Marcelo Daniel Pecci Albertini, el fiscal asesinado por sicarios en una playa de Barú, en Cartagena, estaba al frente de la operación contra el lavado de dineros del narcotráfico más grande en la historia de Paraguay, denominada “A Ultranza Py”.
Así lo reportaron este martes las autoridades y medios de comunicación de esa nación, luego de que se esparciera la noticia del crimen, perpetrado justo cuando el funcionario disfrutaba de su luna de miel en la isla caribeña.
“A Ultranza Py” es una operación lanzada el pasado mes de febrero por la Secretaría Antidrogas de Paraguay (Senad), con apoyo de la DEA y Europol, en contra de una extensa red criminal que exporta droga hacia EE. UU. y Europa, además de camuflar las ganancias con la adquisición de múltiples bienes y propiedades.
La estructura delincuencial obtenía cocaína procesada en laboratorios bolivianos, hacía el acopio en el área rural de Paraguay y posteriormente la despachaba en contenedores que salían de los puertos marítimos de Argentina y Uruguay, según la información oficial.
A la fecha han sido capturadas más de 30 personas y decomisados bienes avaluados en más de 250 millones de dólares, los cuales incluyen nueve aeronaves, dos yates, 1.000 cabezas de ganado, 13 tractores, 20 carros de alta gama y demás.
Los hallazgos judiciales han destapado un escándalo político y social, pues en la lista de los capturados e investigados figuran funcionarios públicos y empresarios reconocidos en ese país. Uno de los presuntos cabecillas es el exfutbolista y promotor de artistas Sebastián Marset Cabrera, quien tiene antecedentes penales y actualmente está detenido en Dubai.
Por estos hechos fue destituido el ministro Joaquín Roa Burgos, de la Secretaría de Emergencia Nacional, quien resultó ser el dueño de uno de los yates decomisados.
También estarían involucrados el pastor José Insfrán, líder de una iglesia conocida como Centro de Avivamiento, quien al parecer tendría conexiones con narcos colombianos y está prófugo; el empresario y contratista del gobierno Alberto Koube, y el diputado Juan Carlos Ozorio, quien renunció a su curul en el Congreso.
En el equipo de fiscales que emitió las órdenes de captura, allanamiento e incautaciones, estaba Marcelo Pecci. Una de las hipótesis preliminares que manejan los investigadores es que algunos de los mafiosos y políticos perjudicados por “A Ultranza Py” habrían conspirado para quitarle la vida. No le perdonaron aunque estuviera de luna de miel, ni que su esposa, la periodista Claudia Aguilera, estuviese embarazada.
En la mañana de este martes, los sicarios arribaron a la playa privada del hotel Decameron en Barú, a bordo de una embarcación, y lo acribillaron frente a la cónyuge. En el ataque también le dispararon a un guarda de seguridad del alojamiento, aunque no lograron herirlo.
En una breve conversación con la emisora La W, la viuda relató que dos hombres llegaron en una lancha, le dispararon y se fueron. Añadió que no sabía de amenazas en contra de su marido.
El crimen ha sido rechazado por los presidentes de Colombia y Paraguay, y ya se conformó un equipo de investigadores de ambos países, con apoyo del gobierno de EE. UU.
Una de las primeras acciones fue publicar un volante con la fotografía de uno de los presuntos autores del homicidio, quien fue captado por una cámara de vigilancia cercana al lugar de los hechos. El propósito de las autoridades es que la ciudadanía brinde información sobre ese hombre, quien aparece con un sombrero y ropa oscura.
