El diagnóstico de Martín* desde hace seis años es un trastorno mixto ansioso depresivo. Esto le ha traído inconvenientes en su vida personal, social, familiar, laboral y académica. Cuenta que los síntomas pueden variar entre cambios de humor, temor, irritabilidad, llanto inmotivado y tristeza constante.
En medio de esta situación, que lo tomó en medio de sus estudios de una segunda maestría, buscó ayuda y acudió a una psiquiatra para iniciar un tratamiento, que para él significó cambios positivos.
“En abril de este año tuve una intensidad en los ataques de pánico, así que mi psiquiatra me sumó un ansiolítico antidepresivo que se llama volbutrin de 300 miligramos en tabletas de liberación prolongada”, le relató Martín a EL COLOMBIANO.
Entre ese mes y noviembre ha ido a cuatro sesiones de psiquiatría y en todas le dio una autorización para ese medicamento. Sin embargo, cuenta que su EPS no se lo ha entregado, argumentando que no se encontraba vigente posiblemente “porque esté agotado, descontinuado, el registro Invima esté vencido o en proceso de renovación”.
Ante esto, la semana pasada “puse una queja por la Supersalud y mi asesora de póliza me ha apoyado frente al proceso de subir la orden en mi historial clínico y estoy mirando la posibilidad de poner una tutela para poder recibir este medicamento por la EPS”.
Una historia similar se repite en el caso de Miguel López, quien es paciente con diagnóstico de VIH (virus de la inmunodeficiencia humana) positivo y cofundador de la oenegé “Más que Tres Letras”, que trabaja por el bienestar de las personas que viven o conviven con este virus.
Señala que “desde hace varios meses, incluso desde principios de año cuando se empezó a hablar de la reforma de la salud, algunas EPS no han entregado medicamentos en muchas ocasiones, argumentando que hay desabastecimiento, pero con derechos de petición y con informes del Invima hemos demostrado que no hay desabastecimiento y que no están entregando el medicamento por razones particulares”.
En ese sentido, López le dijo a este diario que “o están incumpliendo ellos mismos o quieren hacer presiones para hacer parecer que hay problemas en donde no los hay y en medio de eso han estado personas con VIH sin recibir medicamentos”.
EL COLOMBIANO también conoció otros casos de personas afectadas por la escasez de medicamentos. En uno de esos, una mujer que dijo requerir con urgencia medicina para el manejo del dolor el operador encargado del suministro del medicamentos le expresó que “la pregabalina de 75 miligramos está descontinuada”.
Y así podría alargarse la lista de quejosos hasta volverse infinita. Lo cierto es que son casos que reflejan lo que muestra la lista de medicamentos desabastecidos del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima): que hay 34 escasos, 18 en riesgo de desabastecimiento, 193 en monitorización y 301 medicamentos vitales no disponibles.
Algunas de las enfermedades que se tratan con los fármacos desabastecidos son el VIH, la anorexia, varios tipos de cáncer, leucemia, artritis reumatoide y diabetes.
¿Entonces por qué escasean?
Por medio de un derecho de petición, EL COLOMBIANO le preguntó al Invima si ha identificado las razones que expliquen el desabastecimiento de medicamento. Como respuesta, esa entidad señaló ocho razones para explicarlo.
En primer lugar, señaló el aumento de la demanda debido a que “la pandemia de covid-19 trajo como consecuencia desabastecimiento de medicamentos” y a que tras la regulación del Ministerio de Salud del precio de algunos medicamentos, la consecuencia fue “un aumento en la demanda y falta de interés económico de los laboratorios fabricantes”.
De igual manera, expuso otros motivos como insuficiencia de oferentes, falta de información de los titulares del registro sanitario, modificaciones a este registro, problemas en la adquisición de materia prima (dado que “Colombia no tiene industria farmoquímica propia”) y problemas de manufactura (del que dicen que “ocurre cuando al laboratorio se le dificulta garantizar buenas prácticas de manufactura o realizar pruebas de biodisponibilidad/bioequivalencia de un producto”).
No obstante, acusa una última razón –las descontinuación del producto– en estos términos: “también se puede contemplar la estrategia de generar un “desabastecimiento ficticio” en el canal institucional (EPS e instituciones prestadoras de salud) con el fin de presionar el consumo por el canal comercial, que produce mayor rentabilidad” (ver respuesta completa).
En otras palabras, esto significa que el Invima, por medio de la respuesta oficial a este medio, señala como posibilidad que desde los titulares del registro sanitario del medicamento se genere a propósito una escasez con el fin de tener más lucro vendiéndolos por droguerías y farmacias.
Ante esto, este diario consultó a tres expertas en medicamentos y salud para conocer si esta razón que aduce el Invima sea factible, así como para conocer sus posturas frente a las causas del desabastecimiento.
