Los hechos de violencia en Jamundí, Valle del Cauca, y Cajibío y Caloto, en Cauca, que se presentaron esta semana, dejaron en evidencia la vulnerabilidad e inseguridad que vive la población ante el crecimiento del control territorial de los integrantes del Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc.
También se habla de un debilitamiento de la Fuerza Pública y las Fuerzas Militares que desde el propio Gobierno se han empecinado en negar; sin embargo, el ministro de Defensa, Iván Velásquez habría dejado en el ambiente la posibilidad de que esto sea cierto, pero no por decisiones del actual gobierno del presidente Gustavo Petro, sino de la Presidencia anterior.
De hecho, ese ha sido una de las peticiones que la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, le ha hecho en los últimos días al Gobierno para contrarrestar los ataques del frente Jaime Martínez de las disidencias.
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El batallón que fue retirado era el Batallón de Infantería Nº 8 Batalla de Pichincha que, según dijo la gobernadora, tenía al rededor de 600 soldados que fueron trasladados a otras regiones.
El ministro Velásquez aseguró que los predios en los que estaba el batallón fueron invadidos, por lo que adelantan acciones con la gobernadora del Valle y la alcaldesa de Jamundí para ubicar un terreno en el que se pueda establecer nuevamente esa unidad.
Así mismo, el ministro indicó que los ataques del Estado Mayor Central tienen como objetivo presionar al Gobierno para que restablezca el cese al fuego con esa disidencia en Cauca, Nariño y Valle del Cauca. Sin embargo, Velásquez sostuvo que esa no es una posibilidad y, por el contrario, ya está en marcha un plan de fortalecimiento de las Fuerzas Militares que contempla la incorporación de 16.000 soldados profesionales para el Ejército y 20.000 hombres y mujeres para la Policía.
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“Ese fortalecimiento de la Fuerza Pública es indispensable tanto para la paz como para la guerra”, señaló el ministro, quien agregó que el propósito es generar condiciones de seguridad en todo el territorio combatiendo a las organizaciones ilegales.
“La situación de orden público en Colombia es compleja y dinámica, influenciada por factores políticos, económicos y sociales”, dijo Velásquez, y reiteró que “esto no significa de ningún modo que el Ministerio de Defensa haya perdido el control del orden público”.
