Si hay un alto funcionario del Estado que le incomode al presidente Gustavo Petro –además del Fiscal– es la procuradora general, Margarita Cabello. Por eso su lectura del país cobra particular relevancia en medio de la crisis política que atraviesa el Gobierno Nacional.
El presidente Petro la menciona en el supuesto “golpe blando”, y la bancada del Pacto Histórico la acusa de persecución. Dice que la van a denunciar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, e incluso logran una declaración del secretario general de la OEA. Pero Margarita Cabello sigue firme en su tarea de investigar, sancionar e inhabilitar a los funcionarios elegidos por voto popular porque, dice, así se lo ordena la Corte Constitucional.
De hecho, en los últimos días sancionó a Camilo Romero, el embajador de Colombia en Argentina, a quien multó a pagar $31 millones por falta de vigilancia y control en la venta de licor cuando fue gobernador en Nariño.
En medio de todo ese caótico panorama de escándalos de chuzadas –al que ya le abrieron proceso–, marchas y críticas, Cabello habló con EL COLOMBIANO sobre su trabajo como órgano disciplinario y el contrapeso que le corresponde hacer al poder.
¿Desde su tarea de Procuradora como está viendo el “niñera gate”, la marcha de Petro y los audios de Benedetti que complican al presidente?
“La Procuraduría es el órgano de control dentro de una democracia como la nuestra. Control significa disciplinar, poner orden en la casa que es nuestro país. En todo esto que menciona, con pausa y serenidad, vamos mirando cuál es el comportamiento de los servidores públicos, e iniciamos las investigaciones en lo que veamos que se sale de la Constitución y de la ley. Controlar le molesta a la gente, pero controlar es lo único que puede darle tranquilidad y seguridad a los ciudadanos”.
En el caso de la marcha del martes pasado, en la que el presidente Petro salió a la calle, atacó fuertemente instituciones como el Congreso y los medios de comunicación. ¿Qué puede hacer la Procuraduría?
“El Presidente de la República no es disciplinable por parte de la Procuraduría, pero hay mecanismos de sanción. En una sociedad democrática, ningún funcionario, incluyendo al mandatario, puede estar bajo el manto de la impunidad o el concepto de que no se puede investigar, lo que pasa es que lo investigan diferentes entes disciplinarios. La Procuraduría investiga hasta la vicepresidenta, hasta ahí llega”.
Los congresistas del Pacto Histórico han señalado a la Procuraduría de perseguirlos, ¿usted está desde el Ministerio Público haciendo un trabajo de oposición al gobierno?
“Ese es un estribillo que han querido utilizar. Si tengo una investigación es que hay una persecución política, pero que miren cuántas absoluciones tienen, cuántos archivos, cuántos inhibitorios se les han proferido para que entonces me digan que solamente cuando hay una denuncia contra ellos entonces los estamos persiguiendo y los estamos sancionando. La Corte Constitucional consideró que por mandato, la Procuraduría podía seguir investigando, juzgando y sancionando a funcionarios de elección popular. Y agregó algo en el sentido de explicar que las decisiones o sanciones contra funcionarios de elección popular deben ser revisadas por el Consejo de Estado. Una vez revisada, se ejecuta la sanción”.
Gustavo Petro, como alcalde de Bogotá, logra que la Corte Interamericana de Derechos Humanos diga que la Procuraduría no podía destituirlo. Pero ahora la Corte Constitucional dice que la Procuraduría sí puede, pero la bancada de Gobierno sigue pensando que vale más la definición de la CIDH, ¿usted va a seguir sancionando a funcionarios elegidos popularmente?
“No es que yo lo diga, es que la Corte Constitucional ya emitió los parámetros y yo estoy aplicando esa decisión. Por lo tanto, debo seguir sancionando a funcionarios de elección popular”.
¿A qué cree que le temen los congresistas del Pacto Histórico que la señalaron de que no podía inhabilitar?
