El levantamiento de paro armado impuesto por el ELN que azotó por ocho días al Chocó dejo múltiples afectaciones a la población civil, ente ellas que se agravara un brote de paludismo al no poder tener acceso a medicamentos ni atención en salud durante el confinamiento forzado de esta guerrilla.
Este grupo armado ilegal confinó a más de 40.000 personas y resultó en la muerte de dos bebés y una mujer debido al acceso severamente restringido a tratamientos y medicamentos, situación que puso en peligro “la vida de los afectados, especialmente de los más vulnerables, como menores de cinco años, mujeres embarazadas y personas con infecciones agudas”.
Según la Defensoría del Pueblo, en la comunidad indígena La Lerma (zona rural del municipio del Medio San Juan) alrededor de 600 personas presentan síntomas de la enfermedad, casos de los cuales solamente han sido practicadas 200 pruebas y 160 fueron diagnosticadas positivas, un proceso que viene siendo realizado desde hace varias semanas.
El paludismo es una enfermedad que causa síntomas leves, como escalofrío, dolor de cabeza, fiebre; sin embargo, puede desencadenar síntomas mucho más preocupantes, como fatiga, dificultad profunda para respirar, incluso convulsiones, entre otros.
Si la patología no es tratada a tiempo, podría ser mortal para menores de cinco años, mujeres embarazadas y personas susceptibles de una infección aguda, “razón por la que es determinante la atención urgente y el reinicio en la toma de medicamentos”, indicó la entidad.
El paro también provocó un desabastecimiento crítico en varios sectores de la economía local, particularmente en el suministro de combustible, vital para la movilización de alimentos y otros productos esenciales a través de los ríos San Juan, Sipí y Cajón.
Esta situación puso en riesgo la seguridad alimentaria de las comunidades de Nóvita, Istmina, Medio San Juan, Sipí y El Litoral del San Juan, dejando a cerca de 45.000 personas sin acceso a productos básicos.
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El temor persiste
Según detalló la entidad de derechos humanos, como ha sucedido en el pasado, luego de que un paro armado termina “las comunidades sienten temor de movilizarse por ríos y carreteras. Se ven en la obligación, para salvaguardar su vida e integridad, de seguir confinadas, es decir, su ejercicio del derecho a la libre movilidad se ve interrumpido”.
Por miedo a represalias o minas antipersonal en carreteras y campos, los civiles continuarían confinados en sus hogares, “razón por la que las fuerzas de seguridad del Estado deben implementar acciones de protección y seguridad que les permitan a las familias, en su mayoría afro e indígenas, trasladarse de un lugar a otro para que puedan realizar sus labores diarias, y a los menores de edad y docentes, retornar a los centros educativos”, pidió la Defensoría.
En esta región lamentablemente el conflicto armado se volvió paisaje, pues a diario afrontan el control territorial que se disputa el ELN y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC-Clan del Golfo).
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Por ende, “la Defensoría del Pueblo insta a los dos grupos a no seguir causándoles afectaciones directas e indirectas a la población que habita en la subregión del San Juan, los exhorta a cesar todas las acciones contra los civiles, quienes no aguantan más la permanente vulneración de sus derechos humanos”.
Además, le hizo un llamado al gobierno para que implemente medidas de atención en salud y a garantizar los derechos fundamentales de las comunidades.
