Los campesinos que abandonen los cultivos ilícitos recibirán un subsidio temporal “por permitir que la selva recupere su frontera natural”, aseguró este martes el ministro de Justicia, Néstor Osuna.
Esa compensación económica hace parte de las estrategias que integran la nueva política de drogas del país, que demandará un presupuesto de aproximadamente dieciocho billones de pesos, según explicó el jefe de cartera a Colombia Hoy Radio.
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Osuna declaró que se trata de un “giro muy importante”, pues llevarán “el Estado social de derecho, la democracia, la prosperidad, la economía legal, a todas esas zonas donde no ha habido oportunidad de hacer nada diferente a tener cultivos ilícitos”.
“Se trata de sustituir la economía cocalera por una economía dentro de la ley”, indicó, mencionando que requerirá coordinación con otros organismos del Estado.
Agregó que la inversión “es una cifra muy considerable, pero cabe en las posibilidades del Estado colombiano”.
“Esas personas dejarían de cultivar. Entonces, mientras encuentran otra actividad lícita, en otra parte, la oferta del Gobierno es que les otorgará un subsidio económico por dejar que la selva recupere su frontera natural”, concluyó.
Por último, Osuna reiteró que “se trata de una política de oxígeno y asfixia. Oxígeno para esas comunidades siempre marginadas, para la naturaleza, y asfixia para el narcotráfico, para el lavado de activos, para el comercio internacional de las drogas”.
Asimismo, el enfoque incluye la atención a consumidores problemáticos con políticas de salud pública.
Otras propuestas del Gobierno para enfrentar los cultivos de coca
Esta propuesta del ministro Osuna hace parte de las propuestas que el Gobierno de Gustavo Petro ha esbozado en materia de política de drogas. En febrero pasado, el presidente de la República planteó la posibilidad de legalizar por lo menos el 67% de los cultivos de coca que hay en todo el país.
Ese proyecto llegó a las oficinas del Consejo Nacional de Estupefacientes y proponía despenalizar los pequeños y medianos cultivos de hasta 10 hectáreas de siembra para que transiten hacia economías legales.
En ese momento, este enfoque fue criticado por abrir la posibilidad a que más de la mitad de cultivos de Colombia sean legales y que, de paso, eliminaría la persecución penal contra los pequeños cultivadores y la erradicación forzada contra esas mini-plantaciones.
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