Casi en el mismo momento que El Tiempo reveló que Estados Unidos financió la compra del software Pegasus para Colombia, en la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) se estaba librando una guerra interna que terminó con la salida de varios poderosos funcionarios. Uno de los motivos de la purga, que viene desde hace meses, es la molestia por las distintas versiones sobre la adquisición de ese software. Pero va más allá. La “guerra intestina”, protagonizada por varios exM-19 y cercanos al presidente Gustavo Petro, llega hasta la Casa de Nariño y la Unidad Nacional de Protección (UNP).
“Inteligencia colombiana ya sabía que EE. UU. había financiado Pegasus antes de la alocución presidencial del 4 de septiembre”, le dijo a EL COLOMBIANO una funcionaria bajo la condición de no ser citada con su nombre. La fuente se refiere al día en que el mandatario colombiano dio a conocer un documento confidencial enviado por la inteligencia financiera israelí en el que se revelaba una transacción de 11 millones de dólares supuestamente bajo la administración de Iván Duque.
Semanas después, funcionarios de Estados Unidos le revelaron a ese medio que su país había financiado el software con dinero lícito para perseguir narcotraficantes y que ni Duque ni Petro sabían. Sin embargo, llama la atención que una operación y financiación de ese tamaño, con aliados estratégicos como Estados Unidos o Israel (de donde proviene el software), no fuera conocida por ambos mandatarios.
Además, los cuestionamientos sobre el uso indebido de Pegasus, que infiltraba teléfonos sin ser detectado, ya llenaban los titulares de México y Panamá desde 2018. De hecho, en 2021, el presidente Joe Biden decidió incluir en una lista negra a NSO Group, la creadora del software.
En el caso de Petro, dicen las fuentes, el hecho de que aparentemente no supiera que Estados Unidos había financiado el software para el momento de la alocución tiene que ver con una especie de “burbuja” creada por varios funcionarios que “evitan ocasionarle problemas al presidente”. Pero ese sería apenas un síntoma de lo que está sucediendo en los organismos de inteligencia del Estado.
Una de las batallas más complejas es en la Dirección Nacional de Inteligencia –la nueva versión del DAS desde su liquidación en 2011– al mando del abogado Jorge Lemus Montañez, un exM-19 que cuenta con la confianza y apoyo de otro poderoso funcionario del Gobierno, Augusto Rodríguez, director de la UNP, aliado de Petro desde hace tres décadas.
Un par de semanas después de la alocución presidencial sobre Pegasus, Lemus acudió a un debate de control político en la Comisión Segunda del Senado. A su salida, le dijo a los medios versiones contradictorias sobre la adquisición del software pues aseguró que “no hay indicio de la compra, no hay rastro”, pero al mismo tiempo dijo que “el presidente tiene indicios muy importantes sobre Pegasus”.
Las declaraciones no cayeron bien no solo en Palacio, pues se interpretaba que se estaba desautorizando lo revelado por el presidente Petro, sino también en la propia DNI y el sector Defensa, incluida la Dipol (Dirección de inteligencia Policial).
“Guerra intestina”
El predecesor de Lemus en la DNI fue Carlos Ramón González, también ex-M19 y dueño (literalmente) del partido Alianza Verde. González había sido director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), cargo que ahora ocupa Laura Sarabia.
Algunas versiones señalaron en su momento que había una “guerra fría” entre Sarabia y la Primera Dama, Verónica Alcocer, contra los exM-19, como Augusto Rodríguez, Carlos Ramón González, Jorge Lemus y Carlos García (hasta hace poco director de Migración Colombia). Otro de los puentes entre DNI, UNP y Dipol con Presidencia sería un exM-19 que se mantiene en la sombra, pero que fuentes de inteligencia le dijeron a este diario es conocido como “Abraham”: “tiene un perfil como de José Obdulio Gaviria en la Presidencia de Uribe”, aseguran.
