La salida de la cárcel de otro cabecilla extraditado de “la Oficina”, pone de nuevo el dedo en la llaga sobre los miembros y socios de esa organización que pagan penas en EE. UU., pero no tienen órdenes de arresto en Colombia.
Luis Fernando Castaño Alzate, alias “Botija” o “la Firma”, fue condenado a 10 años por la Corte del Distrito Medio de La Florida, por el delito de narcotráfico. Según el expediente, llegó a ser aliado financiero de la principal banda del Valle de Aburrá y fungió como intermediario en el tráfico de cocaína entre grupos colombianos y mexicanos.
Fue capturado en Medellín en 2009 y extraditado al año siguiente. Firmó un acuerdo de culpabilidad con la justicia estadounidense, por el cual aceptó uno de los cuatro cargos por narcotráfico que le endilgaban, y se convirtió en testigo de la DEA en procesos contra otros compatriotas en estrados de Nueva York.
De acuerdo con una solicitud enviada por su abogado Rubén Oliva al juez de La Florida (15/10/12), el testimonio de “Botija” fue clave para los procesos que terminaron con la extradición y condena de Carlos Arturo Patiño Restrepo (“Patemuro”), cabecilla del cartel del Norte del Valle; y del comandante paramilitar Eder Pedraza Peña (“Ramón Mojana”).
En su proclama, el defensor le pidió al juzgado que, para una rebaja de penas, tomara en cuenta la colaboración de su cliente, su arrepentimiento y el riesgo que asumían él y su familia al delatar a esos capos tan violentos.
El objetivo se logró y, tal cual confirma el registro judicial público (docket) de La Florida, el pasado 13 de abril fue dejado en libertad por el Buró Federal de Prisiones, luego de pasar seis años tras las rejas.
Las autoridades desconocen si permanece en suelo estadounidense o regresó a nuestro país, donde no tiene órdenes de captura vigentes.
El único caso pendiente en su contra, según la Fiscalía colombiana, es un proceso de extinción de dominio sobre nueve bienes y propiedades avaluadas en $45.000 millones, las cuales están ubicadas en Envigado, Girardota (Antioquia) y Sucre.
¿Afortunados?
La situación presentada con “Botija” se viene repitiendo en los últimos años con otros integrantes de “la Oficina”, que pese a confesar crímenes en juzgados de EE. UU. carecen de causas penales en Colombia.
Uno de los máximos cabecillas, Carlos Mario Aguilar Echeverry (“Rogelio”), salió de la cárcel de Manhattan en 2015 (donde pagó siete años) y logró que la justicia de esa nación le concediera un permiso especial para permanecer allá, amparado en la Convención Internacional contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de la ONU (1987), alegando que ese sería su destino si volvía a su país de origen.
Así evitó la deportación, al igual que Juan Carlos “el Tuso” Sierra, compinche financiero de “la Oficina” y las Autodefensas, quien pagó cinco años y quedó libre en 2013, favorecido por aquella norma internacional y la colaboración que brindó a la DEA en procesos contra otros perseguidos.
Por su parte, Gustavo Álvarez Téllez (“Gordo Tavo”), a quien el presidente Juan Manuel Santos había calificado como uno de los más buscados de Colombia, por sus nexos con “la Oficina” y “los Paisas”, recibió una irrisoria condena de 36 meses en Nueva York y salió en 2013, sin deudas con la justicia colombiana.
Otros antiguos narcotraficantes y compinches de capos que volvieron a Colombia sin causas penales en contra, pese a haber confesado delitos ante jueces extranjeros, son: Jorge Iván González Martínez (“Jota Firma”), exsocio de paramilitares; Carlos Ramón Zapata (“el Médico”), quien trabajó para los carteles de Medellín y Norte del Valle; y el abogado Gabriel Puerta Parra (“doctor Parra”), colaborador de narcos antioqueños y vallunos.
¿Por qué sus confesiones en EE. UU. no sirven para abrirles expedientes aquí, si pertenecieron a bandas?
El consultor en seguridad, John Marulanda, responde que “en general hay colaboración entre la justicia de EE. UU. y la de Colombia, pero mientras la de allá es autónoma e independiente, la de aquí está politizada, y ese desbalance se nota en este tipo de casos”.
En la pasada administración del fiscal general Eduardo Montealegre fueron creadas agregadurías de la Fiscalía en las principales embajadas de Colombia en el mundo, pensando en atender situaciones como las denunciadas; no obstante, el panorama ha cambiado poco.
A juicio de Marulanda, “esas agregadurías no sirvieron porque las diseñaron para extender el poder de Montealegre, pero no pensando en atender estos problemas”.
