Desde ya varios congresistas están pidiendo que se investigue al presidente Gustavo Petro por las nuevas declaraciones de su hijo mayor, Nicolás Petro, sobre la presunta financiación irregular a la campaña de 2022.
Luego de que Nicolás Petro confesó ante la Fiscalía, en la audiencia de este jueves, que ingresaron dineros ilegales a la campaña de Gustavo Petro para la presidencia, varios congresistas de oposición pidieron de inmediato a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes una investigación urgente contra el ahora mandatario.
El primero fue el senador Jota Pe Hernández, quien lo denunció ante la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes: “Todas las pruebas que en este momento está entregando Nicolás Petro a la Fiscalía deben ser recopiladas por la comisión de investigación y acusaciones para abrir un juicio especial”, expresó en un video publicado en sus redes sociales.
Además, resaltó que “no lo está denunciando alguien de la oposición, sino su propio hijo”.
De avanzar la investigación, Gustavo Petro podría ser acusado por la Cámara de Representantes ante el Senado previa solicitud de la Comisión, tal cual lo establece la Constitución Política.
Así mismo, varios miembros del Centro Democrático cuestionaron la legitimidad de la elección del Presidente: “con estas declaraciones del hijo de Gustavo Petro ante la justicia, el Presidente debe renunciar a su dignidad. No es legítimo su ejercicio del poder”, trinó María Fernanda Cabal.
El representante Christian Garcés también apareció en un video dirigiéndose a la misma Comisión: “le solicito a la mesa directiva y a su presidente Wadith Manzur que arranque la investigación y el juicio político contra Gustavo Petro”.
En la Comisión de Acusaciones se tendrá que designar un representante que realice la investigación contra el mandatario. Luego, la Comisión votará a favor o en contra de acusar o no. Esa decisión se toma en una plenaria.
Posteriormente, tendrá que iniciarse un juicio político y allí se podría declarar “indigno” al mandatario y luego se podría suspender. Si se quiere determinar un delito, se envía el caso a la Corte Suprema y se debe adelantar un juicio.
En ese contexto, hay dos escenarios posibles. Por un lado, si se comprueba que el dinero es ilícito, entonces habría un delito de financiación de campañas electorales con fuentes prohibidas. Las sanciones serían de hasta 8 años para Gustavo Petro y para el que fue su gerente de campaña, Ricardo Roa, quien ahora funge como gerente de Ecopetrol.
Por otro lado, si los dineros ingresaron a la campaña y de paso violaron los topes permitidos, entonces existe otro delito de violación de límites de gastos en las campañas electorales. Eso conlleva una pena de hasta 8 años de cárcel para el gerente de campaña.