“La sentencia de la Corte es clara, la C030 del 2023. Ellos insisten en que no y no sé cuáles son sus argumentos jurídicos. Imagino que tratarán de que una sentencia de la Corte Interamericana está por encima de una decisión de la Corte Constitucional y si es así estaría un Presidente de la República desconociendo una decisión de la rama judicial. Y eso es gravísimo”.
¿Pero no está por encima?
“La sentencia de la CIDH desestructura nuestra forma constitucional. Nosotros tenemos otras entidades, distintas a un juez penal, que pueden sancionar y destituir a un funcionario de elección popular. Por ejemplo, el Consejo de Estado con la pérdida de investidura y el Congreso de la República con el presidente. Y viene la CIDH, introduciéndose un poco más de lo debido, a decir que solo se puede destituir por un juez penal. Si ya la Corte Constitucional determino cómo se debe interpretar esa sentencia de la CIDH en Colombia, nuestro presidente debe respetar las decisiones de la rama judicial”.
Usted dice que la CIDH se metió más allá de lo que debía, ¿cree qué hay un interés político o ideológico en la CIDH?
“Como Procuradora no puedo emitir un concepto de qué hay de trasfondo. La historia se encargará de contarlo. Sobre todo una sentencia de la CIDH que le impone al país unas obligaciones cuando ya nuestras instituciones habían levantado la sanción de destitución del alcalde de ese momento y hoy presidente de la República. Todo estaba solucionado con las normas colombianas, le habían devuelto la alcaldía a Gustavo Petro, y una de las reglas internacionales es que las problemáticas se deben resolver primero dentro de los países y solo cuando no hay garantías dentro de los países es que las decisiones internacionales entran. Y aquí ya estaba resuelto”.
¿Hay un choque de trenes entre las dos jurisprudencias: la CIDH y la Corte Constitucional?
“Todos los del Pacto decidieron hacer una carta y decir que iban a acusar a la Procuraduría ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y vino el secretario general de la OEA, Luis Almagro, y los respaldó de alguna manera. Sacó un comunicado, voy a decir algo atrevido, inoportuno diría yo, un comunicado donde está ratificando que la sentencia de la Corte Interamericana la debe cumplir la Procuraduría y la debe cumplir el Estado colombiano, olvidándose que nuestra estructura es distinta. Le dice al país que las sanciones que impone el Consejo de Estado o cualquier autoridad que no sea juez penal frente a un funcionario de elección popular no valen en Colombia. Cosa delicada, de todos modos, porque estaría también atacando las instituciones colombianas”.
¿Le pareció irrespetuoso el secretario general de la OEA con la Corte Constitucional colombiana?
“Irrespetuoso no, es inoportuno. Porque la Corte Constitucional, que tiene gran legitimidad en nuestro país como órgano de cierre, acaba de proferir una decisión, y el comunicado del secretario general es contrario a esa decisión”.
El secretario de la OEA hace ese pronunciamiento justo cuando los congresistas del Pacto Histórico la acusaban a usted de persecución política. ¿Cree qué hay intereses en común?
“Yo no quisiera decirlo, pero eso no es bueno porque acabando de salir esta decisión de la Corte Constitucional en febrero mirando cómo está la situación en nuestro país con un partido político de gobierno que está diciendo que no es válido que la Procuraduría pueda hacer lo que la Corte Constitucional le dice que haga, que un organismo internacional saque un comunicado opinando en ese sentido y diciendo que no es correcto lo que hace la Procuraduría, para el momento político del país, creo que era inoportuno”.
La CIDH prácticamente dice que los elegidos por voto popular pueden hacer todo lo que quieran menos delinquir... es como darles carta blanca...
“Exactamente. Nuestra función tiene que ver con la ética, no ineficiencia, no corrupción”.
El presidente Petro ha manifestado que quiere acabar la Procuraduría, pese a que no tiene respaldo suficiente en el Congreso para hacer la reforma que se requeriría para ello. ¿Cree que hay canales de diálogo en la Casa de Nariño para evitar este choque?
