Una amplia amnistía, condenas por conductas generales y no hechos específicos, así como una expedita favorabilidad penal, eran las acciones que los miembros de las antiguas Farc esperaban de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), a juzgar por la carta que publicaron este miércoles, quejándose por la manera de proceder del tribunal.
La misiva, dirigida al presidente Gustavo Petro y firmada por siete exmiembros del Secretariado y el Estado Mayor Central del grupo rebelde (hoy reunidos en el partido Comunes), reflejó el descontento de los otrora insurgentes con la estructura de justicia transicional que ellos mismos contribuyeron a crear durante cuatro años de conversaciones en La Habana (2012-2016).
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Al analizar punto por punto el documento, se comprende qué pretendían ellos de la JEP y por qué, al parecer, no salió como esperaban.
En uno de los apartes, los desmovilizados señalaron: “A pesar de nuestro cumplimiento con relación a la jurisdicción, nos preocupa el empeño de la JEP por alejarse del espíritu y la letra de lo acordado, haciendo sus propias interpretaciones a un texto que es claro en sus propósitos de paz, dado el carácter político del Acuerdo que firmamos con el Estado, pretendiendo llevarlo a un terreno judicial punitivista, más propio de un sometimiento a la justicia”.
En este punto es importante aclarar que, si bien los exfarianos señalan que le están cumpliendo a la jurisdicción, hay serias críticas frente a la información que todavía no entregan para desmantelar las rutas de narcotráfico, y acerca de los bienes que, según fuentes de inteligencia policial, no han reportado para la reparación a las víctimas.
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Según los exFarc, “no puede la Jurisdicción para la Paz apartarse de principios básicos del derecho, como son la legalidad, el juez natural, la imparcialidad, la debida motivación, la presunción de inocencia, el derecho de defensa, la contradicción, la favorabilidad penal y la doble instancia, entre otros”.
Estos postulados abren la discusión sobre qué significa para ellos “la presunción de inocencia” y “la favorabilidad penal”, pues las interpretaciones pueden ser múltiples. Para comenzar, todo proceso de justicia transicional parte de la base de que quienes se someten a ella aceptaron que fueron delincuentes y desean reparar el daño.
Para firmar el Acuerdo de Paz, todos los implicados reconocieron públicamente que eran guerrilleros, y esto implica que participaron en múltiples delitos, desde masacres hasta secuestros.
El propio presidente de la JEP, el magistrado Roberto Vidal, declaró que “el reconocimiento del 90% de los comparecientes sobre su responsabilidad en los hechos del conflicto abre un camino muy importante hacia la reconciliación”.
Frente a la favorabilidad penal, el hecho de que sean juzgados por la JEP, y no por la justicia ordinaria, les garantiza penas alternativas y muchos más bajas, dependiendo de los casos. En esa justicia ordinaria, por ejemplo, algunos de quienes hoy son congresistas de Comunes tenían condenas acumuladas que superaban los tres siglos en prisión.
En el fondo, la queja de las antiguas Farc deja ver que, presuntamente, no están dispuestos a reconocer todos los delitos que el tribunal les endilga. Ya en varias ocasiones han negado que hayan cometido violaciones sexuales de menores de edad y actos de esclavitud, rechazando varias denuncias de víctimas.
Los exguerrilleros se quejaron por “la apertura interminable de macro casos”. “Vemos con preocupación que se abre paso la idea de dictar resoluciones por cada macro caso, tal como lo señalara recientemente la sentencia TP-SA1580 de 2023, lo que vulnera de manera grave la seguridad jurídica de los comparecientes, especialmente, en lo referente al principio de legalidad, a la vez que puede generar demoras en el cumplimiento de la temporalidad con la que fue diseñada la jurisdicción para la paz”, redactaron.
