No ha pasado ni una semana desde la instalación del nuevo Congreso y el Partido Comunes –compuesto por los excomandantes de la extinta guerrilla de las Farc– ya radicó dos polémicos proyectos relacionados con la reglamentación de las “guardias campesinas” y la regulación de los cultivos de uso ilícito.
Dentro de un paquete de 50 iniciativas que pretenden apalancar en el Senado y la Cámara de Representantes, el partido sugiere reglamentar y reconocer las Guardias campesinas que existen en distintas zonas del país como “mecanismos comunitarios de protección permanente a la vida, el ambiente, el territorio y la identidad campesina”.
La propuesta provocó choque entre el Centro Democrático y el partido de izquierda, ya que el movimiento uribista considera que se trata de una validación de la insurgencia.
El proyecto se refiere a unos mecanismos que ya existen en departamentos como Arauca, Tolima y Cauca, especialmente en zonas en donde la violencia es pan de cada día y no hay suficiente presencia estatal.
El objetivo del proyecto de ley es su reconocimiento legal, como mecanismo de protección permanente. Aclara, eso sí, que de ninguna manera buscaría suplir las tareas de la fuerza pública. Además, su armamento serían bolillos, y no armas de fuego.
Sin embargo, la senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, atacó la iniciativa asegurando que “la Farc proponen crear ejércitos paramilitares de izquierda legalizados en el control territorial”.
A esto, Julián Gallo, parte de Comunes, le dijo que no siguiera “engañando a la gente”, ya que “las Farc ya no existen”, pues después del proceso de paz esa guerrilla se extinguió.
Así mismo, le recordó que “Comunes es un partido legal” y le pidió no seguir “agitando el miedo como estrategia para sembrar el odio y el fanatismo”.
Menos castigos para cultivos
El otro proyecto –que ha generado múltiples rechazos de los críticos del Acuerdo de Paz y del Partido Comunes– sugiere “no perseguir” judicialmente a los pequeños cultivadores de hoja de coca y otras plantas de uso ilícito.
Dicho proyecto de Ley fue radicado este 25 de julio y es autoría de los senadores Sandra Ramírez, Julián Gallo y Pablo Catatumbo, así como del representante Carlos Alberto Carreño. La intención es que dichos pequeños agricultores reciban un tratamiento diferenciado en materia penal.
Todo esto, según explicaron los congresistas, sería para responder a lo dictado en el punto 4 del Acuerdo de Paz entre las Farc y el Estado colombiano, el cuál propone soluciones para el problema de las drogas. De aprobarse, las personas beneficiadas serían las que cumplan con los requisitos para permanecer en el programa de Sustitución de Cultivos Ilícitos y aquellos que, a la fecha de entrada en vigencia, no estén siendo procesados por la justicia.
Por ahora, es poco probable que cualquiera de esos dos proyectos logre ganar las mayorías en el Congreso. Sin embargo, habrá que esperar a que ambos lleguen a los debates para dimensionar sus verdaderas modificaciones a la Ley y alcances
