Mantener el poder y control del pabellón 8 de la cárcel de mediana seguridad de Tuluá, Valle del Cauca, no sería la única razón que detonó la riña entre dos “caciques” del penal, que posteriormente terminó en un incendio en el que murieron 53 personas y otras 26 resultaron heridas.
La riña, al parecer, también buscaba determinar quién tiene el poder para extender los tentáculos del crimen más allá de los barrotes de la cárcel, en un municipio golpeado duramente por la delincuencia común. Esa es una de las hipótesis que se investiga luego de la tragedia del pasado martes 29 de junio, que ha traído de nuevo al debate las deficientes condiciones del manejo de las cárceles del país.
Y es que entre los 166 presos del pabellón 8 de la cárcel, se encontraban varios integrantes de la banda delincuencial La Inmaculada –también conocida como La Oficina–, una de las más temerarias del centro del Valle y responsable de delitos como microtráfico, extorsión y del desmembramiento de cuerpos.
La Inmaculada es una de las bandas que más ha golpeado a Tuluá. Empezó a tener resonancia desde 2012, cuando el sicario alias Porrón ganó el liderazgo enfrentándose a sus enemigos con violencia e imponiendo la decapitación y desmembramiento de cuerpos, adoptando prácticas de capos mexicanos. “Porrón” cobró más notoriedad cuando el exfutbolista Faustino “Tino” Asprilla, nacido en Tuluá, denunció en 2014 que estaba siendo extorsionado por el delincuente, que le exigía $200 millones.
Esa denuncia permitió que se conociera el flagelo que todavía viven los comerciantes de la ciudad del “corazón del Valle”, y que vincula directamente a La Inmaculada, pese a que alias Porrón fue capturado en 2015. “Recibo denuncias de extorsión todos los días”, le dijo a EL COLOMBIANO un funcionario de la Alcaldía de Tuluá que pidió omitir su nombre. Con el doloroso episodio de la cárcel, en la ciudad hay incertidumbre por el accionar de las bandas criminales y el temor de un posible reacomodo de poderes.
Esto porque los implicados en la riña original estarían entre los 53 muertos del martes. Y es que como lo contó este diario, la pelea se habría originado entre alias Brai y alias Miller, dos caciques que se disputaban el poder del penal en el que estaban personas sindicadas por delitos como extorsión y homicidio. Alias Brai sería quien llegó hace dos meses al pabellón 8 y quería adueñarse del control que tenía Miller.
La gresca, que empezó en horas de la noche del lunes festivo, desató el enfrentamiento entre los presos que apoyaban a Miller, hasta que alguno de ellos le prendió fuego a los colchones en los que duermen, lo que desencadenó el incendio, según versiones de las autoridades.
Sin embargo, no se ha establecido cuál de los dos implicados haría parte de La Inmaculada, ya que en el pabellón se encontraban delincuentes de otras bandas. Y es que en Tuluá operan, al menos, otras dos organizaciones: La Casona y La Cruz, que también están en disputa por el control del microtráfico y la extorsión.
De hecho, la mayoría de los 23 muertos que eran oriundos de Tuluá, vivían en los barrios más vulnerables del municipio que llevan los nombres de las mismas bandas: La Inmaculada, La Cruz y San Francisco. Adicionalmente, la Defensoría del Pueblo ha calificado en riesgo alto al municipio de Tuluá por la presencia de disidencias de las Farc.
“Nadie nos dice nada”
Mientras se esclarecen las causas del incendio, una veintena de mujeres permanecen en los andenes del barrio Popular —a una cuadra de la cárcel—, esperando información sobre sus familiares presos. Las malas condiciones en las que quedó el pabellón 8 luego del incendio obligaron al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) a trasladar a 350 personas a cárceles cercanas desde el 29 de junio, pero los familiares reclaman que no hubo información sobre el nuevo destino, y que con las llamas muchos de ellos perdieron las pocas cosas que tenían.
Los presos trasladados estaban en los pabellones 8, 9 y 11 de lo que se conoce como la parte antigua de la cárcel, una infraestructura construida en 1972, y que tras el incendio, la Procuraduría Regional del Valle pidió cerrar por completo. La misma cárcel cuenta con infraestructura reciente, producto de una ampliación entregada en 2017.
