En medio del escándalo que lo sacó de la embajada de Venezuela, Armando Benedetti salió enredado en otro caso al que la Corte Suprema le puso el ojo.
La magistrada Cristina Lombana dejó expuesto en un documento de 13 páginas las numerosas irregularidades que encontró cuando revisó un procedimiento de cierre de la investigación contra Benedetti por enriquecimiento ilícito y lavado de activos.
La diligencia estuvo a cargo del fiscal Gabriel Jaimes, quien, según la togada, habría pasado por alto los hallazgos previos de la Corte Suprema y más bien decidió cerrar el caso, señalando que las pruebas eran nulas, cuando el alto tribunal ya había resuelto esa etapa. Así las cosas, para la Corte existían pruebas suficientes para seguir con la indagación contra el exembajador de Venezuela.
“Paradójico resulta no solo de la decisión que contiene la antinomia planteada, sino la declaratoria de la ‘nulidad de una prueba’ que claramente tiene sustentación de cargos por los cuales se sostenía la investigación”, se lee en el documento de 13 páginas.
Otro de los reparos que expuso la togada es que el fiscal Jaimes no entendió una directiva que la misma Fiscalía emitió el año pasado en la que se explica la competencia que tiene el ente acusador para investigar a los aforados constitucionales que dejen de responder ante la Sala de Instrucción. En ese documento, se explica que el procedimiento debe realizarse a través del sistema acusatorio oral y no por la Ley 600.
Sin embargo, según Lombana, Jaimes no siguió la directiva, sino que optó por mantener el sistema anterior, alegando que los delitos investigados son “delitos permanentes” debido a múltiples operaciones financieras realizadas durante 16 años.
En ese sentido, la magistrada le lanzó una fuerte crítica a Jaimes porque “el desatinado entendimiento aquí plasmado habría sido corregido si tan solo hubiese auscultado por internet la jurisprudencia que desarrolla la estructura dogmática de los tipos endilgados al procesado”.
Y la polémica sigue. Para Lombana, “lo exótico no culmina allí” porque el fiscal Jaimes también decidió anular un informe clave en la investigación, lo que para la togada resulta inexplicable.
Por ese motivo, se remitieron copias a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial para que revise y decida investigar, o no, al funcionario.
Lo cierto es que esta era una pelea cazada entre la magistrada Lombana y la Fiscalía desde que la Corte se quedó sin fuero para investigar a Benedetti. En ese momento, la primera en levantar la voz fue la togada porque mientras atravesaba un percance personal y se resolvía una recusación en su contra para saber si se apartaba del caso, su compañero de sala, el magistrado César Augusto Reyes, pasó el expediente al ente investigador.
Lo que hizo Lombana fue enviar una carta al fiscal general Barbosa para justificar que la investigación debería quedarse en su despacho porque los delitos de enriquecimiento ilicito y lavado de activos se abrieron durante el periodo legislativo de Benedetti. Finalmente, no le hicieron caso y ahora pide que investiguen al fiscal Jaimes, que fue quien tomó ese caso.
