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voceros tienen las bandas del Valle de Aburrá en la mesa de paz, todos en la cárcel de Itagüí.
El hundimiento en el Congreso del proyecto de ley para el sometimiento de los grupos de crimen organizado, con el cual se pretendía reglamentar los diálogos de paz con las bandas urbanas, terminó siendo un alivio para los cabecillas del Valle de Aburrá que adelantan conversaciones con el Gobierno.
Así lo confirmaron a EL COLOMBIANO fuentes cercanas a estas organizaciones, que desde un principio se opusieron a una ley que, según ellas, no incluía sus peticiones, era complicada de cumplir y otorgaba menos beneficios que el sistema penal ordinario.
La iniciativa, liderada por el Pacto Histórico e impulsada en el Congreso por el senador Ariel Ávila, quedó estancada al concluir la legislatura el pasado 20 de junio. Si la Casa de Nariño está interesada en revivirla, tendrá que volver a presentarla a partir del 20 de julio, y posiblemente aquí sí incluya algunas de las peticiones de las bandas, como la repatriación de extraditados y más penas alternativas a la prisión.
Incluso para la delegación gubernamental en la mesa de paz del Valle de Aburrá tampoco generó impacto el hundimiento del articulado. Según Jorge Mejía, el coordinador de dicha delegación, “no había mucha expectativa con ese proyecto de ley, ni por parte del Gobierno ni por las estructuras armadas”.
Añadió que “en el trámite legislativo se encontraron una serie de asuntos que el proyecto no contemplaba, por lo que la idea es volver a presentarlo en la próxima legislatura”.
¿En qué van los diálogos?
La mesa de diálogos se instaló el pasado 2 de junio en la cárcel de Itagüí, cuando el alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda, presentó en un acto público a las delegaciones del Gobierno y de las bandas. Sin embargo, a la fecha no se ha concretado la primera reunión oficial entre las partes.
Esto no quiere decir que no estén trabajando, recalcó Mejía. “Seguimos avanzando en la construcción de los protocolos, ya no será uno, sino varios; y en la adecuación del espacio en la cárcel”, dijo.
Los protocolos que están discutiendo en este momento buscan: 1). Definir las funciones de los miembros de la mesa, como los delegados, garantes y testigos internacionales; 2). Determinar el quorum mínimo para sesionar y la frecuencia, que podría ser una cita quincenal de ocho horas, respetando la jornada carcelaria; 3). Establecer cuándo habrá sesiones extras y por qué motivos; 4). El mecanismo de intervención social en los territorios de injerencia de las bandas, por ejemplo, con programas institucionales para jóvenes; 5). Las acciones a seguir en caso de contingencias.
Mejía indicó que los delegados del Gobierno están yendo, como mínimo, una vez por semana a Itagüí. “También estamos acondicionando un espacio de unos 30 metros cuadrados allá adentro, que será el sitio para las discusiones. La Mapp OEA ya donó los computadores”, acotó.
Orden público estable
Uno de los compromisos de las bandas, tal cual lo expresaron en un comunicado el mes pasado, es contribuir a la reducción de homicidios, algo que ya vienen haciendo desde finales de 2019 por acuerdos mafiosos entre ellos.
“Le estamos haciendo un seguimiento a la conflictividad urbana en el Valle de Aburrá. Hemos encontrado en ellos mucha disposición para colaborar”, detalló Mejía.
La estadística de asesinatos se ha mantenido estable en los últimos meses y no hay conflictos activos entre combos. Según el Sistema de Información para la Seguridad y Convivencia (Sisc) de la Alcaldía de Medellín, en lo corrido de junio se han registrado 24 asesinatos en la ciudad, los mismos que en junio de 2022.
En el comparativo anual, en 2023 van 166 homicidios, mientras que en el mismo lapso de 2022 iban 187 (una reducción de 21 casos).
El incidente más relevante en el bajo mundo desde que se instaló la mesa es el asesinato de José Carrillo Montoya (“Sólido”), un cabecilla de “Pachelly” que estaba en libertad. Esta banda es una de las más activas en la mesa, ya que puso a dos de los 17 voceros.
El 16 de junio lo mataron a tiros en una mina de Segovia, Antioquia, su pueblo natal. Sobre las implicaciones de este crimen “no se ha hablado en la mesa”, expresó Mejía.