Sin embargo, el bloque de los exM-19 no está tan unificado, según conoció este medio. Precisamente, en la DNI, Lemus decidió hacer un barrido desde hace varias semanas y sacó a funcionarios nombrados por Carlos Ramón González —hoy por fuera del Gobierno, salpicado por el escándalo de la Ungrd—, pero mantuvo a varios que tienen cercanía con Augusto Rodríguez, quien cada vez está más cerca de Petro en Palacio.
En esa última purga, con las revelaciones sobre Pegasus como telón de fondo, salieron el exdirector de Inteligencia, Mauricio Ospina (hermano del exalcalde de Cali Jorge Iván Ospina), Zamira González, asesora jurídica, quien venía de ser la mano derecha del Carlos Ramón G. en el Dapre, y el director de archivo.
“Yo hablé con el presidente porque estaba esperando unas directrices. Pasó el tiempo y nunca me dieron las directrices y hablé directamente con el presidente. Eso le causó a él (Lemus) un gran celo y me pidió la renuncia. Esa es la verdad”, le dijo a EL COLOMBIANO Ospina, quien fue senador por el Polo Democrático Alternativo entre 2010 y 2014.
Este diario conoció que a Ospina le quitaron algunas de las funciones de inteligencia que tenía en la entidad. Una fuente de la DNI asegura que en varias ocasiones se ha intentado crear, vía Congreso, una dirección de contrainteligencia porque esas herramientas compartidas generaron choques constantes entre funcionarios, pero que en este Gobierno han aumentado: “No hay confianza en la DNI (...) un director de inteligencia sin contrainteligencia queda ciego, manco y sordo”, asegura una fuente de la entidad.
La otra funcionaria que salió, Zamira González, le dijo a EL COLOMBIANO que “mi cargo era un cargo de confianza y de libre nombramiento y remoción, el director (Lemus) empezó a armar su equipo una vez ratifican por segunda vez su encargo y yo presento la renuncia, que me es aceptada. Yo salí porque el director estaba organizando su equipo de trabajo, y es apenas natural, más cuando yo era el asesor más alto del despacho del director. Carlos Ramón nada tiene que ver con las salidas de la entidad”.
Meses antes, se produjo la salida del director de contrainteligencia de la entidad, el coronel en retiro de la Policía, Edwin Chavarro. El entonces director de la DNI, Carlos Ramón González dijo que Chavarro “hacía parte de una de las direcciones de inteligencia (...) con la llegada mía, hubo un señalamiento concreto de este señor por parte de los magistrados de las altas cortes”, haciendo referencia a la preocupación de varios magistrados quienes aseguraron que sus teléfonos estaban siendo interceptados ilegalmente.
Pero hasta este momento, la desconfianza no baja. Por ejemplo, funcionarios de la DNI consideran que las filtraciones sobre el software Pegasus que publica la Revista Raya en RTVC (en el que no se cuestiona el papel de este Gobierno) provienen de esa entidad.
Por eso, en la reunión de funcionarios norteamericanos en Casa de Nariño del pasado 7 de noviembre no asistió nadie de la DNI, según contó El Tiempo. En esa reunión, donde buscaban contarle al presidente Petro que EE. UU. compró el software Pegasus, tampoco fue la fiscal Luz Adriana Camargo, de quien recientemente se ha cuestionado su independencia frente al Ejecutivo.
Camargo dijo a finales del pasado mes de octubre que “la operación por 11 millones de dólares existió” y que Colombia sí adquirió el software, pero que no se sabe quién lo tiene. Una versión contraria a la de Estados Unidos.
EL COLOMBIANO le envió un cuestionario a la DNI y su director Jorge Lemus para conocer su versión sobre la guerra interna en la entidad que dirige, pero al cierre de esta edición no ha respondido. En Palacio tampoco dan razón sobre este tema, donde se libra otra guerra por el poder detrás del poder.
