Una de las barreras que el presidente Gustavo Petro se ha encontrado desde que llegó a la Presidencia es el diseño del Estado. Para bien o para mal, el servicio público en Colombia a veces parece un laberinto en el que hay oficinas que son poco conocidas para la ciudadanía pero que juegan un rol fundamental en las políticas públicas. Una de esas entidades es la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA), adscrita al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Son como los nerds de ese sector.
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Para un Gobierno como el de Petro, la UPRA es protagonista pues provee de insumos y herramientas al MinAgricultura en iniciativas como la reforma agraria y otros programas sobre el “uso eficiente del suelo” y la adecuación de tierras con fines agropecuarios, que abarca un amplio espectro. Sin embargo, al igual que en otras entidades, la llegada de este Gobierno ha supuesto algunos choques y cambios frente a los funcionarios de carrera o técnicos.
EL COLOMBIANO habló con exfuncionarios declarados insubsistentes que dicen fueron sacados injustamente de esa institución. Otros funcionarios denuncian acoso laboral y aseguran que hay un pequeño grupo de trabajadores que estarían “atornillados” en sus cargos a pesar de los cambios de gobiernos.
Este diario tiene en su poder audios, videos y documentos que reflejan que en la UPRA hay terreno fértil para las quejas, empezando por cuestionamientos al nombramiento de su directora.
¿Pago de favores?
La UPRA fue creada en el año 2011, pero diez años después empezó el proceso de concurso para nombrar funcionarios de carrera. Mientras tanto, las personas de planta estaban como provisionales. Una de esas funcionarias es Claudia Liliana Cortés, una administradora de empresas con amplia experiencia pública que antes de entrar a la UPRA en 2013, fue contratista de la Secretaría de Integración Social en la Alcaldía Petro.
En 2021, cuando empezó el concurso para los funcionarios de carrera, Cortés aspiraba a ser profesional grado 22, el más alto rango, pero a finales de 2022 los resultados de la Comisión Nacional del Servicio Civil arrojaron que ocupó el tercer puesto para esa vacante, por lo que debía salir de la entidad y quedaba en la lista de espera.
Sin embargo, a mediados de 2023, Cortés volvió a la UPRA en calidad de directora, nombrada por la exministra Jhenifer Mojica, pues es un cargo de libre nombramiento y remoción. Su proceso para ser funcionaria de carrera continuaba a la par, pero el conflicto de interés motivó a Cortés a pedirle al MinAgricultura que nombrara a una directora ad-hoc en ese caso.
Algunos funcionarios de la entidad, que prefieren no revelar su identidad por temor a perder sus trabajos, señalan que Cortés ha dilatado su nombramiento como profesional grado 22 en el que tendría que renunciar a la dirección para someterse al proceso de prueba de seis meses. La Ley permite en estos casos que la persona que vaya a ser nombrada pida una o varias prórrogas presentando motivos concretos como vivir en otra ciudad o país o relacionados con la salud.
Sin embargo, EL COLOMBIANO conoció una comunicación de Cortés en la que acepta ese nombramiento, pero solicita una prórroga de 90 días aduciendo que se encuentra “acompañando el programa de gobierno y las apuestas sectoriales de la señora ministra de agricultura (sic)”.
Aunque la norma no contempla ese tipo de razones tan específicas, le fue concedida la prórroga. Esa supuesta dilatación, dicen fuentes de la entidad, no se ve con otros casos en los que argumentan que los funcionarios deben asumir inmediatamente su cargo “por razones del servicio”.
Claudia Liliana Cortés es una funcionaria con experiencia en el sector agropecuaria y además tiene una amplia trayectoria pública y académica con resultados notables. Pero para varios de sus compañeros en la UPRA y el MinAgricultura con los que habló este diario, el hecho de ser esposa de Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda podría estar influyendo en este tipo de decisiones y en la “protección” que tendría en el alto gobierno, pues Bonilla y Cortés son cercanos al presidente Petro.
Coincidencialmente, este viernes 2 de agosto se conoció que la exministra de Agricultura, Jhenifer Mojica, quien salió de su cargo en el remezón más reciente hace algunas semanas, ahora será asesora del despacho del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, esposo de Cortés.
Su llegada coincide con la discusión de los recortes de presupuesto para 2025 en los que el sector agricultura saldría perjudicado. EL COLOMBIANO buscó a Mojica para conocer su versión pero al cierre de esta edición no hemos recibido respuesta.
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“#AbusosUPRA”
A través del numeral #AbusosUPRA se han movido en redes sociales algunas quejas de funcionarios de la entidad, identificados ideológicamente cercanos al Gobierno Petro, pero aseguran que esa entidad les quita sus derechos como trabajadores. “La UPRA quiere imponer un listado de votantes para elegir representantes de empleados en la Comisión de Personal (sic)”, dice en una de las denuncias. Pero esa es apenas la punta del iceberg. La UPRA tiene cerca de 50 funcionarios de carrera, pero más de 540 contratistas.
