Sin acuerdo entre Thomas Greg & Sons y la Cancillería por la licitación de los pasaportes terminó la audiencia de conciliación ante la Procuraduría General de la Nación.
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En la sesión, la empresa –que se vio afectada tras declararse desierta la licitación– no aceptó la conciliación parcial e insistió en exigirle al Estado una indemnización por $117 mil millones.
Esta conciliación ha tenido distintos tropiezos. Por un lado, la renuncia de Martha Lucía Zamora como directora de la Agencia de Defensa Jurídica de la Nación, a la que se le sumó la de Germán Calderón España, quien representaba al fondo rotatorio de la entidad. En su reemplazo se designó al abogado Ernesto Matallana Camacho.
Zamora y Calderón España se fueron de sus cargos luego de proponer una conciliación con Thomas Greg & Sons que el canciller Álvaro Leyva insiste en que no se dé, a pesar de las advertencias de los abogados de una demanda millonaria de esa firma contra el Estado, que tendría todas las de perder en los tribunales.
La Procuraduría, por su parte, reclamó precisiones al señalar que no se cumplió con los requisitos para conciliar, luego de que el comité creado para desatar la discusión de este problema jurídico votara a favor de aceptar un camino extrajudicial.
A todo lo anterior se suma la declaración de urgencia manifiesta, mediante la cual se busca continuar prestando el servicio de elaboración de pasaportes mientras se resuelve si hay o no nueva licitación para su elaboración.
En ese escenario, la compañía Thomas Greg & Sons recibió una prórroga del contrato que venía ejecutando por un año, ante el temor del Gobierno nacional de una parálisis en la elaboración del documento de identificación en el extranjero.
El contralor en funciones, Carlos Mario Zuluaga, le dijo a Colprensa que no se descartan eventuales sanciones y acciones de responsabilidad y repetición en caso de que un juez acepte la millonaria demanda contra el Estado.
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