La desconfianza del penalista parte de que el funcionario que lleva el caso es el fiscal Javier Cárdenas, uno de los que ha buscado precluir a favor del exmandatario, por eso Del Río señaló que “no confiamos mucho en esta Fiscalía”.
“Una diligencia que voy a resumir en tres palabras, lo mismo de siempre. Álvaro Uribe Vélez siempre con su posición de víctima frente a las genuinas aspiraciones de la representación de víctimas y, pues más allá de eso, no hay más nada que decir con relación a particularidades. Una generalidad sobre lo que siempre ha dicho, que él es un hombre perseguido, que él es un campesino y un hombre que viene del campo”, señaló Del Río.
Frente a ese panorama, el abogado de las víctimas aseguró que tiene pruebas suficientes para que no precluyan el caso y que va a pedir que todas las pruebas que hay en la JEP pasen a la Fiscalía. Sin embargo, el expresidente Uribe señaló en rueda de prensa que los argumentos de Del Río “parecen sacados de Wikipedia”.
La defensa de Uribe
La masacre de El Aro y La Granja, dos corregimientos vecinos de Ituango, Antioquia, sucedió en octubre de 1997, cuando los paramilitares se tomaron esas comunidades durante varios días y mataron a 17 personas, destruyeron viviendas, saquearon bienes, violaron mujeres y provocaron el desplazamiento de más de mil personas.
Durante las audiencias en la JEP, el exjefe paramilitar Mancuso, en su papel de bisagra entre los paramilitares y agentes del Estado, dijo que el expresidente Uribe tuvo conocimiento de las masacres.
“Fue Iván Ramírez quien me manda para que organice y coordine la operación que me pide Pedro Juan Moreno. Y Pedro Juan Moreno viene a nombre de Uribe. Uribe se ha reunido conmigo, y yo me reuní, el coronel Raúl Suárez, comandante de la Policía de Córdoba, me llevó a reunirme a la finca de Uribe, por el gobernador Uribe para aquel momento y Uribe siempre tuvo conocimiento de la operación del Aro”, señaló Mancuso.
Sin embargo, Uribe ha insistido en repetidas ocasiones que esa supuesta reunión nunca se dio y que Mancuso se contradice en todas sus versiones. “Pude fácilmente ser amigo de Mancuso, pero no pasó. Dice que fue al Ubérrimo a una reunión conmigo y con el coronel Suárez, pero eso no fue cierto”, dijo el expresidente.
Por otro lado, se sabe que las masacres fueron denunciadas por el abogado y defensor de DD. HH., Jesús María Valle, nacido en Ituango, quien además señaló que el Ejército y agentes del Estado fueron cómplices del crimen. El jurista fue asesinado el 27 de febrero de 1998 en su despacho del centro de Medellín.
Sobre ese episodio que también se ha relacionado con Uribe, el exmandatario explicó que “me reuní con el doctor Jesús María Valle no menos de cuatro ocasiones. Éramos de la misma universidad, yo nunca sentí que tuviera enemistad con él o animadversión. Lo recibía con toda desprevención”.
Y aseguró que no tuvo nada que ver con su asesinato. “Lo asesinaron el 27 de febrero de 1998. Llevaba casi dos meses en la Universidad de Oxford. ¿En qué consiste la mentira? La última reunión que él tuvo conmigo fue por ahí en noviembre o diciembre de 1996, o sea, como 14 meses antes de que lo asesinaran. Por favor, ¿cómo mienten unos abogados de esta manera en unas audiencias judiciales y su fuente es Wikipedia? Eso es muy fácil. Wikipedia también se equivoca”, explicó Uribe.
Así mismo, el expresidente volvió a insistir en la presunta falta de verificación por parte de la JEP al momento de aceptar a Mancuso y sus declaraciones. “Yo he creído que la traída de Mancuso al país no tiene sino un objetivo. Darle impunidad a cambio de que maltrate mi honra en esa fabricación de infamias para que a mí me pongan preso. Ese es el único objetivo de la traída de ese bandido a Colombia”, dijo Uribe.
Por ahora, solo resta que la Fiscalía determine si vincula, o no, al expresidente Uribe mediante indagatoria al proceso.