El pasado 20 de julio arrancó un nuevo periodo legislativo y el Ejecutivo, en cabeza del ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, se propone sacar adelante una ambiciosa agenda de reformas. El paquete fue presentado al Pacto Histórico.
Este lunes, durante una reunión de la bancada del Pacto Histórico con el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, el Gobierno Nacional reveló cuáles serán los proyectos que priorizará durante la legislatura que arrancó el pasado sábado 20 de julio.
En primer lugar figura la reforma a la salud, que el Ejecutivo tramitó durante las primeras dos legislaturas, pero que terminó naufragando en abril pasado, en el tercero de sus cuatro debates, ante la falta de consensos entre las diferentes bancadas.
Por otro lado, otra de las prioridades del gobierno de Gustavo Petro será la reforma laboral, que alcanzó a ser aprobada en el paso periodo legislativo en primer debate y a la que ahora le restan tres discusiones antes de ser ley de la República.
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En tercera instancia aparece la reforma a la ley de servicios públicos que está cimentada, entre otros principios, por la justicia tarifaria, universalización en la prestación del servicio, el usuario como el centro de la regulación, focalización de subsidios y participación comunitaria en la prestación del servicio.
Sumado a una ley para regular la pequeña minería, aparece también la primera iniciativa que se enmarca en el paquete de proyectos para avanzar en la reforma a la justicia: la reforma al sistema penal acusatorio.
En sexto lugar sobresale la fallida reforma a la educación, que naufragó en tercer debate en junio pasado luego de que sectores gobiernistas y oposición partieran cobijas, entre otros, tras los reparos de Fecode o la CUT –cercanos al Gobierno de Gustavo Petro–, que reclamaron que el acuerdo pactado promueve la privatización, implica retrocesos frente a las garantías del derecho a la educación y dispara las barreras de acceso.
Finalmente, en la agenda del Gobierno figura la optimización de inversiones para la transformación económica y un proyecto de acto legislativo –es decir, que implica cambiar la Constitución–, para fortalecer la autonomía territorial.
El pasado sábado durante la instalación de la nueva legislatura, el presidente Petro se abstuvo de mencionar su Asamblea Nacional Constituyente –que sin duda viene caldeando los ánimos durante los últimos meses en el Congreso–.
Sin embargo, sí defendió su idea de un ‘fast track’ para acelerar la implementación del Acuerdo de Paz, al tiempo que habló de un acuerdo nacional e insistió enfáticamente en sacar adelante varias de sus reformas.
En la intervención del presidente –que se extendió por una hora y cinco minutos, es decir, 40 minutos menos frente a su discurso de 2023– hubo un mea culpa al reconocer las afectaciones y dolores de cabeza que le ha traído a su gobierno el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), mientras fue dirigida por Olmedo López.
Uno de los momentos más álgidos fue cuando el jefe de Estado anunció que persistirá en presentar un paquete de normas para agilizar la ejecución del Acuerdo de Paz a través de un ‘fast track’: “No estoy hablando más sino de un trámite rápido, lo cual implica acuerdos políticos para desarrollar los cambios de normas para hacer realidad el Acuerdo de Paz y los cambios de normas que nos permitan la reactivación económica en la agricultura, vivienda, turismo e industria”.
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Por todo ello, el mandatario –que apenas días atrás se quejaba de quienes buscan “aislar el Gobierno del Congreso para que no se aprueben las reformas” y que se promovía un supuesto golpe blanco– concluyó diciendo que lo que se requiere es un pacto político para acordar las reformas: “No es para quedarnos quietos en el statu quo, apostémosle a la tarea de concertar los cambios, no los anticambios”, precisó.
