Aunque para este martes se especuló que Olmedo López, exdirector de la Unidad para la Gestión del Riesgo, había sido citado en calidad de testigo por la Corte Suprema de Justicia, finalmente el exfuncionario no llegó, ya que, al parecer, nunca recibió la notificación formal por parte del alto tribunal.
“Acudo respetuosamente a su despacho, con el fin de manifestar que no asistiré a la citación para rendir testimonio, diligencia programada para el día de hoy, 29 de mayo de 2024, toda vez que tuve conocimiento de la diligencia por medios de comunicación, no he sido notificado de forma formal y tampoco a mis defensores de confianza”, informó López a los magistrados de la Sala de Instrucción.
Sin embargo, y ratificando su deseo de colaborar con la justicia, en otro documento, López solicitó a la corporación citarlo de manera formal y para ello compartió los contactos y direcciones de correos electrónicos de su defensor.
“Acudo respetuosamente a su despacho, con el fin de solicitar que se nos cite a la práctica de pruebas en debida forma, toda vez que nos enteramos de la misma, a través de los medios de comunicaciones”, dice la carta enviada por el abogado, Luis Gustavo Moreno, a la Corte Suprema.
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Desde que estalló el escándalo por corrupción en la Ungrd, que involucra a exfuncionario, congresistas y personajes del Gobierno, Olmedo López ha manifestado su deseo de colaborar con la entrega de información reservada sobre el proceder ilegal que llevó al saqueo de la Gestión del Riesgo.
“Es mi deseo manifestar que estaré presto a cualquier llamado que haga la justicia frente a los hechos que narraré en el marco de un principio de oportunidad, adelantado con la Fiscalía General de la Nación (...) quiero resaltar que es mi deseo contarle la verdad no solo a la Honorable Corte sino también al país de los delitos que se cometieron y de los aforados que ustedes investigan todo vez que hicieron parte de una empresa criminal de la que se lucraron”, manifestó el exdirector.
En este caso, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia tiene abierto un proceso de indagación previa en contra de los presidentes del Congreso, Iván Name y Andrés Calle, por presuntamente haber recibido 4.000 millones de pesos como soborno para apoyar las reformas del Gobierno en el legislativo.
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Dicha suma de dinero habría sido arañada de contratos amañados desde la Ungrd, entre esos, los que se entregaron para comprar carrotanques con los que se suministraría agua en La Guajira.