“Yo tengo que reconocer que el presidente Petro es un hombre respetuoso. He conversado con él y las conversaciones han sido muy tranquilas en el sentido de entender la situación del país. Hemos conversado cuando ha sido necesario. Lógicamente tenemos visiones distintas de la interpretación de la sentencia de la Corte Interamericana y de ambos lados existe el mejor ánimo para poder respetar la institucionalidad colombiana y ver cómo se puede acatar de la mejor manera esa sentencia. Lo único que me preocupa es que el Estado hoy está representado por el Presidente de la República, quien a su vez es el mismo demandante de la sentencia, a quien le interesa mucho que no lo sancione ninguna institución sino un juez penal. Me preocupa que podamos hablar de pronto de un conflicto de intereses y que entonces la propia Procuraduría y las entidades del Estado estemos sin defensa porque el defensor es el mismo Presidente”.
Petro habla de golpe blando y de golpe de Estado y señalaron que la Procuraduría era una de las que ejecutaba esa estrategia ¿De eso también ha hablado en privado con el Presidente?
“Eso no me lo ha dicho, pero no sé cuál es la estrategia. Si la Procuraduría sanciona, entonces estamos atacando al Gobierno, pero en todos los gobiernos se han sancionado partidos y ninguno ha dicho que por esa razón hay un golpe contra el Estado. Él ataca a la Procuraduría y dice que estamos ejerciendo funciones que no deberíamos porque quiere hacer cumplir de manera literal la sentencia de la CIDH. Petro está actuando a título propio y no como Presidente de la República y hacia ese camino van las manifestaciones permanentes”.
¿Cómo van las investigaciones contra Nicolás Petro?
“El proceso va adelantado en la regional de Barranquilla por lo que el hijo del señor Presidente es diputado allá. Ya recibimos declaraciones de varias personas y esta semana estamos citando a declarar a otros testigos. Además, ya pedimos toda la información sobre el patrimonio y los gastos tanto de él como de su exesposa. Por ahora nos faltan unas declaraciones que involucran al señor Lopesierra, a quien señalan de entregar aportes a la campaña. Eso está todavía en etapa probatoria, pero ya estamos bastante avanzados en declaraciones. Estamos esperando las certificaciones de idoneidad de las grabaciones y, una vez recolectado todo el acervo probatorio, estaremos listos para emitir decisiones en unos tres o cuatro meses”.
La Procuraduría es tal vez la entidad que más más ha trabajado las denuncias contra el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, ¿qué pueden esperar los ciudadanos?
“Del actual alcalde hemos recibido infinidad de denuncias. Todos los días nos llegan recursos por muchos lados, contra él y su equipo. De esas hemos archivado por lo menos 50 y activos hay alrededor de 24 procesos. Un día dijo que había una persecución porque le teníamos varias investigaciones abiertas, pero hemos archivado varias y otras van en etapa probatoria”.
Pero, ¿cuáles serán las investigaciones más adelantadas? ¿Buen Comienzo, el tema de la declaración de renta o los seguros de Hidroituango?
“Por ejemplo, ya en evaluación tenemos la participación en política, que fue la razón por la que se le suspendió. Ese proceso ya está para una próxima decisión”.
Hace unos meses el registrador y usted misma hablaron sobre riesgos en las próximas elecciones. ¿Cómo ven la situación en las zonas del país?
“Hemos escuchado la gran preocupación en cuanto a inseguridad. Los alcaldes y gobernadores se sienten solos, no sienten que la política de paz total está en armonía con las problemáticas reales de sus regiones. Por esa desarticulación, la Procuraduría está pidiendo efectos de que hayan buenas elecciones (....) Ha bajado el ejercicio de la fuerza pública y los grupos se empoderan. Incluso vimos un comunicado en el que el Clan del Golfo dice que no van a permitir que los partidos tradicionales pongan candidatos”.
¿Usted siente que las elecciones de octubre están en alto riesgo?
“Nosotros como vigilantes del proceso electoral estamos anunciando que podrían estar en riesgo si no se toman las medidas rápidamente, esa es nuestra voz de alerta”.