Luz María Perlaza es una de las madres que llevaba dos días afuera de la cárcel esperando información sobre su hijo, Brayan Sinisterra Perlaza, preso hace tres años en ese penal. “No sé si está vivo, si está muerto, si ya se lo llevaron”, decía entre lágrimas mientras sostenía una bolsa plástica con ropa y cobijas.
Como ella, otros familiares, en su mayoría mujeres, se acercaban a las vallas custodiadas por patrulleros de la Policía para pedir información, pero el silencio era la respuesta que obtenían. El listado con los 350 trasladados lo custodiaba una funcionaria de un colegio cercano, pero ella tampoco sabía a qué ciudad sería llevado cada uno.
“Me dicen que aparece en una lista, pero hasta que alguien no me lo diga, no lo puedo creer”, dijo Luz María. Mientras lloraba, dos buses del Inpec salieron de la cárcel a toda velocidad. Los presos gritaban por las ventanillas del bus, mientras los familiares saludaban con las manos y les pedían que gritaran sus nombres.
Los buses se esfumaron en segundos, mientras los familiares lloraban entre los andenes, la panadería de la esquina y las sillas de la tienda del barrio. “A mí me dijeron que se lo llevaron para Popayán”, yo vivo en Tuluá y no tengo dinero para ir viajar hasta allá y llevarle ropa, contó otra de las madres.
En la sede de Medicina Legal el panorama era más desalentador. Los familiares esperaban el retorno de los 23 cuerpos de presos oriundos de Tuluá que fueron examinados en Cali y regresaban al municipio, mientras trataban de esquivar al pull de abogados que buscan asesorarlos. “Este caso lo gana hasta un estudiante de derecho”, dijo alguno de los presentes. EL COLOMBIANO conoció que un día después de la tragedia, dos abogados de la región estaban entregando poderes a los familiares de las víctimas para representarlos contra el Inpec en los juzgados.
En los hospitales, por otra parte, permanecen 26 personas recibiendo atención médica. La secretaria de Salud del Valle, María Cristina Lesmes, reportó el viernes la muerte de uno de los presos, un joven de 23 años que tenía quemaduras en el 50 % del cuerpo. Indicó que la mayoría está en grave estado de salud con pronóstico reservado, y aclaró que los heridos son atendidos por quemaduras o inhalación de humo, no por heridas con armas cortopunzantes.
Búsqueda desde Ituango
El pasado martes, al ver la noticia de la emergencia en Tuluá, Valle del Cauca, la familia de Stiven Alberto Torres viajó desde Ituango, Antioquia, para buscarlo. El joven lleva cuatro años preso en ese departamento, y durante ese tiempo su familia ha obtenido muy poca información de él, ya que por la distancia en la que viven —los separan más de 500 kilómetros— no suelen visitarlo constantemente.
“Sabemos que está en el pabellón 10, pero no aparece en ninguna lista, ni siquiera en la de los traslados”, contó la tía del joven. El pabellón 10 ha estado bajo el control de la Secretaría de Salud del municipio porque hay varios enfermemos, pero la tía del joven reclama hablar con su sobrino.
Las dudas sobre lo ocurrido
Los familiares de las víctimas del incendio son quienes más reprochan al Inpec por lo ocurrido en el pabellón.
Dicen que algunos de los guardias estaban por fuera de sus labores, participando de la Feria de Tuluá, que terminaba ese lunes festivo con un concierto en el que estaban Andy Rivera y Ryan Castro, celebrado en el Coliseo de Ferias, que está a dos minutos caminando de la cárcel.
Esa denuncia no ha sido refutada por el Inpec, y el personero del municipio, José Martín Hincapié, dijo que recibió las quejas y que las trasladó a las autoridades competentes para que investiguen. Aunque aclaró que el Inpec es quien debe responder, mencionando que de no haber guardias en el penal, la emergencia pudo ser peor, pues en esta cárcel permanecen 1.273 presos, con una sobrepoblación del 17 %.
Iván Darío Gutiérrez, director de la Fundación Corpifamco, que trabaja por los derechos de las personas privadas de la libertad, mencionó que el Inpec no está entregando la información adecuada, ya que hay denuncias de personas que murieron por arma blanca horas antes del incendio. Mientras se esclarecen todos los hechos que rodean al incendio y la disputa, se abrieron dos investigaciones sobre el reciente caso para esclarecer la tragedia, una en la Fiscalía y otra en la Procuraduría.
