Cambiar el enfoque de la política de drogas. Fue una de las tantas promesas que hizo el presidente Gustavo Petro cuando era candidato. Aunque ha habido cambios en el discurso y esfuerzos loables como el Consenso de Viena impulsado por la embajadora Laura Gil, lo cierto es que a nivel nacional hay serios cuestionamientos sobre el bajo nivel de ejecución y presuntas irregularidades del Gobierno en esta materia.
EL COLOMBIANO reunió e investigó denuncias de congresistas, académicos e investigadores independientes que dan cuenta de la ausencia de brújula en un tema tan importante para el país. Para nadie es un secreto, según el consenso que crece cada vez más, que la guerra contra las drogas tal cual como se planteó desde hace más de cincuenta años con ayuda de Estados Unidos, ha sido un fracaso. Por eso mismo, la expectativa frente al gobierno del cambio iba más allá de la narrativa.
Ejecución del 5% del 2023
En Colombia, decenas de entidades y autoridades están involucradas en la lucha contra el narcotráfico, pero el Programa Nacional Integral de Sustitución Voluntaria de Cultivos Ilícitos (PNIS) es una de las herramientas que el Estado debería utilizar para atender esta materia en los territorios. Este programa nació del punto 4 del Acuerdo de Paz con las Farc y hace parte de la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, a su vez perteneciente a la Agencia de Renovación del Territorio (ART). En debate de control político, a mediados de abril de este año, el director del PNIS, el economista Felipe Tascón, fue cuestionado por los congresistas de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes porque expusieron que ese programa solo ha ejecutado el 5% del presupuesto de 2023.
El congresista Duvalier Sánchez señaló que: “Ni se erradica, ni se sustituye, ni se concreta una propuesta económica alternativa para la sustitución de cultivos. Solo el 0,4% de los recursos de asistencia técnica integral han sido ejecutados y el 3,5% para proyectos productivos de ciclo corto. Una gravísima ejecución con el PNIS en la Dirección de Sustitución”.
Durante el último año del Gobierno Duque, en 2022, se asignaron $278.000 millones, de los cuales se lograron ejecutar el 74%. Pero cuando llegó el presidente Gustavo Petro se duplicó el presupuesto a $768.000 millones destinados para el PNIS que cuenta con más de 99.000 familias inscritas en su programa de sustitución voluntaria. Sin embargo, el actual Gobierno solo ha ejecutado el 5% del presupuesto del año pasado.
“Qué tristeza y desazón tan infinita: el primer gobierno de izquierda, el que llegó al poder con la promesa de hacer realidad el acuerdo de paz, básicamente ha acabado con el programa de sustitución de cultivos ilícitos. Decenas de miles de familias campesinas están a la deriva”, dijo la congresista Catherine Juvinao.
Tascón se defendió diciendo que “desde diciembre de 2022 a la fecha, esta administración ha venido ejecutando los recursos acumulados que estaban comprometidos desde el 2019 a través de los grandes operadores, ejecución que se adelanta directamente con los beneficiarios como se evidencia a través del proceso de renegociación del PNIS”. Este diario constató con documentos públicos y, en efecto, la administración Duque solo les cumplió al 1% de las familias que hacen parte del PNIS (de 99.000 inscritas). Sin embargo, bajo el argumento de “ejecutar los recursos acumulados” el actual Gobierno ha dejado también a la deriva a esas comunidades. Sin contar con que han abandonado el conteo de número de hectáreas de cultivos de uso ilícito y no han presentado alternativas para medir la dimensión del problema.
Estefanía Ciro, PhD. en Sociología, profesora, investigadora y una de las voces más autorizadas en el debate sobre hoja de coca, cocaína y territorio, le dijo a este diario que “la falta de ejecución es un problema en general del gobierno nacional. La situación particular de la Dirección de Sustitución es falta de método y transparencia en general, de claridades en los objetivos de la política de drogas para la sustitución, los cambios como la renegociación de los acuerdos, las malas maneras del relacionamiento de la dirección que no reflejan los principios del gobierno del cambio que le restan gobernabilidad y confianza a la entidad”.
Por los cuestionamientos a su gestión, Felipe Tascón saldría de la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, según pudo confirmar este diario. Su reemplazo sería Gloria Miranda, actual directora de política de drogas del Ministerio de Justicia.
Ambos funcionarios han tenido diferencias y representan dos enfoques en el mismo Gobierno. Así lo explica la profesora Ciro: “lo importante es identificar quiénes defienden o asesoran a qué director o directora y así se va a entender qué cambios vienen en el PNIS (...) Mi posición es que ninguno estuvo a la altura de las tareas y difícilmente creo que vaya a cambiar esto. La nueva directora, como el documento de política de drogas, tiene la firma del gobierno de los Estados Unidos, entonces políticamente no tendrá ningún obstáculo en temas internos dentro del gobierno”.
