Frente a frente y a pocos metros de distancia, víctimas y victimarios se encontraron en Ocaña, Norte de Santander, en el primer acto de reconocimiento hecho por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en los procesos que adelanta por violaciones a los derechos humanos en el marco del conflicto armado en el país.
Por un lado estaban más de 30 víctimas vestidas con camisetas negras, con el mensaje “¿quién dio la orden?”. Del otro, 10 exmilitares y un civil (uno de ellos de manera virtual), que empezaron a reconocer su responsabilidad en 120 casos de “falsos positivos” que ocurrieron en el Catatumbo, Norte de Santander.
La diligencia, que marca un hito para la paz en Colombia, inició con la presentación de las víctimas, comparecientes y abogados, entre otros, y tuvo una dinámica de 30 minutos de intervención para las víctimas y 20 para los comparecientes.
¿Qué reconocieron los militares?
El antiguo comandante de la Brigada Móvil 15 entre 2006 y diciembre de 2007, el excoronel Santiago Herrera Fajardo, aceptó su responsabilidad en los falsos positivos que ocurrieron en Catatumbo y describió la manera en la que presionó a sus subalternos para que estos hechos ocurrieran.
“Reconozco que mientras ejercí ese cargo operó al interior de la Brigada una estructura criminal de facto. Este lamentable acto criminal fue conformándose por algunos de los miembros de la Unidad Militar bajo mi mando, a medida que yo iba presionando a mis subalternos para que obtuvieran resultados en términos de bajas en combate a como diera lugar”, dijo Herrera.
Esta presión de resultados, según el excoronel, se dio en respuesta a la dinámica de guerra que estaba establecida al mando del general Mario Montoya y del Comando de la Segunda División, al mando del mayor general Carlos Ovidio Saavedra.
La finalidad de la presión de resultados, de acuerdo con el excoronel, tenía como objetivo incrementar las estadísticas en términos de muertes en combate. “De esa forma, los militares que decidieron conectar a las nefastas prácticas de esta estructura criminal cometieron homicidio de civiles inocentes y en situación de indefensión (...) y fue motivada a partir de mis presiones y motivaciones”, aseveró el exmilitar.
Esta política de resultados la realizaba el excoronel a partir de presiones mediante programas radiales, comunicaciones individuales, competencia entre unidades por el mayor número de resultados, amenazas de anotaciones negativas en el folio de vida por falta de gestión y deficientes resultados operacionales a los comandantes del Batallón de Contraguerrillas.
Además, los militares que cumplieran con las muertes en combate, eran premiados con permisos y viajes, planes de bienestar, comisiones al exterior, cursos de piloto y aviación, según precisó el excoronel, que declaró: “Asumo mi responsabilidad de haber permitido estos patrones y acciones criminales por mis subalternos, por las motivaciones y presiones”.
Por su parte, el excomandante Rubén Darío Castro, también comandante de la Brigada Móvil 15, pero entre 2006 y 2008, confirmó lo dicho por el excoronel Herrera Fajardo, con relación a que dentro de la Brigada existía una estructura criminal.
“Fue creada con el único fin de incrementar los resultados operacionales, con una exigencia que no era sino la de bajas en combate a como diera lugar, esto con base en las políticas del comandante del Ejército”, reveló.
El excomandante agregó que esta banda criminal se mantuvo, bajo su mando, porque continuó con la exigencia de pedir resultados operacionales a como diera lugar y siempre representadas como bajas en combate.
“Reconozco que por mi exigencia y por exigirle a mis subalternos, en estos resultados fueron asesinadas personas que nada tenían que ver con el conflicto armado, personas que eran campesinas y trabajadores del Catatumbo, como también jóvenes que fueron trasladados de otros lugares a esta región, para ser presentados como muertos en combate”, dijo el excomandante.
Agregó que firmó documentos sin verificar de la forma como se cometían los falsos positivos, como también, por falta de control, permitió que se pagaran dineros de fondos reservados sin ejercer ningún tipo de supervisión.
Durante esta diligencia, el mayor Juan Carlos Chaparro Chaparro, excomandante del Batallón de Infantería No. 15 ‘General Francisco de Paula Santander’ (BISAN), también reconoció su responsabilidad. Con la voz entrecortada, resaltó: “mancillé el nombre de ellos (...) Inclusive con voz fuerte les decía que los familiares de ellos estaban en alguna estructura, siendo esto falso, siempre acompañando lo que los subalternos en su momento hicieron y dándole fe a ellos, de que lo que estaban haciendo estaba bien”.
El militar retirado agregó que él hizo toda la documentación de las bajas que reportaban los militares sobre las operaciones. “Trasnochábamos haciendo documentación, cambiando documentación, borrando documentación, y siempre después de que ya todo estaba bien, mancillando el nombre de sus familiares, tildándolos de lo que no eran”, dijo.
Otro militar que reconoció sus actos fue Daladier Rivera Jácome, capitán (r) del Ejército, quien dijo que varias de las armas que se les ponían a las víctimas para hacerlas ver como guerrilleros, se obtuvieron de una caleta que él mismo encontró en 2016, “las cuales se enviaban de los comandantes para que se desarrollaran las operaciones falsas y los falsos positivos”.
En el marco de su declaración, ocurrió un momento emotivo: el exmilitar le pidió a Villamir Rodríguez, una víctima sobreviviente que estuvo preso, que se pusiera de pie y le pidió perdón. “Yo elaboré unos falsos documentos de inteligencia, los cuales puse a disposición de la Fiscalía, unos desmovilizados que obtuvieron una dádiva se sentaron a declarar para que estuviera detenido”.
En la zona del Catatumbo (Norte de Santander), el patrón criminal de las ejecuciones extrajudiciales tuvo dos modalidades que se distinguen por el perfil de las víctimas. En ellas participaron miembros de la Brigada Móvil 15 y el Batallón de Infantería No. 15 ‘General Francisco de Paula Santander’.
La sala estableció que los 120 asesinatos y las desapariciones forzadas que fueron identificadas en el Catatumbo respondieron a un mismo patrón macro criminal.
