La secretaria ejecutiva de Cambio Climático para la ONU, Patricia Espinosa, no se puso con rodeos y rajó hace dos semanas el compromiso de los países para limitar el aumento de la temperatura global a 1,5 ºC, tal como lo propone el Acuerdo de París.
Espinosa reprochó que solo 75 de los 189 países que ratificaron el Acuerdo actualizaron el año pasado su Contribución Nacionalmente Determinada –NDC–, es decir, su paquete de objetivos en cuanto a mitigación (reducción de emisión de gases de efecto invernadero GEI) y medidas de adaptación al cambio climático. En lo que a la ONU respecta, salvo Colombia, Reino Unido y Argentina, las naciones quedaron en deuda en sus compromisos climáticos con miras a 2030.
El reconocimiento internacional para Colombia llegó luego de que el Gobierno anunciara en noviembre pasado que su nueva aspiración en reducción de emisiones de GEI a 2030 pasaría del 20 %, su compromiso en 2015, al 51 %.
Hace una semana Minambiente entregó oficialmente el documento en el que consta el plan que hará posible tan aplaudida promesa.
La nueva NDC del país contiene 148 metas, acciones y medidas de mitigación; 30 de adaptación –20 más que en 2015– y además incluye 18 metas de medios de implementación en planificación; información, ciencia, tecnología e innovación; educación y capacitación; y financiación.
Los aciertos
Francisco Charry, director de Cambio Climático y Gestión del Riesgo de Minambiente, explica que son varios los pilares que hacen de esta nueva NDC una eficiente hoja de ruta.
“Logramos avanzar hacia una mayor individualización de las emisiones que producen los principales gremios del sector AFOLU (Agricultura, Ganadería, Silvicultura y usos de la tierra), con esto podemos identificar los procesos productivos susceptibles de cambio para lograr reducir las emisiones”, manifestó.
La dinámica del sector AFOLU en Colombia está estrechamente relacionada con la deforestación por la conversión de bosques a usos agrícolas, ganaderos y forestales. Todo este fenómeno es responsable del 58 % de las emisiones de GEI que produce el país anualmente.
Óscar Guevara, especialista en biodiversidad y cambio climático de la WWF, califica como positivo no solo la meta planteada de reducción de deforestación a 50.000 hectáreas a 2030 (en 2019 fue de 159.894 ha), sino “la creciente asignación de responsabilidades a los gremios productivos para frenar, compensar y revertir su impacto sobre los bosques, mediante nuevos modelos de producción. Aunque es un camino que el país apenas está explorando”.
Respecto a los demás pilares del documento, Charry resalta el compromiso de reducir en un 40 % de la emisión de carbono negro en relación a los niveles de 2014, que arrojó 15.235 toneladas anuales, es decir, en 2030 el país debería reducir la emisión de este contaminante, uno de los principales responsables del deterioro de la calidad del aire y el principal factor de riesgo ambiental a la salud, a no más de 9.115 toneladas.
“Somos el tercer país en el mundo que incluye un compromiso de reducción de carbono negro. Y la viabilidad de estas metas es posible porque hemos mejorado nuestra capacidad técnica de medición y obtención de información y con base en esto definir acciones de verdadero impacto. Para la muestra está la reciente Guía para elaboración o actualización de inventarios de emisiones de GEI en ciudades que les permitirá a las urbes principales identificar sus fuentes de emisiones y diseñar estrategias en materia de movilidad, urbanismo, servicios públicos, gestión de residuos, y así ejercer el rol protagónico que dice la ONU tendrán las ciudades contra el cambio climático de aquí a 2050”, señala el funcionario.
Los puntos débiles
Si bien la comunidad internacional ponderó la ambición en actualización de metas de Colombia frente al Acuerdo de París, el documento mantuvo la deuda con uno de los requerimientos principales que pide la ONU como parte de su estrategia de acción climática: inclusión étnica y de género.
El mismo documento reconoce la carencia de datos “diferenciados por sexo, sobre desigualdades de género relevantes para las acciones de adaptación y mitigación; datos sobre impactos, vulnerabilidades diferenciados por género y que ayuden a visibilizar grupos étnicos y campesinos”. Y señala que “en el futuro” Colombia espera fortalecer este proceso de recolección de información.
No obstante, organizaciones sociales y de derechos humanos como Ambiente y Sociedad exponen que aunque pusieron a disposición herramientas, recursos y estrategias para que la NDC tuviera un enfoque de derechos humanos, étnicos y de género, no hubo recepción por parte del Gobierno.
“Las comunidades indígenas protegen el 80 % de la biodiversidad y el 24 % del carbono de bosques tropicales; sin su inclusión y reconocimiento no es posible una acción climática efectiva”, explica María Alejandra Aguilar, coordinadora de justicia climática de Ambiente y Sociedad.
La deuda no es exclusiva de Colombia. De hecho, el pasado viernes la ONU publicó su informe “Derechos a tierras, territorios y recursos” el cual deja en evidencia que la agenda para el desarrollo sostenible de acá a 2030 excluye “ampliamente” los derechos de pueblos indígenas.
Y aunque la nueva NDC avanzó hacia una mejor respuesta en adaptación, entendiendo que Colombia es uno de los países más amenazados por los efectos del cambio climático, Mauricio Madrigal, director de la Clínica Jurídica de Medio Ambiente y Salud Pública de los Andes, lamenta la falta de reconocimiento y respuesta a las personas desplazadas por el cambio climático, es decir, que no existan de manera puntual estrategias de reasentamiento y relocalización a las personas que sufren en sus territorios la sumatoria de estragos desencadenados por el impacto ambiental producido por toda la sociedad.
“El país no puede quedarse solo en el avance técnico de unas metas. Sin el reconocimiento de la figura de desplazamiento climático, no es posible atender la problemática tal de una manera justa”.
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