Al alto tribunal llegó una demanda que busca dejar sin personería jurídica a uno de los partidos históricos y más tradicionales del país. ¿La razón? No celebrar su convención al menos cada dos años, como exige la Constitución.
Ante el Consejo de Estado llegó una demanda que, si bien busca que el histórico Partido Liberal pierda su personería jurídica –es decir, su posibilidad de nominar candidatos, acceder a financiación pública y espacios en medios–, en realidad le apuesta a acelerar el proceso para que la colectividad, tras varios años, realice su convención, como lo establece la propia Constitución Política.
El recurso fue interpuesto por la abogada Juliana Beltrán Moya, quien en diálogo con EL COLOMBIANO, negó militar en alguna organización política y reivindicó que, actuando como “ciudadana preocupada”, busca que, tras años de dilaciones y peros, la organización que lidera el expresidente César Gaviria acate la ley.
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Lo anterior, implica que al fin se celebre la convención de la colectividad, nada menos que el máximo espacio de participación para que sus miembros influyan en la toma de las decisiones internas. “En Colombia se pelea demasiado por la democracia, pero nadie la cumple”, reclama Beltrán.
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En su demanda –que ya surtió el reparto y será estudiada por el magistrado Pedro Pablo Vanegas de la sección quinta del Consejo de Estado, la encargada de asuntos electorales–, la jurista advierte que el partido viola el artículo 108 de la Constitución, que indica que “será causal de pérdida de la personería jurídica de los partidos y movimientos políticos si estos no celebran por lo menos durante cada dos años convenciones”.
Detrás de todo se encuentra la polémica persistente porque la colectividad, bajo el liderazgo de Gaviria, celebró su última convención en agosto de 2020 de forma virtual, según se reseña en la demanda. El asunto ha sido reclamado por varios congresistas de la colectividad e incluso, llegó al Consejo Nacional Electoral (CNE), que en julio de 2023 –con ponencia de la magistrada de origen petrista Fabiola Márquez–, sancionó al Partido.
Sin embargo, a principios de mes se conoció que, por cuenta de un supuesto error de notificación desde el despacho de la magistrada, la convocatoria seguirá en veremos. No obstante, la abogada controvirtió ese argumento y citando un propio documento del CNE de agosto de 2023, se evidencia que sí fueron notificados formalmente y no se interpusieron recursos de reposición.
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“Ellos no interpusieron ningún recurso y se dieron por notificados. Acá se ha intentado deslegitimar a la magistrada ponente. El 29 de agosto de 2023 se notificaron de la decisión sancionatoria. Al no haberse interpuesto recursos de reposición por parte del Partido, esta queda en firme. (...) En medios se dice que el Partido solo va a convocar la convención hasta octubre o noviembre, y hay un silencio sepulcral. No pasa nada”, agregó la jurista.
La convención es clave para adoptar decisiones como la continuidad del hoy director, el expresidente César Gaviria. Justamente, se libra un duro pulso político interno, teniendo en cuenta que ciertos sectores afines al gobierno de Gustavo Petro buscan arrebatarle la conducción del partido a Gaviria, hoy férreo opositor del Ejecutivo, con miras a lograr respaldos en el trámite de las cuestionadas reformas sociales en el Congreso.
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La abogada Juliana Beltrán precisó que la demanda está atada a una medida cautelar para que, en caso de que sea admitida, se suspenda transitoriamente la personería de la colectividad como alternativa para proteger a sus integrantes.
Según la demandante, al dilatar la celebración de la convención, se están violando además los propios estatutos del movimiento político, que consagra la participación como “el derecho de todo militante a intervenir, directamente o a través de sus representantes, en la adopción de las decisiones fundamentales”.
Además, el principio de la democracia, que indica que “el Partido funcionará bajo los preceptos de la democracia interna y participativa, el estado social de derecho, la libertad, la justicia social, la solidaridad, la descentralización y el respeto por los derechos humanos”.
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Un eventual fallo adverso implicaría que el partido –uno de los más tradicionales y antiguos del país–, pierda su derecho a nominar candidatos y tendría que apostar por recoger firmas para avalar sus candidatos. De allí que las directivas, con miras a evitar semejante revés, podrían optar por acelerar la celebración de la convención. ¿Acatarán el llamado de alerta o le seguirán dando más largas?
