Lo que parecía ser un acuerdo ejemplar de cómo tramitar con éxito una reforma –apelando a la concertación y el diálogo, ausentes en otros proyectos del Gobierno–, terminó siendo motivo de discordia –con visos de ruptura– entre Gustavo Petro y algunas de las bases que lo ayudaron a llegar al poder.
Hoy la ley estatutaria a la educación enfrenta una situación inédita y paradójica para el Gobierno Petro: el proyecto cuenta con el respaldo de la oposición, pero carga con el férreo rechazo de sindicatos del calibre de la Federación Colombiana de Educadores (Fecode) o la Central Unitaria de Trabajadores (CUT).
La nuez del asunto fue el acuerdo al que llegaron el Ejecutivo, sectores petristas y la oposición que permitió sacar adelante el proyecto en el tercero de sus cuatro debates. Sin embargo, pasada una semana la situación es de crisis: este miércoles Fecode convocó a paro buscando que el proyecto sea retirado o archivado, advirtiendo que de fondo se promueve la privatización, hay retrocesos frente a las garantías del derecho a la educación y crecen las barreras de acceso.
“Se desdibuja el papel del Estado en términos de garante y lo deja de una manera híbrida, mixta, que la transversa desde preescolar hasta la universitaria y abre la puerta a que recursos públicos sean utilizados de igual manera para privados”, alega Martha Alfonso, secretaria de relaciones internacionales de Fecode y vocera del paro permanente.
Otra es la lectura de la senadora de oposición Paloma Valencia, del Centro Democrático, que –dejando de lado sus diferencias–, hoy hace las veces de defensora de la reforma y como una de sus componedoras, señala que lo que hubo fue un ejercicio democrático de concertación.
“Incluimos el sistema mixto de educación porque para nosotros la diferencia no está entre la educación pública y la privada, sino en la educación con calidad y sin calidad. El Estado, con base en una relación costo-beneficio, debe invertir en la educación de calidad que le transforme la vida a los jóvenes y no simplemente, como pretendían, en la educación pública”, explica.
Otro de los puntos que no deja de levantar roncha es la idea de consagrar la evaluación docente e incluso, valorar a los profesores según el rendimiento de sus alumnos en las pruebas de Estado. “A Fecode no le gusta que los evalúen, porque el derecho a mantener el trabajo es más importante que el derecho a la calidad de la educación”, agrega Valencia.
Sin embargo, de esa postura se aparta Martha Alfonso, quien destaca que ya hay métodos de evaluación lo suficientemente rigurosos y que no se pueden comparar las condiciones de la escuela pública con el colegio San Ignacio, dadas las dificultades estructurales del país. “Poner esto como un factor desdice mucho del objetivo real de la educación, más en un país tan desigual y con tan profundos conflictos sociales”.
La convocatoria a paro este miércoles y la dimensión que pueda tener este conflicto entre las bases petristas tendría al Gobierno pensando en hacer modificaciones. Fuentes consultadas por este diario aseguraron que el tema se está estudiando y aún no hay decisiones frente a efectuar cambios o incluso, retirar la reforma.
No obstante, la senadora María José Pizarro (Pacto Histórico) dio luces de lo que podría venir al ratificar que el petrismo está “del lado del movimiento estudiantil y profesoral”. En esa línea, aseguró que el objetivo es aprobar una ley “que sea coherente y recoja luchas históricas. Nos moveremos bajo ese propósito”.
Se prevé que el proyecto aterrice a la plenaria del Senado en último debate el próximo lunes. Aún es incierto qué camino tomará el Gobierno: si cederá ante sus bases y volverá a poner puntos inamovibles sobre la mesa o acordará con la oposición y otros sectores en búsqueda de los acuerdos que demanda la democracia.
Los puntos de discordia de la reforma
Hasta su trámite en Cámara, el proyecto tenía el respaldo de Fecode y otros sectores. Sin embargo, tras una enmienda la semana pasada que destrabó el proyecto en Senado, hubo controversia y rechazo en las bases petristas.
1. El modelo: Si bien Fecode le apostaba a un enfoque esencialmente público de la educación, se acordó uno mixto que también beneficie a privados. Para el sindicato, eso no es más que la mercantilización de la educación “bajo el pretexto del mejoramiento de la calidad”.
2. Los objetivos: Aunque el proyecto establece que la educación será “un derecho fundamental, un servicio público y un deber”, para Fecode es problemática la participación de privados, en tanto desdibuja la tarea del Estado al garantizar un derecho por un “negocio”.
3. La evaluación: La iniciativa robustece la evaluación docente y crea un criterio auxiliar para medir a los profesores según el rendimiento académico de sus estudiantes. Sin embargo, para Fecode se genera un “interés perverso y punitivo”, dada la desigualdad del país.
4. Educación terciaria: El Ejecutivo le dio vía libre a este tipo de educación técnica y tecnológica, que es posterior a la secundaria y abarca la educación no formal y educación para el trabajo. Según Fecode, no hay “suficiente sustentación, ni debate con la comunidad educativa”.
5. Meritocracia: Aunque el proyecto le apuesta a garantizar el mérito como un factor para avanzar en el sistema educativo, Fecode reclama que se restringe el acceso a la educación superior de las poblaciones con mas dificultades al imponer ese criterio.
6. Se elimina el prejardín: El texto acordado ya no hace obligatorios los grados de transición, jardín y prejardín en las instituciones públicas. No obstante, Fecode defiende que cuenta con planta docente titulada y vinculada por concurso a todos los niveles educativos.
