Colombia está estancada en la lucha contra la corrupción. Esa es la principal conclusión a la que llega el Índice de Percepción de Corrupción (IPC) que realiza, anualmente, Transparencia Internacional. La organización le ha dado desde 2015 al país un puntaje de 37 sobre 100, con una única variación de un punto en 2018.
“En el país hay una estabilidad negativa”, señala Andrés Hernández, director ejecutivo de Transparencia por Colombia, en conversación con EL COLOMBIANO. Desde 2015 no ha habido una variación real en el índice y, aunque en el IPC de 2019, Colombia pasó del puesto 99 al 96, pero solo hubo una variación de un punto, pasando de 36 a 37.
Para explicar por qué la imagen que se tiene sobre la corrupción en el país, Hernández divide el asunto en dos. Por un lado, señala que se han fortalecido la normatividad y las instituciones que se dedican a la vigilancia y a la prevención de la corrupción, pero su implementación y actuación no ha sido la mejor. Y, por el otro, hay una ausencia de sanciones efectivas.
Desde hace varios años en el país se han dado a conocer casos de gran envergadura. Los sobornos de Odebrecht, el cartel de la toga, el cartel de la hemofilia, las irregularidades en el manejo de los recursos en Reficar, los problemas de la salud, los líos en los planes de alimentación escolar.
Sin embargo, Hernández señala que con el tiempo, pasan desapercibidos. Por eso mismo, ante la opinión pública no hay un avance claro en la lucha contra la corrupción. “La falta de sanción efectiva a casos de corrupción afecta la percepción; hace falta que estas ocurran cuando se conozcan casos”, asevera.
Un punto de vista similar al de Camilo Enciso, exsecretario de Transparencia de la Presidencia y director del Instituto Anticorrupción. La falta de voluntad política, la ineficiencia para investigar y sancionar, y la incapacidad de las autoridades para recuperar lo perdido por corrupción son los tres motivos por los que la percepción sobre la lucha contra corrupción en el país es negativa.
Concluye que “estos hechos generan que las personas perciban a Colombia como un país en el que no existe una prevención, sanción, ni respuesta efectiva”.
Plata cuestionada
Un punto clave en el IPC de este año fue entender qué pasa con el dinero que financia campañas. “En países donde o no existen las regulaciones o son pobres el puntaje es apenas de 34 o 35”, muy cercano a los 37 de Colombia.
Al respecto, Hernández explica que es un derecho de las personas dar dinero a campañas con las que se sienten identificadas y que también es necesario si se tiene en cuenta que la financiación pública suele tomar tiempo.
“En Colombia, la influencia del dinero es muy alta. Necesitamos, entonces, fortalecer mecanismos de control y de sanción, y acabar con la expectativa de retorno a quienes aportan”. En síntesis, qué ganarán quienes aportan a las campañas políticas, lo que se ve reflejado en contratos.
En ese punto sobre lo que se espera a cambio, José Andrés O’Meara, director de Colombia Compra Eficiente, señala, que desde el gobierno de Iván Duque se ha buscado que en materia de contratación estatal, uno de los puntos donde se centra la corrupción, haya “una trazabilidad de la gestión contractual abierta”.
Lo ejemplifica al explicar que “con el decreto 342 de 2019 se implementaron los documentos tipo para infraestructura de transporte, logrando pasar de un único ofertente en el 82 % de las licitaciones de obra pública en las entidades territoriales, a un número plural de oferentes en el 82 % de los procesos licitatorios”.
Un problema global
“El IPC de 2019 revela que un gran número de países (135 aproximadamente) muestran poca o ninguna mejora para atacar la corrupción”, se lee en el informe, que, a renglón seguido, añade que “el actual estado de la corrupción expone la necesidad de una mayor integridad política (...) las políticas públicas no deben estar determinadas por el poder económico”.
Aunque parezca obvio, el índice llega a otra conclusión: mientras más plata haya en juego, más probabilidades hay de que la toma de decisiones se vea contaminada.
Una idea que explica el informe, al señalar que “la corrupción es más generalizada en los países donde grandes cantidades de dinero llegan, sin control, a las campañas electorales y en donde los gobiernos escuchan solo a las voces millonarias o a personas con buenas conexiones”.
Con este panorama, los retos son claros. Si Colombia quiere acabar con la corrupción, señala el informe de Transparencia, debe manejar los conflictos de interés, tener mayor control de la financiación en campañas, fortalecer el sistema electoral, evitar los tratos preferentes y, sobre todo, empoderar a la ciudadanía. Retos que, en los últimos años, no ha superado .
