24 %
de las hectáreas destinadas a Evoa cuentan con permisos técnicos o ambientales.
La explotación de oro de aluvión (Evoa) con maquinaria en tierra llegó a 100.752 hectáreas en Colombia durante 2020. Así lo reveló el más reciente informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), el Ministerio de Minas y Energía y el Gobierno de EE. UU., que dio luces sobre el estado de esta actividad en Colombia y mostró que también creció la ilicitud.
Vale decir que el reporte solo recoge los datos del oro de aluvión, el cual se explota en los ríos o en sus playas. No incluye datos de la minería de subsistencia, ni de la subterránea.
Durante la presentación del documento, Sandra Rodríguez, líder del Área de Procesamiento Digital de Imágenes Satelitales de la Unodc, explicó que usaron herramientas de percepción remota que identificaron las evidencias que dejaba la maquinaria que se utiliza en tierra en la Evoa.
Concluyeron que esta actividad se realizó en 12 de los 32 departamentos del país y aumentó un 3 % en 2020, en comparación con los datos de 2019, cuando se registraron evidencias de Evoa en 98.028 hectáreas. Además, señalaron, la Evoa cubrió un área mayor en Antioquia, con 40.890 hectáreas (el 41 % del total nacional), y en Chocó, con 36.552 hectáreas (36 %).
Incremento en producción
Los datos muestran que, tanto la explotación como la producción de oro crecieron. En el informe quedó expuesto que la producción nacional de oro pasó de 37,5 toneladas en 2019 a 47,8 toneladas en 2020. Antioquia es el departamento del país que más contribuye a la cifra, pues representa el 62 % del total, lo cual corresponde a 29,6 toneladas.
Estas cifras son de la “producción oficial, es decir, lo que reportan los titulares oficiales, quienes tienen permisos técnicos y ambientales”, señalaron desde la Unodc a EL COLOMBIANO.
Y explicaron que, además, están trabajando en una metodología para determinar cuánta cantidad de oro se produce en cada hectárea donde hay Evoa con maquinaria en tierra.
Indicaron que es más complejo sacar estas conclusiones debido a que pueden variar mucho dependiendo del tipo de territorio y la maquinaria que se utilice.
Por su parte, Eduardo Alfonso Chaparro, geólogo y exdirector de la Cámara de Minera de la Andi, sostuvo que este crecimiento en la producción “es una situación internacional que está motivada por (el incremento) del precio del oro”.
Y subrayó que este metal precioso no solo tiene una importancia estética y monetaria, sino también tecnológica, pues se utiliza para desarrollar todo tipo de dispositivos.
El problema de la ilicitud
El dato que generó preocupación es que la cantidad de hectáreas ilícitas pasó de 66 % en 2019 a 69 % en 2020. Para Gerardo Torres, doctor en Biología y profesor de la Universidad del Cauca con experiencia en investigaciones de minería, esto responde a varios factores: “La ausencia del Estado en algunas regiones, el conflicto armado y la presencia de grupos ilegales que no solo han aprovechado la coyuntura de la falta de presencia estatal, sino que también se han fortalecido con cultivos ilícitos”.
De hecho, uno de los datos que compartió Pierre Lapaque, representante de la Unodc en Colombia, apuntó a que “en el 41 % de los territorios con presencia de Evoa en tierra se identificaron igualmente cultivos de coca”. Por ello, hizo énfasis en el trabajo localizado que deben hacer las autoridades.
El trabajo del Estado
Durante la presentación del informe, Álvaro Chaves, director de Seguridad Pública e Infraestructura del Ministerio de Defensa, señaló que estos datos permitirán mejorar las estrategias de la Fuerza Pública en terreno. Y resaltó que se han hecho 422 casos operativos, se han intervenido cerca de 2.376 minas y han capturado a 715 personas. También han incautado cerca de 16,36 kilos de oro.
Por su parte, el analista Chaparro, opinó que se han visto esfuerzos de parte del Estado para censar las personas dedicadas a la minería. De hecho, el ministro de Minas y Energía, Diego Mesa, dijo que trabajan por formalizar a los mineros, 5.000 de los cuales han atravesado con éxito ese proceso en los últimos años.
Y anunció que de aquí al 2022 planean que otros 27.000 también sean formalizados. “Hemos asignado más de $36.000 millones a seis proyectos (...) orientados a fortalecer los centros de desarrollo minero en el territorio, ofreciéndoles servicios a los mineros que tienen vocación de legalidad”, añadió Mesa.
Por último, el geólogo Chaparro recomendó “establecer un programa continuado y de largo plazo de formalización”. Agregó que esto debe ser una política de Estado que “trascienda los Gobiernos” y que debe incluir a las empresas que apoyan la licitud de la minería.