La epidemióloga y directora del Centro de Pensamiento “Medicamentos, Información y Poder”, Claudia Vaca, indicó que la venta de fármacos por los canales institucional (por las EPS) y comercial “son negocios distintos si un gestor tiene la capacidad para vender comercialmente, aún así surtir al sistema de salud es un negocio importante” y que “puede ser algo que suceda, pero no creo que sea deliberada para generar rentabilidad y sería muy apresurado determinarlo así”.
A su vez, el exdirector de Medicamentos y Tecnología en Salud del Ministerio de Salud, Leonardo Arregocés, fue más allá y dijo que “el Invima no tiene competencia para decir eso” y que a su juicio “es falso señalar eso, lo dice alguien que no conoce los procesos productivos”. Y además agregó que “el flujo en el canal institucional es 70 veces más grande que en el canal comercial”, en referencia a que sería improbable que haya más ganancias por el segundo lado.
Por el contrario, señaló que aún no hay evidencia suficiente para lanzar conclusiones absolutas, pues “lo poquito que hay señala un incremento de consumo de medicamentos por parte de afiliados que estaban en otras EPS, al parecer porque en las que estaban no los recibían, así como un exceso de demanda que creció más rápido que la capacidad de los gestores de adquirirlo y producirlo”, dijo.
Entre tanto, la investigadora y consultora en salud, Alejandra Taborda, expuso como probable que en los casos de los medicamentos no desabastecidos que no llegan a los pacientes “se trate de dificultades de comercialización o insuficientes proveedores en algunas zonas”.
Pecado original de la escasez
El anuncio del gestor farmacéutico Cruz Verde de que dejará de dispensar medicamentos que no están en el Plan de Beneficios en Salud (PBS) a los 5,8 millones de afiliados de la EPS Sanitas de esta semana le mostró al país la punta del iceberg de una problemática estructural que gira alrededor del flujo de plata entre el Estado y las entidades promotoras de salud (EPS) y que impacta al último eslabón de la cadena de suministro de medicamentos: los pacientes.
Son varios los avisos y advertencias que desde 2022 se han hecho sobre el desabastecimiento de medicamentos en el país. Incluso, la Procuraduría General de la Nación anunció hace menos de dos semanas que investigará a la exministra de Salud, Carolina Corcho, y al actual ministro Guillermo Jaramillo por esta situación. El Invima –que lleva un año sin director en firme– señala ocho motivos que explicarían que no haya ciertos medicamentos a disposición.
Para entender la situación primero hay que tener claro cómo funciona la cadena de mando y distribución de medicamentos en Colombia.
En el centro de esta se encuentra el gestor farmacéutico, que es la entidad encargada de negociar, comprar, cuidar y entregar los medicamentos prescritos a los afiliados de las EPS. El mejor ejemplo en la coyuntura actual es Cruz Verde.
Abajo está la EPS, con la cual el gestor se asocia para que sus usuarios tengan asegurado el acceso a fármacos. Por supuesto, todo mediado por el pago de varios cientos de miles de millones de pesos.
Y arriba está el Estado, representado en el Ministerio de Salud y la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres), la que maneja la plata de la salud. De aquí es que sale el flujo de plata que les llega a las EPS para que pueda sostener esta operación.
El flujo del billete depende de dos carteras que manejan las aseguradoras: la unidad de pago por capitación y los presupuestos máximos. En términos prácticos, la primera es para pagar el plan de beneficios en salud a los que tienen derecho todos los habitantes de Colombia cubiertos por el sistema de salud, en donde están el 94 % de los medicamentos que están registrados en el país. Y la segunda es para pagar lo que no está en esa lista, con la diferencia que esa plata la gira la Adres anticipadamente mes a mes, pues son fármacos y tecnologías para atender a pacientes con enfermedades de alto costo.
Aquí es donde el factor dinero entra. Las EPS se quejan de que la plata para garantizar el PBS a los usuarios no les alcanza y que los giros de presupuestos máximos se retrasan. Como efectivamente le ocurrió a Sanitas dejó de girarle estos recursos en julio, agosto y septiembre de este año, como lo muestran los registros de la Adres consultados por este diario. Sin olvidar que el Ministerio también ha reconocido que tiene deudas por este concepto por $820.000 millones de 2022.
Sin ir más lejos, hay múltiples factores que influyen en esta problemática que pone en riesgo a cualquier paciente del país, pero aún más quienes utilizan medicamentos pagados con presupuestos máximos, que en 2022 fue de 998.079 personas. Como dijo la investigadora Taborda, “si no se toman medidas, las consecuencias se miden en vidas, y en pérdidas en salud y en calidad de vida”