EL COLOMBIANO conoció varios testimonios de personas que aseguran que no se les respeta sus horarios laborales, tienen exceso de carga en sus funciones, se les impide conocer información a la que deberían tener acceso y que están siendo “perseguidos” en varias instancias al interior de la entidad.
Tal es el malestar, que el pasado mes de abril, según un documento en poder de este diario, una parte de esos funcionarios, a través de un sindicato, le envió a la directora Claudia Cortés un pliego de peticiones de 83 puntos en los que le exigen a la entidad cumplir con “mínimas condiciones laborales”, relacionadas con la salud mental y un espacio de trabajo propicio para cumplir con sus tareas, entre otros temas. Sin embargo, las mesas de negociación se levantaron y no llegaron a ningún acuerdo.
Como telón de fondo de la situación, a los empleados se les practicó una prueba psicosocial cuyos resultados no han sido expuestos por parte de la UPRA pues no habrían sido favorables. Varios funcionarios exigen conocer los resultados y le han pedido a la empresa que los hizo que al menos se los entreguen individualmente a quien los solicite. Pero este diario conoció que la UPRA argumentó que los resultados eran “confusos”, por lo que solicitaron que se les volvieran a presentar y que la publicarían supuestamente en los próximos días.
Otras de las denuncias que conoció e investigó EL COLOMBIANO tienen que ver con funcionarios que hicieron parte del concurso, pero fueron declarados insubsistentes, aseguran, de manera injusta.
Uno de ellos, Felipe Silva, demandó a la UPRA y al MinAgricultura porque presuntamente fue violado el debido proceso y se habría cometido prevaricato en su caso. Lo anterior soportado en una línea del tiempo con audios, videos y documentos, conocidos por este diario. Una de las razones que Silva presume pudo haber sido el motivo de su salida tiene que ver con razones ideológicas.
Otro de los funcionarios que vivió un proceso parecido, pero prefiere no revelar su identidad, asegura que hay una “cúpula” de funcionarios en la UPRA que han sobrevivido a varios gobiernos y ministros, pero que estarían manejando los hilos e incidiendo en varios casos, por ejemplo en los que tienen que ver con contratistas.
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¿Qué responde la UPRA?
EL COLOMBIANO conversó con Claudia Cortés, directora de la UPRA, para conocer su versión. Sobre su nombramiento aseguró que su carrera va mucho más allá de su relación con el ministro Bonilla, con quien está casada hace veinte años: “Tengo 22 años trabajando en el sector agropecuario y en cooperación internacional. ¿Qué tenemos que hacer los cónyuges de quienes ostentan altos cargos en el Estado si siempre nos hemos desempeñado en ese sector? Es como si quedaras vetada. (...) No tiene por qué pesar la relación con tu pareja sino tu hoja de vida”.
Además, asegura que no ha habido dilatación en su nombramiento como funcionaria de carrera y que finalmente será nombrada en septiembre de este año, por lo que tendrá que renunciar a la dirección.
Cortés señala que “no hay tal cúpula” de funcionarios atornillados y que en algunos casos “hay un conocimiento generado en el grupo de contratistas que uno no puede desconocer y que pierde la entidad si uno los deja ir”.
Frente a las quejas de exceso de carga laboral y condiciones mínimas de trabajo, la directora explica que “al ser una planta tan pequeña no alcanzan a cumplir todas las funciones que está demandando el Ministerio (...) efectivamente esa es una carga laboral fuerte, estamos intentando adelantar todos los procesos para poder formalizar más empleos de carrera”. La directora acepta que el espacio físico de la oficina no es el más adecuado y que están trabajando para mejorarlo.
Este diario habló con Juan Carlos López, secretario general de la UPRA, quien señala que “en el tiempo que llevo en el cargo, ningún ciudadano o funcionario ha adelantado algún recurso de insistencia o acción de tutela por negarle acceso a la información pública”.
Sobre las denuncias en redes sociales bajo el numeral #AbusosUPRA, López señala que “en varias instancias se han desmentido las afirmaciones y acusaciones del funcionario (...). Desconozco denuncias en mi contra por retaliaciones. Por el contrario, he sido víctima de hostigamientos, señalamientos deshonrosos y falsos testimonios, sin embargo, serán las autoridades judiciales quienes determinen tales hechos”.
EL COLOMBIANO también buscó a la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, pero su oficina de prensa aseguró que prefieren no pronunciarse porque “respetan la independencia administrativa” de la UPRA.
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