trabajó con Venezuela, Cuba y la empresa offshore Billingsley Global Corp”, concluyen los medios de investigación.
A la hora de mencionar a Cuba revelan que “se reservó el acceso al software a través de Albet Ingeniería y Sistemas, la filial que el régimen de los Castro diseñó exclusivamente para esta tarea”.
Y citan textualmente uno de los documentos revelados en los Panama Papers: “Albet (la firma de Cuba) adquirirá un derecho de uso perpetuo, no exclusivo e intransferible a través del software entregado junto con el sistema”.
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En la investigación citan además a un ingeniero de sistemas, Anthony Daquin, que había sido asesor del ministerio encargado del proceso de los pasaportes en Venezuela, el de Interior y Justicia, que luego se asiló en Estados Unidos:
“Los cubanos manejan el software y marcan las directrices de seguridad”, dijo en reportaje sobre la mano de Cuba en el sistema de identificación de Venezuela publicado en el diario El Nacional en 2011. Y entró en detalles: “Los originales de los códigos fuente (los que describen el funcionamiento del software y permiten introducirle cambios) de las aplicaciones informáticas desarrolladas serán conservadas por la parte cubana mientras permanezca vigente el período de soporte técnico”.
Y en 2016 le repitió a Armando.info: “Esta gente tiene la capacidad de hacer un pasaporte venezolano en Cuba y a la vez sembrar esos datos en el sistema”.
El entramado de firmas y movimientos que revelan estos dos medios es complejo pero esa investigación cobra especial interés ahora en Colombia porque precisamente la firma alemana mencionada Bundesdruckerei tiene el 40% de la participación accionaria de Veridos, la firma internacional que se ha mostrado más interesada en quedarse con el negocio de los pasaportes en Colombia.
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En marzo, La W reveló, que Veridos le había hecho llegar al canciller Álvaro Leyva una carta expresando su interés en prestar el servicio de suministro, formalización, personalización, custodia y distribución de los pasaportes, así como el “de impresión, almacenamiento y entrega de etiquetas de visa colombiana con zona de lectura mecánica”.
En la carta decían que Colombia es un destino de interés estratégico para la empresa, por lo que proponen la implementación de una asociación estratégica “que podría resultar en la creación de una sociedad local, con participación estatal y privada, que pueda operar y proporcionar los servicios necesarios para el proyecto del Pasaporte Electrónico Colombiano”.
Curiosamente, parece un calco de las palabras del canciller Luis Guillermo Murillo la semana pasada, cuando manifestó que “el esquema incluye que parte de estos procesos los asuma la Imprenta Nacional. Otro componente, en este híbrido, un socio privado y todo esto bajo la tutela de nuestro socio de gobierno extranjero”.
La pregunta es si han pensado en repetir en Colombia el esquema de los pasaportes en Venezuela.
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La Procuraduría y la Contraloría reiteraron sus preocupaciones y solicitaron al canciller Luis Gilberto Murillo que ofrezca explicaciones sobre la transición al nuevo modelo para la fabricación de las cartillas, un proceso que aún genera muchas dudas.
“Se van a convocar mesas de trabajo para poder acompañar y observar este proceso y que se garantice que no haya ninguna afectación a la expedición de pasaportes. Como ya lo hemos planteado, garantizamos que no hay ningún riesgo con el proceso. Vamos a estar atentos a cada detalle para que no se vaya a presentar ninguna contingencia. Estamos trabajando para evitar cualquier imprevisión que pueda aparecer en el horizonte”, dijo Murillo.
Además de los alemanes, otros países como Canadá, Austria, Estados Unidos, México, Bélgica, Portugal, Francia y Países Bajos integran la baraja del que saldrá el socio que tendrá bajo su tutela los datos e información de colombianos.
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Por ahora, la atención está centrada en las decisiones que tome el Gobierno para evitar una crisis en la expedición de pasaportes en Colombia, similar a la que se vive en Venezuela, donde se han acumulado cientos de denuncias que señalan que obtener este documento se ha convertido en un privilegio.
