La Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía, inició una operación de extinción de dominio contra Víctor Ramón Navarro Serrano, alias “Megateo”.
En una operación desarrollada entre Policía y Fiscalía fueron ocupados 39 bienes avaluados en 20 mil millones de pesos, y que alias “Megateo” puso a nombre de mujeres de su más entera confianza.
Los predios detectados por la Dijín, y que pasarán a ser administrados por el Estado, fueron ubicados en Ocaña y Cúcuta (Norte de Santander), Aguachica (Cesar), Soledad (Atlántico), Bogotá y Santander.
Las propiedades están representadas en dos apartamentos, 11 casas, dos garajes, ocho locales, cuatro fincas, cuatro lotes y ocho establecimientos de comercio o sociedades.
Sobresale una vivienda campestre en Ocaña, con un circuito cerrado de video-vigilancia, puertas de seguridad con blindaje, y amoblada con lujos y excentricidades, que no son comunes en esta región del país, y que permiten inferir que años atrás “Megateo” se habría resguardado allí.
Alias “Lili”, una mujer cercana a Víctor Ramón Navarro, concentra gran parte de las propiedades ocupadas. Según información de inteligencia de la Dijín, sería la persona que provee víveres y medicamentos a la estructura criminal de alias “Megateo”, y tendría a su nombre “casas, fincas y locales comerciales, que el mismo narcotraficante le tituló para que cuidara de ellos y le entregara un porcentaje mensual de ganancias”, afirma la Dijín.
Por otro lado, alias “Marina”, quien fue compañera sentimental del narcotraficante en 2010, habría recibido otros predios que ella misma distribuyó entre varios familiares en diferentes zonas del país, para no despertar sospechas.
Estas dos mujeres serán investigadas y deberán explicar a la justicia el verdadero origen de las propiedades ocupadas, de no hacerlo serían procesadas por lavado de activos.
“Megateo”, exlíder del EPL es uno de los líderes de la banda “Megarrastrojos” que opera en Norte de Santander y la frontera con Venezuela. La Policía ofrece hasta 2.000 millones de pesos, para quien brinde información que permita su captura o neutralización. Mientras que el gobierno de Estados Unidos mantiene la recompensa de hasta 5 millones de dólares.
