El próximo 3 de agosto el exembajador deberá rendir declaración sobre el supuesto ingreso irregular de $15.000 millones.
Justo en 10 días, el próximo jueves 3 de agosto, Armando Benedetti deberá rendir declaración jurada ante la Fiscalía en el marco de la investigación por la supuesta financiación ilegal de la campaña del hoy presidente Gustavo Petro. No es una diligencia cualquiera teniendo en cuenta las dimensiones del escándalo y que en juego entrará un factor adverso para los intereses del exembajador: ya no cuenta con el fuero diplomático.
El pasado 19 de julio, tras una prórroga autorizada por el propio Petro, la permanencia de Benedetti en el cargo de embajador en Venezuela se extendió desde el 2 de junio hasta el pasado jueves. Sin embargo, durante ese tiempo –al margen de una labor diplomática–, el exfuncionario compartió fotos en sus redes sociales haciendo ejercicio, de visita en Madrid (España) y hasta en la final del torneo de fútbol de la Liga de Campeones el 10 de junio en Estambul (Turquía).
Ahora, ya sin fuero ni en tarea diplomática alguna, Benedetti deberá retornar al país para responder ante la justicia por los controvertidos audios filtrados a principios de junio, en los que –durante explosivas conversaciones con la exjefa de gabinete, Laura Sarabia– el propio exembajador habló de sus gestiones en medio de la campaña de 2022 para conseguir recursos por el orden de los $15.000 millones.
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“En el momento en que yo diga quién dio la plata aquí en la Costa, yo sé qué es esa mondá. Tú, que no sabes un culo de historia, lee cómo empezó el hijueputa (proceso) 8.000 (...) ¿Qué tal que uno diga, mamando gallo, quién fue el que puso la plata aquí en la Costa?”, se le escuchó decir a Benedetti.
Si bien la declaración del exembajador se programó el 23 de junio, la diligencia se pospuso por solicitud de Benedetti quien, durante una reunión con un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, le manifestó que no podía cumplirla por amenazas.
De acuerdo con el abogado Juan Carlos Álvarez, profesor de Derecho Penal de la Universidad Eafit, la citación a declarar es parte del proceso inicial y corresponde a una indagación previa en la que la Fiscalía “busca establecer si la financiación ilegal existió y sus circunstancias de tiempo modo y lugar. “En este caso concreto, el monto de los dineros que hubiesen entrado ilegalmente, el origen de los mismos y determinar los presuntos autores o partícipes del delito”, explicó.
Según el jurista, en caso de que el ente acusador determine que sí hubo un delito, el siguiente paso sería llamar a imputación al gerente de la campaña –Ricardo Roa, hoy presidente de Ecopetrol– y a los aportantes que hayan entregado el dinero proveniente de fuentes prohibidas. Por estos hechos, se contemplan penas de entre 4 y 8 años de cárcel, y una multa de hasta 1.200 salarios mínimos.
Sin embargo, el profesor Álvarez precisó que, en el caso de financiación irregular de campaña –según el Código Penal–, el responsable sería el gerente y el candidato, es decir el presidente Petro, a quien lo investigaría “la Comisión de Acusación (del Congreso) siempre y cuando existan indicios de que él hubiese permitido la financiación ilegal”.
Entonces, qué suerte le depara al exembajador teniendo en cuenta que, según los audios, fue él quien hizo las gestiones para la consecución irregular del dinero. El abogado explicó que, en un primer momento, Benedetti haría las veces de testigo, pero si se demuestra irregularidad alguna que sea imputable podría ser objeto de un proceso penal. En ese caso, ya sin fuero, el caso pasaría de la Corte Suprema a la Fiscalía General.
“Podría ser cómplice del delito de financiación ilegal si se comprueba que ayudó a conseguir esos recursos o determinador del mismo delito si se comprueba que convenció al gerente de recibir esos recursos”, precisó.
El proceso apenas arranca y no deja de ser incierto qué dirá Benedetti ante la Fiscalía. Si dará detalles de presuntas irregularidades o si se desmentirá a sí mismo.
Así va el proceso ante el CNE
Justo hace 8 días, Laura Sarabia, la exjefa de despacho, acudió al Consejo Nacional Electoral (CNE) para dar explicaciones sobre la presunta financiación irregular de la campaña de Petro. “Mi rol era la construcción de la agenda del entonces candidato (...) Petro siempre fue enfático en que toda donación, ingreso de dinero o de recursos de toda índole debería ser tramitado por el gerente”, defendió.
El CNE adelanta otra indagación preliminar contra la campaña tras una denuncia por inconsistencias en la financiación y presentación de informes de ingresos y gastos.