Y añadieron que “otra de las decisiones de la JEP que mayor preocupación viene generando es la vinculación, cada vez mayor, de exintegrantes de las Farc-ep, en escala media y baja del mando, a indagaciones sobre hecho específicos del conflicto, lo cual es contrario a la idea de centrar el esfuerzo en los casos más representativos que constituyen patrones de conductas violatorias del DIH y los derechos humanos, lo que ha disparado las alarmas frente a la seguridad jurídica del conjunto de firmantes del acuerdo, provocando desconfianza en los mismos, lo que se traduce en la decisión de apartarse de los compromisos del acuerdo, tal como lo evidencian las cifras actuales de la Agencia para Reincorporación que indican un incremento de firmantes que están regresando a las armas”.
Sobre este punto, Juan Fernando Cristo, exministro del Interior, ha expresado en diferentes medios de comunicación que “las Farc se equivocan en esa carta en un tema fundamental, no pueden atribuirle a las decisiones de la JEP el aumento de la gente que ha vuelto a las armas en Colombia”.
De otro lado, la apertura de macro casos y la vinculación creciente de cabecillas a los procesos de la JEP, tiene que ver con la información cada vez más completa que está recopilando el tribunal. Y, especialmente, con la participación de las víctimas en las audiencias.
Los procesos de la JEP han demostrado que a las víctimas no solo les interesan “los casos representativos de patrones de conductas”, como tal vez esperaban las Farc.
A los dolientes les interesan hechos muy puntuales, como saber quién mató a su hijo en una vereda, o por qué desaparecieron a su padre, y para llegar a esa verdad, que muchas veces no tienen los altos mandos de la organización, se requiere llamar a audiencias a mandos medios y combatientes rasos.
El propio magistrado Vidal reiteró que “fue escuchando el clamor de las víctimas que llegamos a la investigación de los mandos medios. En el caso de secuestro, las víctimas demandaban información y verdad sobre la comisión de delitos, para las víctimas no era suficiente la verdad del Secretariado”.
Y añadió que “cuando escuchamos al Secretariado, era recurrente oír que ellos habían dado órdenes generales y que esa aplicación estaba a cargo de los mandos medios”.
Los exrebeldes precisaron que “a la fecha, bajo esta serie de errores e incumplimientos graves, de un total de 4.485 solicitudes de amnistía tramitadas por la JEP, tan solo 688 han sido concedidas y 3.804 han sido negadas. Este tipo de accionar de la Jurisdicción afecta y pone en riesgo el Acuerdo Final de Paz, así como el logro y éxito de procesos de paz en curso, pues es evidente la retroactividad con la que ha venido funcionando el sistema”.
Como es natural, los desmovilizados esperaban una amnistía total, pero el proceso se ha venido enredando en la JEP por múltiples factores, entre ellos, los delincuentes “colados”, que no pertenecieron a esa guerrilla, pero lo simularon para obtener los beneficios de la jurisdicción.
Además, no todas las solicitudes de amnistía son de guerrilleros, también hay paramilitares y exmiembros de la Fuerza Pública en la fila.
Para ampliar la visión de los exjefes de las Farc sobre este asunto, EL COLOMBIANO consultó al partido Comunes, pero al cierre de esta edición no había sido posible obtener una respuesta.
Para el exministro Cristo, “en la carta sí se plantean unos temas que vale la pena revisar, porque son de interpretación, como el de las amnistías y quiénes son los máximos responsables”.
Según sus cuentas, esos máximos responsables “serían 300 o 400 miembros de las Farc, si ampliamos la investigación a todos los integrantes, no le va a alcanzar el tiempo a la JEP para resolver todas esas conductas. Deben imperar los criterios de priorización de casos”.
Y concluyó que “es importante que se siente el Gobierno con la JEP para discutir sobre esas interpretaciones. Debemos tomar la carta como un llamado de alerta, no para complacer a las Farc, sino para garantizar que la JEP no colapse en los seis años que le quedan”.
El presidente de la JEP, Roberto Vidal, en rueda de prensa, detalló que “de ninguna manera esto constituye una amenaza para la Jurisdicción porque nuestra competencia judicial no está en discusión. Nuestra competencia deriva de la Constitución”.
