El Pacto Histórico abrió la puerta a la posibilidad de hacer una reforma constitucional para brindarles perdón judicial a quienes han cometido secuestros y traficado drogas, con el objetivo de darle un empujón a los acercamientos de paz con grupos ilegales como el ELN y las disidencias de las Farc.
Con ese propósito, el representante Alirio Uribe, del Pacto, anunció que la colectividad está preparando un proyecto de acto legislativo que sería presentado el próximo 20 de julio con el fin de garantizarle una amnistía o indulto a quienes estén condenados por los delitos de secuestro y narcotráfico, y van a participar en procesos de paz con el Estado.
Este anuncio de Uribe levantó una polvareda de críticas porque podría traducirse en impunidad para quienes cometieron delitos de lesa humanidad como el secuestro, bajo la excusa de ponerles una especie de ‘carnada’ a los actores armados con el fin de que acepten acogerse a la política de ‘paz total’ del Gobierno.
“Tenemos obstáculos constitucionales que impiden que haya amnistías o indultos por delitos como secuestro o asociados al narcotráfico. Hay que quitar ese palo en la rueda para avanzar en la paz con el ELN y demás grupos armados”, expuso el congresista.
Despertó fantasma de amnistía
El representante del Pacto le aseguró a este diario que el principal objetivo de la reforma propuesta es reversar el cambio que le hizo a través del Congreso el gobierno de Iván Duque al artículo 150 de la Constitución (ver Facsímil), con el que se estableció que el secuestro y el narcotráfico no pueden ser considerados como delitos políticos o como conductas conexas a estos.
“El Gobierno de Gustavo Petro avanza en una política de negociación con el ELN y es posible que se abran mesas con las disidencias de la Farc. Ahí hay un obstáculo constitucional que tiene que ser removido porque esos dos grupos tienen delitos asociados al secuestro y narcotráfico como mecanismo de financiación de la guerra”, aseguró Uribe.
Esta propuesta no solo desató polémica, sino que además revivió el fantasma de la impunidad. Una de las voces del Congreso que desde ya la rechazó la propuesta fue la de la senadora María Fernanda Cabal, del Centro Democrático, quien cuestionó que se esté planeando perdonar delitos de lesa humanidad.
“Los secuestros son violaciones a los derechos humanos, a la libertad, la dignidad y la vida, muchos se han cometido de manera sistemática constituyendo crímenes de lesa humanidad. Por ello, hablar de amnistías e indultos es un acto de impunidad que controvierte las obligaciones adquiridas por el Estado”, le dijo Cabal a este diario.
De hecho, en 2018 la Sala Plena de la Corte Constitucional dejó esto claro al avalar, con ciertos condicionamientos, la Ley de Amnistía que estableció una serie de beneficios acordados con las Farc. El alto tribunal dejó claro que no son objeto de amnistía los delitos de lesa humanidad como el genocidio, crímenes de guerra, toma de rehenes u otra privación grave de la libertad.
También desde la oposición se pronunció el senador David Luna, de Cambio Radical, quien celebró que en la recién concluida legislatura se haya hundido la ley de sometimiento, que es uno de los principales sustentos legales para los acercamientos entre el Gobierno y las narcobandas.
“Que este sea un llamado de atención al Gobierno para que entienda que el Congreso debe legislar para proteger y reparar las víctimas del conflicto armado, no para poner en libertad a personas condenadas por narcotráfico y lavado de activos”, expuso Luna.
Uribe respondió que no habrá impunidad porque, según él, a este tipo de amnistía se recurrió en los procesos de paz con grupos como el M-19, el Ejército Popular de Liberación (EPL) y las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
“Lo que se está planteando es que si esos delitos no son excluidos, pues uno tendría que pensar entonces que los grupos armados se van a desmovilizar para irse a la cárcel para responder por ellos. Y desde mi punto de vista, eso sería un obstáculo insalvable para poder avanzar en la política de paz total”, apuntó el representante del Pacto.
Aunque la propuesta hasta ahora no ha sido aterrizada en un documento, este diario confirmó que la bancada del Pacto Histórico se la pondrá sobre la mesa al presidente Gustavo Petro y al alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, quienes tendrán que definir si le dan su bendición para que tenga prioridad en el Congreso desde el 20 de julio.
Lo cierto es que no será un trámite sencillo, ya que al tratarse de un proyecto de acto legislativo tendrá que superar ocho debates en una sola legislatura, o sea en el lapso de un año, por lo que depende exclusivamente del espaldarazo de la Casa de Nariño para no hundirse en el intento.
De llegar a ser radicada, la iniciativa generará fricciones incluso con sectores afines al oficialismo como el partido Alianza Verde. Así lo dejó claro el senador Ariel Ávila, quien lideró la hundida ley de sometimiento. El congresista verde catalogó el anuncio de Uribe como prematuro y dañino.
“Cuando estemos por firmar el acuerdo de paz con el ELN en un par de años, la reforma que hizo el gobierno Duque hay que tumbarla. Pero eso hay que hacerlo cuando estemos a punto de firmar el acuerdo. El anuncio de Alirio Uribe hace mucho daño mediáticamente”, señaló Ávila.
Además, en el Centro Democrático dejaron claro que si esta amnistía se aprueba, considerarían acudir a la Corte Penal Internacional alegando que el Estado vulnera los derechos de las víctimas a la verdad, justicia y reparación.
“Se debe recomponer la coalición de gobierno”: representante Alirio Uribe
¿Por qué impulsa la amnistía con negociaciones y acercamientos tan crudos?
”Porque creo que es urgente en la medida en que va a iniciar un cese al fuego bilateral con el ELN y a que espero que a finales de este año se estén activas las tres mesas de negociación“.
¿No le preocupa abrir una puerta a la impunidad?
”No se está proponiendo nada nuevo frente a lo que se ha hecho en otros procesos de paz anteriores“.
¿Cómo aprobar esta amnistía con un Congreso que le pone trabas al Gobierno?
“Esperamos que los proyectos relacionados con la paz total tengan prioridad el 20 de julio, pero primero el Gobierno debe recomponer la coalición en el Congreso“.