Por su parte, el representante liberal Juan Carlos Losada, quien impulsa banderas de cambio de la política de drogas desde el Legislativo, le dijo a EL COLOMBIANO que “la deficiencia en la ejecución de recursos parece ser un mal generalizado en este gobierno. En particular, el PNIS es un programa de vital importancia tanto para la nueva política de drogas como para la política de paz total. La no ejecución de los recursos asignados para esta materia es de extrema gravedad”.
Líos en contratación
De hecho, el congresista Losada denunció que el director del Fondo Nacional de Estupefacientes, David Curtidor —nombrado por el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo– no habría cumplido con los requisitos para el cargo, tendría conflictos de interés e irregularidades en su nombramiento.
Curtidor llegó al Fondo el 15 noviembre de 2023. Debía acreditar como mínimo 72 meses de experiencia relacionada, pero según su hoja de vida, conocida por este diario, no superaba los 60 meses. Por ello, incluyó un documento en el que se acreditan más de 20 años en la gerencia de la empresa “Ecoca Ltda”. Según la denuncia, contrastada por EL COLOMBIANO, quien firma la certificación de la empresa es su propio hijo, Juan David Curtidor Piñacue, pero sin el apellido de su padre. Además, la matrícula de esa empresa data del año 2005 (y no del 2000) y Curtidor tampoco era el gerente. También, esa empresa vende productos derivados de la hoja de coca, lo que sería un conflicto de interés evidente.
El propio Fondo Nacional de Estupefacientes –que tiene a su cargo 33.000 millones de pesos– en el formato verificación de cumplimiento de requisitos, indicó que ninguna de sus certificaciones era válida. Aún así, el ministro Jaramillo hizo el nombramiento.
“La Procuraduría abrió una investigación disciplinaria por estos hechos y estamos a la espera de sus primeras actuaciones en la materia. Tristemente, el Gobierno Nacional decidió mantener en el cargo al señor Curtidor, poniendo en riesgo así una institución tan importante para la política de drogas como lo es el FNE”, le dijo Losada a este diario.
EL COLOMBIANO habló con David Curtidor, quien en su defensa expresa que “no existen conflictos de intereses, impedimentos o inhabilidades entre mi anterior trabajo en Coca Nasa y asumir como director del Fondo. Primero, porque renuncié a cualquier vínculo comercial o laboral con Coca Nasa. En segundo lugar, la hoja de coca no es una planta fiscalizada, luego, el Fondo no tiene ninguna injerencia en decidir sobre su uso y destino. Tercero, antes de posesionarme declaré posibles conflictos de interés señalando que Fabiola y Juan David son los dueños y representantes de la empresa”.
En el FNE también hay choque de trenes entre funcionarios y denuncias conocidas por este diario que reposan en el despacho del ministro Jaramillo. También han llegado quejas a Casa de Nariño, por eso vendrían más decisiones del presidente Petro frente a este tema.
PNIS y deforestación
Además de lo anterior, el Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas (Cesed) de la Universidad de Los Andes señaló que el PNIS ha incentivado el aumento de las tasas de deforestación entre 20,3% y 31,3% en las zonas vecinas a los beneficiarios, en una medición hecha entre 2017 y 2022, es decir que la responsabilidad es compartida entre los gobiernos Santos, Duque y Petro.
“Son investigaciones muy relevantes y que ofrecen pistas fundamentales sobre la implementación de los acuerdos en términos de cultivos de coca. Aún es necesario ahondar en la metodología del documento como por ejemplo, entender cómo aíslan los procesos de deforestación de la reconfiguración del conflicto armado, es decir, la presencia de actores armados”, señala la investigadora Estefanía Ciro.
Justamente, el telón de fondo de la falta de norte de la política de drogas bajo este Gobierno tiene al conflicto armado como un elemento determinante. En los territorios del país las comunidades dedicadas a la siembra de coca con fines de narcotráfico –el eslabón más débil de la cadena–, son quienes terminan pagando los platos rotos, independiente del mandatario de turno.
“Esa política tiene enormes contradicciones, entonces al final, si eso no se conjuga con paz total, va a estrellarse, o peor, va a generar mayores conflictividades”, agrega Ciro.
Al cierre de esta edición, no llegaron las respuestas prometidas por parte del equipo de Felipe Tascón a los cuestionamientos que rodean su gestión, a pesar de la insistencia de este diario.
5%
del presupuesto de 2023 habría sido ejecutado por el Gobierno.
