La Comisión Interamericana de Derechos Humanos dio a conocer este martes que a los reporteros José Alberto Tejada y Jhonatan Buitrago, del Canal 2 de Cali, se les otorgaron medidas cautelares luego de considerar que las condiciones en las que se encuentran en los últimos cuatro meses son graves.
Tanto Tejada en calidad de reportero, como Buitrago de camarógrafo han sido objeto de hostigamientos y amenazas, lo cual llevó a la Cidh a dictar que ambos “se encuentran en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos”.
Las intimidaciones de las que han sido víctimas tienen como origen el paro nacional que inició el pasado 28 de abril y que se extendió por cerca de tres meses. Durante esas jornadas, según la Comisión, se habló incluso de un pago para atentar contra la vida de Tejada, así como para vigilarlo y seguirle el rastro hasta las instalaciones del canal.
“Además, la solicitud indica que, por falta de medidas a su favor, tuvieron que implementar medidas de seguridad propias con donaciones de la comunidad”, informó la Comisión.
En esta situación, el Estado colombiano está enterado de las amenazas, de hecho dice contar con denuncias por este caso. Para custodiarlos, la Estación de Policía de Lido, en la capital vallecaucana, “buscó implementar medidas preventivas para minimizar el riesgo, pero que, por falta de cooperación de los solicitantes, no fue posible”, indica en su respuesta esta instancia internacional.
El Canal 2 y sus periodistas han sido también objeto de reconocimiento en redes sociales por sus informes durante el paro nacional en Cali y los municipios aledaños a esa ciudad como Jamundí o Palmira.
¿Qué sigue?
La situación llevó a que la Cidh se basara en el artículo 25 de su reglamento para solicitarle al Estado cuatro cosas en concreto. La primera de ellas es la mencionada protección a la vida e integridad de Tejada y Buitrago.
Por otro lado, para que puedan seguir desarrollando su oficio periodístico y la libre expresión sin altercados instó al Estado a que ellos “puedan desarrollar sus actividades como periodistas sin ser objeto de amenazas, hostigamientos u otros hechos de violencia en el ejercicio de sus labores”.
Y como últimos puntos está que se informen las medidas que los cobijarán, para así evitar su posible repetición, y que todo esto sean concertado con los beneficiarios y sus representantes.
La Comisión aclaró que esta medida cautelar y su adopción por parte del Estado no constituyen prejuzgamiento sobre una eventual petición ante el sistema interamericano en la que se aleguen violaciones a los derechos protegidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos u instrumentos aplicables.
La Cidh viene de recibir hace pocos días un nuevo informe sobre lo que pasó en el paro nacional y la crisis social que lo rodeó. La entrega la hizo el fiscal general Francisco Barbosa a directivas de la Comisión durante su visita a Washington, Estados Unidos.
En ella se habla de los actos de violencia en el marco de las protestas que ha podido constatar la Fiscalía durante los últimos meses. En una primera visita el 6 de junio pasado, miembros de la Cidh para escuchar diferentes voces y documentar lo que pasó en las protestas.
